La Mesa de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional arrancó este martes 25 de agosto el análisis formal de una propuesta legislativa enfocada en la estabilización de zonas azotadas por mafias. El expediente parlamentario respondió a una iniciativa presentada de manera formal por la titular del Poder Legislativo, Mishel Mancheno. La titular del cuerpo colegiado acudió ante los comisionados para sustentar los alcances técnicos de la normativa impulsada.
El instrumento legal buscó reglamentar el destino final de las propiedades confiscadas a los grupos de delincuencia organizada. La norma fijó una ruta clara para cuando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concluyan sus intervenciones operativas.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, destacó la urgencia de normar la custodia institucional inmediata sobre los activos incautados. «Esta normativa regula la actuación posterior del Estado, una vez cumplidos los procesos para determinar que los bienes incautados a los GDO pasen a custodia de las entidades públicas», afirmó la titular del Legislativo.
El debate parlamentario priorizó la asignación urgente de recursos e infraestructura en favor de las poblaciones con mayores índices delictivos. La comisión legislativa receptó la explicación sobre cómo se jerarquizará la ayuda estatal en los sectores críticos.
La propuesta normativa integró mecanismos concretos para la reconstrucción del entramado productivo en los poblados golpeados por el hampa. Diversas disposiciones buscaron salvaguardar a los pequeños comerciantes frente a las extorsiones y embates de las mafias. El articulado estableció un protocolo de reparación económica y social dirigido exclusivamente a las víctimas de los grupos criminales. Las medidas contemplaron asistencia directa para las familias damnificadas por la violencia armada.
La iniciativa legal determinó que los inmuebles y vehículos decomisados se destinen a proyectos de utilidad comunitaria. El patrimonio retirado al crimen organizado pasó a respaldar centros de atención social e infraestructura pública.
Los legisladores analizaron las herramientas destinadas a fortalecer la economía legal en las regiones vulnerables. La normativa buscó blindar el capital de los emprendedores locales mediante garantías institucionales.
El marco jurídico planteó una estrategia integral para frenar el avance de las finanzas ilícitas en los mercados zonales. Las autoridades parlamentarias revisaron las cláusulas de incentivos para la reactivación comercial. El documento entregado a la mesa legislativa detalló los procedimientos administrativos para transferir los bienes retenidos. Dichos trámites quedaron sujetos al cumplimiento previo de sentencias judiciales y actos administrativos correspondientes.
Durante la sesión ordinaria, los integrantes de la Mesa de Justicia expresaron su respaldo unánime al contenido del proyecto. Los asambleístas remarcaron que el texto legal complementa de forma directa las incursiones de la fuerza pública. Los miembros de la comisión subrayaron que la normativa permitirá cerrar el ciclo de combate a las estructuras delictivas. Los parlamentarios enfatizaron la necesidad de acelerar la emisión del informe para la discusión.
La presidenta de la mesa legislativa resaltó el valor de dotar al Ejecutivo de herramientas legales efectivas. La comisión acordó avanzar en la recopilación de insumos para enriquecer el texto normativo.
El trámite legislativo continuará en las próximas semanas con la recepción de aportes de distintos sectores sociales. Los comisionados sistematizarán las observaciones presentadas por gremios de comerciantes y emprendedores. La Asamblea Nacional previó sustanciar el expediente en el pleno una vez concluida la fase de observaciones en la comisión. Con este paso, el Parlamento buscó consolidar una respuesta integral frente al flagelo de las economías criminales. (I)
Fuente Asamblea Nacional
