La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en Ecuador y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) emitieron pronunciamientos públicos para rechazar la violencia y los intentos de desalojo en la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata – Ila – Chukapi. Ambas organizaciones alertaron que estas agresiones vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Los incidentes reportados ocurrieron en una provincia de Napo, afectada por el recrudecimiento de las economías ilícitas. Las instituciones civiles señalaron que las disputas territoriales se intensificaron debido a la fuerte presión de sectores extractivos en la Amazonía.
La mañana del miércoles 10 de junio de 2026, un grupo de aproximadamente 200 personas ingresó con maquinaria pesada al territorio ancestral de Tzawata, situado a orillas del río Anzu. Los invasores civiles estarían presuntamente vinculados a la empresa de monocultivo Terraturismo.
La oposición y resistencia de los habitantes locales generó un severo enfrentamiento en la zona. La gresca colectiva culminó con un saldo de tres comuneros heridos y el incendio total de una vivienda comunitaria.
Las dirigencias indígenas responsabilizaron directamente a la mencionada empresa privada, a la Policía Nacional y al Gobierno Central por los perjuicios ocasionados. La organización Ecuarunari enfatizó que las agresiones físicas, psicológicas y materiales afectaron de forma directa a niños, adolescentes y adultos mayores de la localidad.
Ante la gravedad del conflicto, la REPAM difundió un manifiesto institucional de solidaridad con la población afectada. El organismo religioso exhortó a las autoridades competentes a proveer atención médica urgente e iniciar investigaciones imparciales con celeridad.
Este hecho violento coincidió con el despliegue de múltiples operativos de control ejecutados por el Ministerio del Interior en la provincia de Napo. Los reportes de inteligencia estatal identificaron un incremento de actividades delincuenciales asociadas a redes de minería ilegal.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) intensificaron el resguardo y patrullaje militar en los sectores de mayor conflictividad interna. Las incursiones militares en campamentos clandestinos permitieron decomisar armamento, municiones y explosivos utilizados por los grupos irregulares.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la presencia de la minería ilícita es más frecuente en los márgenes de los ríos Punino, Jatunyaku y Talag. Asimismo, los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena Tola concentraron los índices más altos de intervención forzosa de la fuerza pública.
El Ejército Ecuatoriano ejecutó la inhabilitación de maquinaria pesada, motores de succión y clasificadoras tipo Z en zonas protegidas. Estas acciones coordinadas provocaron afectaciones económicas superiores a los USD 347.000 a las mafias que operan en la Amazonía.
Por su parte, reportes técnicos del Ministerio del Ambiente y Energía detallaron la severa destrucción ecosistémica en la cuenca hidrográfica de Napo. Las inspecciones determinaron que el desvío de cauces de agua dulce alteró de manera drástica el flujo natural de los ríos.
La cartera de Estado advirtió que el uso indiscriminado de mercurio y combustibles provocó la pérdida irreversible de biodiversidad acuática y la contaminación de las fuentes de consumo. De igual forma, las actividades extractivas causaron la deforestación de bosques nativos donde gran cantidad de árboles fueron arrancados de raíz.
Debido a estas infracciones ecológicas, la Cartera de Ambiente dictó resoluciones de suspensión inmediata a diversas concesiones mineras de la región.
LEA ADEMÁS: El cementerio de hierro en Yutzupino derrota a la justicia ambiental en Napo
La entidad ambiental colocó sellos de clausura en los campamentos mineros para frenar el daño ambiental latente. Sin embargo, la medida no resulta suficiente, puesto que persisten las invasiones.
Los representantes de la comunidad de Tzawata explicaron que la Intendencia General de Policía de Napo dejó sin efecto una orden de desalojo legal previa. No obstante, los comuneros aseguraron que los promotores de la expulsión organizaron grupos de choque integrados por personas de la misma nacionalidad para propiciar la entrada forzosa.
Frente al incremento del peligro, los perjudicados solicitaron el resguardo inmediato y garantías de protección al Estado ecuatoriano. Con el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Defensoría del Pueblo, exigieron la anulación total de las concesiones inconsultas.
En esa línea, los líderes comunitarios elevaron un pedido formal al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La población originaria demandó el reconocimiento oficial de sus tierras y la entrega definitiva de las escrituras de posesión ancestral. (I)
