La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó la tarde de este lunes el informe para el primer debate de la denominada Ley Antimafias. La moción en el seno legislativo contó con el voto favorable de ocho asambleístas de la mesa parlamentaria.
El proyecto de norma fue impulsado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno. La propuesta legal pretende fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales del Estado frente a la delincuencia organizada.
La mesa legislativa concluyó en su documento técnico que el país requiere un marco jurídico adaptado a la complejidad de las organizaciones criminales. El texto aprobado por la comisión busca reducir la capacidad económica de las bandas y evitar que los bienes custodiados generen gastos al Estado.
En ese sentido, la norma abordó las distintas dimensiones del fenómeno criminal para debilitar sus recursos y medios logísticos. La iniciativa legislativa contempló una articulación entre las entidades estatales para garantizar una respuesta ordenada de la justicia.
La presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Alarcón, destacó la trascendencia de la aprobación del informe. «Este es un día importante para la seguridad nacional, puesto que el informe para primer debate de la ‘Ley Antimafias’ constituye un instrumento vital en la lucha contra el crimen organizado», afirmó Alarcón.
La legisladora también enfatizó el contexto político bajo el cual se tramita este proyecto de ley. «El crimen organizado no se instaló durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa y, sin embargo, él lo enfrenta con valentía y decisión», sostuvo la titular de la mesa legislativa.
El informe aprobado señaló que la iniciativa legal consta de 23 artículos en su estructura principal. Un total de 21 articulados reforman el Código Orgánico Integral Penal y dos introducen modificaciones a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
El cuerpo legal integró además una disposición general junto con tres disposiciones transitorias. Los ejes centrales abarcaban los recursos estratégicos, el control territorial, las garantías procesales, la integridad de la justicia y la gestión patrimonial.
La urgencia del debate parlamentario coincidió con los elevados registros de violencia que afectaron al territorio nacional. El país alcanzó la tasa de homicidios más alta de su historia debido a la pugna entre bandas ligadas al narcotráfico.
Las estadísticas evidenciaron que la provincia de Los Ríos lideró la lista delictiva con 130,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa cifra superó la tasa registrada en la provincia del Guayas durante el mismo periodo.
El perfil de las víctimas correspondió mayoritariamente a hombres jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Los informes determinaron que los ataques se ejecutaron principalmente con armas de fuego en la vía pública.
Las investigaciones oficiales identificaron a Los Choneros y Los Lobos como las agrupaciones delictivas dominantes en el país. Ambos grupos mantuvieron el control de las operaciones en las calles y dentro del sistema penitenciario.
El informe de la comisión parlamentaria recomendó revisar permanentemente las estadísticas del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Dicha plataforma oficial permitió monitorear los datos actualizados sobre el comportamiento de la delincuencia.
La mesa legislativa dejó listo el documento para que el pleno del Parlamento inicie la discusión oficial. El proyecto pasará a conocimiento de la totalidad de los legisladores en el primer debate correspondiente.
Con esta resolución, el Legislativo avanzó en la creación de herramientas para frenar la capacidad operativa de las mafias. La norma entrará en su siguiente fase de trámite dentro del calendario parlamentario. (I)
Fuente: Asamblea Nacional
