Especial sobre minería en Napo. La Amazonía, enfrenta una crisis marcada por la minería ilegal. En ese escenario se suma el proyecto de Ley Económico Urgente y la orden del Ministerio del Ambiente de suspender las actividades mineras. Aunque estas medidas se presentan como acciones de protección, expertos advierten que no se abordan las causas del problema: un modelo extractivo sin control y débil fiscalización estatal. La exasambleísta Sandra Rueda analiza los alcances reales de estas disposiciones. Tercera entrega
¿Cómo evalúa la decisión del Gobierno de suspender de forma indefinida la minería en Napo? ¿Es suficiente para enfrentar un problema estructural?
La resolución del Ministerio del Ambiente constituye, en primer lugar, un reconocimiento oficial de todo lo que durante años hemos denunciado desde los colectivos y organizaciones sociales. El artículo 2 de esta disposición reconoce expresamente la existencia de contaminación ambiental causada por minería ilegal en Napo, lo que confirma que no se trataba de percepciones ni exageraciones.
Desde su experiencia, ¿qué significa que el Ministerio del Ambiente reconozca oficialmente la contaminación en la provincia?
Sin embargo, la suspensión por sí sola no resuelve un problema estructural. Llega tarde, cuando el daño ambiental y social ya es profundo, y no garantiza que exista un proceso real de remediación, reparación y control sostenido en el tiempo.
Significa que el Estado finalmente admite su omisión. Durante años se permitió que las actividades mineras, legales e ilegales, avanzaran sin control, pese a las múltiples alertas, informes técnicos y acciones legales impulsadas por la sociedad civil.
Este reconocimiento valida el trabajo de las comunidades, colectivos y defensores que, con pruebas, caminatas y acciones judiciales, demostraron la magnitud del daño ambiental y la falta de control institucional.
¿Las concesiones mineras en Napo fueron realmente legales desde su origen?
Siempre sostuvimos que la legalidad de muchas concesiones era cuestionable. No solo por la forma en que se otorgaron, sino porque nunca cumplieron integralmente con los requisitos ambientales ni con los procesos de reparación y remediación que exige la ley. Por eso hablábamos de minería ilegal incluso dentro de concesiones supuestamente legales, ya que operaban al margen de la normativa ambiental vigente.
¿Cuántas concesiones mineras existen actualmente en Napo y desde cuándo se entregaron?
La información documentada señala que existen al menos 153 concesiones mineras, otorgadas principalmente a partir del año 2010, tras el mandato minero del gobierno de Rafael Correa. Este número no incluye las múltiples invasiones mineras ilegales, que superan ampliamente a las concesiones formales y que hoy representan la mayor parte de la actividad extractiva en la provincia.
¿Qué porcentaje de la actividad minera en Napo es ilegal?
Se estima que alrededor del 95 % de la actividad minera en la provincia es ilegal, incluyendo operaciones vinculadas a grupos de delincuencia organizada, minería artesanal sin permisos y ocupaciones irregulares de concesiones. Esto demuestra que el problema no es marginal, sino dominante dentro del modelo extractivo que se ha impuesto en Napo.
¿Cómo afecta esta suspensión a las comunidades que dependen económicamente de la minería?
Es innegable que la minería se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas familias, especialmente ante la ausencia de alternativas productivas reales. Esa necesidad ha sido utilizada para justificar la expansión de una actividad descontrolada.
La responsabilidad del Estado es ofrecer alternativas económicas sostenibles, como programas de remediación ambiental con mano de obra local, y no abandonar a las comunidades después de permitir durante años la devastación de sus territorios.
¿Qué papel jugó la Asamblea Nacional en este proceso, durante tu período como legisladora?
Desde la Asamblea se logró una resolución del Pleno que solicitaba declarar una emergencia ambiental focalizada en las provincias amazónicas más afectadas por la minería. Además, se impulsó la conformación del Grupo Parlamentario Amazónico para unificar criterios y exigir acciones concretas frente al avance de la minería ilegal y sus impactos sociales y ambientales.
¿Por qué consideras clave la declaratoria de una emergencia ambiental focalizada?
Porque permitiría una intervención más contundente del Estado, especialmente de Fuerzas Armadas y Policía, no solo frente a la minería ilegal, sino frente a los delitos conexos como tráfico de combustible, armas y lavado de activos. Sin esa declaratoria, las acciones de control seguirán siendo parciales y reactivas, sin un enfoque integral de seguridad y protección territorial.
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¿Cómo evalúas la coordinación entre el Ministerio del Ambiente, ARCOM, Fiscalía y otras entidades?
La coordinación ha sido históricamente deficiente. Las mismas instituciones que tenían la obligación legal de controlar la minería no lo hicieron cuando la normativa ya existía. La resolución reciente no cambia a los actores responsables, por lo que el desafío real es verificar si ahora sí cumplirán con sus competencias.
Desde tu análisis, ¿qué responsabilidad directa tiene el Ministerio del Ambiente en la crisis minera que atraviesa Napo?
El Ministerio del Ambiente tiene una responsabilidad directa y estructural. No solo por acción, al otorgar licencias y autorizaciones sin un control riguroso, sino sobre todo por omisión, al no fiscalizar, no sancionar y no exigir procesos reales de remediación ambiental.
Durante años, el Ministerio fue notificado de irregularidades, impactos en ríos y afectaciones a comunidades, y aun así permitió que las actividades continúen. La resolución actual reconoce el daño, pero también evidencia que el control ambiental falló durante demasiado tiempo.
¿Qué tan viable es hablar hoy de remediación ambiental en una provincia con un daño tan extendido como Napo?
La remediación es viable solo si existe voluntad política, presupuesto y un enfoque técnico serio. No se trata de acciones simbólicas o informes administrativos, sino de procesos largos que deben involucrar a las comunidades afectadas.
Además, la remediación no puede separarse de la reparación social. Hay comunidades que han perdido sus fuentes de agua, su seguridad alimentaria y su tranquilidad. Sin atender ese componente humano, cualquier proceso ambiental quedará incompleto.
¿Qué rol deberían cumplir las comunidades y organizaciones sociales en el control de la actividad minera a futuro?
Las comunidades deben ser actores centrales, no observadores pasivos. Han demostrado que son quienes primero detectan los impactos, documentan las irregularidades y alertan sobre la presencia de minería ilegal.
El Estado debería reconocer formalmente ese rol, garantizar su protección y establecer mecanismos de vigilancia comunitaria vinculantes, que obliguen a las autoridades a actuar cuando existan alertas fundamentadas desde el territorio.
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¿Qué impacto tiene la minería ilegal en la seguridad y la vida comunitaria?
El impacto es devastador. Se ha normalizado la presencia de grupos armados, la violencia, las amenazas y la pérdida del control territorial por parte de las comunidades. Hoy ya no solo se defiende la naturaleza, sino la vida humana, ante un escenario de degradación social extrema.
¿Qué lectura haces del proyecto de Ley urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea?
Preocupa profundamente que se proponga reemplazar la licencia ambiental por una simple autorización ambiental, lo que podría flexibilizar aún más los controles. Si con una normativa más estricta no se cumplió la ley, es legítimo temer que una norma más laxa facilite nuevas irregularidades.
¿Existe el riesgo de que la suspensión minera sea solo una medida temporal o política?
Ese riesgo es real. La suspensión coincide con el debate legislativo del proyecto de ley, lo que obliga a mantener una vigilancia ciudadana constante. La historia demuestra que muchas decisiones se anuncian como definitivas, pero luego se flexibilizan sin transparencia ni participación de las comunidades.
¿Qué debería priorizar el Estado para enfrentar esta crisis?
El Estado debe asumir su responsabilidad histórica: controlar, sancionar, reparar y ofrecer alternativas económicas reales. Sin justicia ambiental, sin remediación efectiva y sin protección de las comunidades, cualquier medida será insuficiente y tardía. (I)
