La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, considera que la supresión de las dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado no requiere, desde su postura, un proceso de fiscalización. En su lugar, planteó solicitar información al Consejo de la Judicatura para conocer el alcance y las consecuencias de la decisión.
Mancheno dio esas declaraciones durante un conversatorio que mantuvo con representantes de medios de comunicación en la Asamblea Nacional. La cita sirvió para exponer la agenda parlamentaria y responder inquietudes de los periodistas sobre distintos temas de coyuntura.
La titular del Legislativo sostuvo que la resolución correspondió a una decisión de otra función del Estado. Por esa razón, evitó emitir un criterio sobre las razones que llevaron a la Judicatura a modificar el esquema de jueces anticorrupción.
“Sí considero que puede ser una solicitud de información. Es información que también nos ayuda a tomar una decisión más que una fiscalización”, manifestó Mancheno. La legisladora señaló que esos datos resultaron necesarios para conocer los efectos de la medida.
La titular del Legislativo explicó que la Asamblea requirió información para determinar cómo la decisión judicial incide en normas aprobadas previamente. Añadió que también resulta necesario conocer las acciones administrativas que se derivaron de la resolución.
Mancheno indicó que se revisaron las normas que hicieron referencia expresa a jueces anticorrupción. Explicó que, de resultar necesario, esas disposiciones pasaron a mencionar de manera general a los jueces que asumieron esas competencias.
“Me comprometo a no cruzarme de brazos. A mí me interesa que los proyectos de ley cambien las cosas”. La presidenta sostuvo que la Asamblea impulsó reformas cuando las decisiones externas incidieron en el funcionamiento de una ley.
La titular del Parlamento reconoció que las dependencias especializadas tuvieron su origen en reformas legales aprobadas por la Asamblea. A la vez, indicó que esperó un pronunciamiento de la Judicatura sobre la hoja de ruta que aplicó después de la reestructuración.
Mancheno también rechazó que el cambio implicara necesariamente que los demás jueces dejaran de combatir la corrupción. Señaló que la ciudadanía tiene que mantenerse vigilante para exigir que los magistrados resuelvan los procesos con probidad y apego a la ley.
Mercedes Caicedo no acudió a la Comisión
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el 7 de septiembre de 2026 la Resolución 187-2026. El organismo dispuso la supresión de las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La resolución trasladó esas competencias a otras sumisiones judiciales penales. La modificación incluyó judicaturas de Iñaquito, La Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha.
La Judicatura presentó la decisión como parte de una reestructuración del modelo de juzgamiento especializado. El organismo señaló que utilizó informes técnicos, jurídicos y de planificación dentro de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial.
Entre los argumentos expuestos, la institución mencionó un desequilibrio en la distribución de la carga procesal. Datos del SATJE citados por la Judicatura registraron 234 expedientes en doce meses para nueve magistrados del Tribunal Anticorrupción.
Posteriormente, el Consejo afirmó que la medida no eliminó la capacidad para conocer delitos de corrupción y crimen organizado. La entidad aseguró que el nuevo esquema amplió de 19 a más de 50 el número de jueces penales habilitados para atender esas causas.
Esta redistribución generó cuestionamientos desde el Legislativo. Por ello, la Comisión de Garantías Constitucionales convocó para este jueves a Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura. La mesa legislativa la llamó para que explicara las razones y alcances de la supresión de las dependencias especializadas.
Sin embargo, Caicedo no asistió a la sesión y remitió un oficio de excusa pocos minutos antes de que comenzara la reunión.
En el documento, la presidenta de la Judicatura argumentó que recibió la convocatoria con poco tiempo de anticipación. También indicó que mantuvo una reunión coordinada previamente para el mismo día y horario.
La comparecencia surgió después de los pedidos formulados desde la bancada de la Revolución Ciudadana. La Comisión abrió el tratamiento de la Resolución 187-2026 y buscó conocer directamente los fundamentos utilizados por el Consejo de la Judicatura.
La legisladora Viviana Veloz cuestionó la ausencia de Caicedo durante la sesión. La asambleísta sostuvo que la titular del Consejo de la Judicatura tuvo que rendir cuentas ante el Legislativo sobre una decisión que modificó la estructura de la justicia especializada.
“Hasta el día de hoy, Caicedo no le rinde cuentas al país”, afirmó Veloz después de conocerse la excusa. La legisladora anunció que insistió en una nueva comparecencia de la presidenta de la Judicatura.
La Comisión de Garantías Constitucionales impulsó el análisis de la resolución como parte de sus acciones de control político. Mancheno, en cambio, sostuvo durante el conversatorio que desde su posición resultó más pertinente solicitar información antes que plantear una fiscalización.
La presidenta de la Asamblea también reparó en que las dependencias especializadas surgieron de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial aprobadas en 2020. Frente al cambio dispuesto mediante resolución, señaló que el Parlamento revisó las disposiciones legales que hicieron referencia directa a esos jueces.
Mancheno aseguró que la Asamblea actuó sobre las normas que resultaron afectadas por el nuevo modelo. Indicó que el objetivo fue mantener la aplicación de las leyes y evitar que los cambios institucionales detuvieran los proyectos legislativos.
La ausencia de Caicedo dejó pendiente una explicación directa ante la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los fundamentos de la resolución. La Judicatura mantuvo, por su parte, que la reestructuración amplió la cantidad de jueces habilitados para conocer causas de corrupción y crimen organizado.
La controversia avanzó así por dos vías dentro del Legislativo. Mientras la Comisión mantuvo el tratamiento de la resolución y buscó explicaciones de la Judicatura, Mancheno sostuvo que la Presidencia de la Asamblea priorizó el acceso a información y los ajustes legales que resultaron necesarios. (I)
