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El arbitraje internacional es un termómetro de confianza para la inversión y las cuentas públicas en Ecuador

Autoridades de la Procuraduría y abogados externos en una audiencia arbitral en La Haya en febrero de 2025. (Foto: Archivo)

La competencia global por atraer capitales ha dejado de centrarse exclusivamente en el rendimiento financiero de los proyectos para trasladarse al terreno de la previsibilidad jurídica. En un entorno económico donde los flujos de capital evalúan cada vez con mayor rigor el riesgo regulatorio, la existencia de reglas estables y mecanismos eficientes para dirimir disputas se ha consolidado como un requisito indispensable antes de comprometer recursos.

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), América Latina y el Caribe captaron USD 188.000 millones en inversión extranjera directa durante 2025, lo que representó un incremento interanual del 14 %. No obstante, el mismo organismo advirtió que los anuncios de nuevos proyectos en la región sufrieron una contracción cercana a un tercio, una señal de cautela frente a la incertidumbre institucional.

Para una economía dolarizada como la ecuatoriana, esta brecha entre los flujos existentes y las nuevas iniciativas plantea un desafío estructural: cómo convertir el potencial de sus sectores estratégicos en inversiones sostenibles de largo plazo. La respuesta, coinciden analistas y operadores del sector, pasa por ofrecer garantías de que cualquier desacuerdo técnico o contractual se resolverá bajo estándares objetivos y sin interferencias políticas.

En industrias intensivas en capital, como la generación eléctrica, los hidrocarburos y la obra pública, los contratos suelen extenderse por décadas y enfrentar variables imprevistas. En estos escenarios, las cláusulas de solución de controversias operan como un seguro operativo que permite a las partes gestionar diferencias sin paralizar la ejecución de infraestructura crítica.

«La confianza de un inversionista inicia desde el momento en que decide comprometer su capital; contar con reglas claras y mecanismos adecuados para resolver diferencias permite gestionar riesgos con mayor previsibilidad y construir relaciones de largo plazo», explica Hugo García Larriva, abogado especialista en arbitraje internacional y socio de la firma Corral Rosales, quien fue distinguido como Lawyer of the Year – Arbitration 2026 en los The Latin American Lawyer Energy & Infrastructure Awards.

La relevancia de estos mecanismos en la práctica local quedó demostrada en uno de los litigios de infraestructura más complejos que ha enfrentado el país en los últimos años: el arbitraje administrado ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la constructora Sinohydro Corporation, en torno al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

En dicho proceso, la estatal eléctrica planteó una reclamación cercana a los USD 580 millones por presuntos defectos constructivos y divergencias contractuales, a lo que la firma asiática respondió con una reconvención. El expediente exigió articular complejas discusiones de ingeniería con normativas de derecho público y contratación estatal ecuatoriana.

Lejos de prolongar el conflicto hasta un laudo incierto que mantuviera en vilo el activo energético más grande del país, las partes optaron por una salida negociada dentro del marco del procedimiento arbitral. Tras varios meses de tratativas técnicas y jurídicas, alcanzaron un acuerdo transaccional que cerró años de disputa y abrió la puerta para avanzar hacia la recepción definitiva de la central, asegurando su continuidad operativa.

El desenlace de Coca Codo Sinclair ilustra cómo el arbitraje no funciona únicamente como un tribunal de última instancia para dictar condenas, sino como un espacio estructurado que incentiva soluciones técnicas cuando los costos de mantener un litigio abierto superan los beneficios de un arreglo.

Más allá de los acuerdos entre empresas públicas y contratistas, el arbitraje internacional ocupa un lugar central en la gestión de riesgos fiscales del Estado ecuatoriano, cuya defensa recae en la Procuraduría General del Estado (PGE). Las estadísticas de esta entidad reflejan tanto la magnitud de las contingencias enfrentadas como el impacto financiero de las estrategias de defensa.

De acuerdo con reportes oficiales de la Procuraduría, hasta el cierre de 2024 la institución mantenía 85 causas internacionales activas, entre las que figuraban siete arbitrajes de inversión en curso y 44 notificaciones de controversia en etapa prearbitral. En enero de 2026, el procurador general, Juan Carlos Larrea, informó que la gestión técnica en procesos arbitrales permitió al Estado un ahorro acumulado de USD 4.091 millones frente a las pretensiones iniciales de los demandantes.

Un ejemplo reciente de esa reducción de cuantías ocurrió en el histórico litigio interpuesto por la petrolera Chevron. Mientras la compañía reclamaba una indemnización superior a los USD 3.350 millones, el tribunal arbitral fijó en noviembre de 2025 un monto base de USD 220 millones —que tras ajustes de febrero de 2026 y acumulación de intereses se ubicó en torno a los USD 224,3 millones mientras Ecuador mantiene un recurso de nulidad en Países Bajos—, evitando un golpe fiscal diez veces mayor al inicialmente demandado.

Asimismo, la dinámica arbitral ha mostrado resultados favorables para las empresas públicas ecuatorianas en disputas comerciales y de servicios. En junio de 2026, un tribunal del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito archivó una demanda presentada por Austral Technical Management contra CELEC EP por el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, dejando sin efecto las medidas que impedían ejecutar garantías por cerca de USD 23 millones.

En el ámbito de los hidrocarburos, la justicia federal de Estados Unidos ratificó en julio de 2026 que la demanda por USD 650 millones impulsada por la estatal Flopec contra empresarios vinculados al grupo Amazonas debía tramitarse mediante arbitraje en Nueva York, reconociendo la plena validez de las cláusulas pactadas en los contratos de transporte marítimo.

Sin embargo, el historial del país también evidencia el alto costo de las deficiencias en la estructuración contractual y en la toma de decisiones administrativas. El laudo de Occidental Petroleum, que tras apelación obligó al desembolso de USD 1.061 millones, o las nuevas demandas registradas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2026 —como la interpuesta por inversionistas del sector de casinos por más de USD 300 millones—, confirman que la exposición fiscal sigue latente.

El marco jurídico ecuatoriano en esta materia ha atravesado profundas oscilaciones durante las últimas dos décadas. Tras la salida del CIADI en 2009 y la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) en 2017 bajo la interpretación del artículo 422 de la Constitución, el debate sobre los límites del arbitraje internacional permaneció abierto tanto en el ámbito político como en el judicial.

Aunque en el referéndum de abril de 2024 el 64,88 % del electorado rechazó una reforma constitucional para habilitar de forma amplia el arbitraje internacional de inversiones, el escenario jurídico dio un giro técnico en marzo de 2026. Mediante el Dictamen 19-25-TI/26, la Corte Constitucional precisó que la prohibición del artículo 422 aplica a controversias estrictamente contractuales o comerciales, pero permite pactar arbitraje internacional en tratados cuando se trate de obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Esta redefinición jurisprudencial abrió nuevamente la puerta para que acuerdos comerciales y de protección de inversiones, como los negociados con Emiratos Árabes Unidos o el Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá en julio de 2026, incorporen estándares modernos de resolución de disputas.

Paralelamente, la cultura de los métodos alternativos de solución de conflictos ha ganado terreno en el plano interno, respaldada por el sistema de centros autorizados por el Consejo de la Judicatura. Las cifras oficiales demuestran que la descongestión judicial a través de vías extrajudiciales dejó de ser una alternativa marginal para convertirse en una práctica habitual del sector productivo.

Según reportes del Consejo de la Judicatura, solo entre enero y febrero de 2026 ingresaron 9.523 causas a los centros de mediación a escala nacional, alcanzando acuerdos en el 97,10 % de los casos atendidos. A su vez, espacios especializados como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito cerraron el ejercicio 2025 con 216 demandas arbitrales —superando el monto en disputa del año previo— y 814 mediaciones con más del 90 % de efectividad.

Especialistas en derecho corporativo coinciden en que este ecosistema nacional actúa como una antesala formativa para el arbitraje internacional: acostumbra a las empresas locales y a las entidades públicas a documentar sus acuerdos con mayor rigor y a someterse al escrutinio de árbitros independientes.

No obstante, el arbitraje no sustituye una buena gestión administrativa ni corrige contratos mal diseñados desde su origen. La experiencia acumulada en litigios de gran escala demuestra que la verdadera prevención de controversias comienza en la fase precontractual, con estudios técnicos sólidos, matrices de riesgo equilibradas y una definición precisa de las obligaciones de cada parte.

Cuando los contratos carecen de claridad o las entidades públicas alteran unilateralmente las condiciones pactadas sin sustento técnico, el arbitraje termina operando como un mecanismo de contención de daños más que como una herramienta de desarrollo.

Por el contrario, cuando existe coherencia entre el diseño contractual, la ejecución financiera y la defensa jurídica especializada, los procesos arbitrales permiten blindar proyectos estratégicos frente a los vaivenes políticos y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Para los inversionistas extranjeros, la señal más relevante no radica únicamente en la suscripción de tratados, sino en la consistencia con la que las instituciones ecuatorianas respetan los compromisos válidamente asumidos y acatan las decisiones de los tribunales competentes.

En un mercado regional donde la captación de nuevos proyectos enfrenta una desaceleración documentada por organismos multilaterales, Ecuador tiene el reto de consolidar un entorno de seguridad jurídica integral, donde el arbitraje sea un engranaje confiable dentro de un sistema institucional previsible.

La competitividad del país se medirá, en última instancia, por su capacidad para ofrecer certidumbre a lo largo de todo el ciclo de vida de una inversión: desde la firma del primer contrato hasta la resolución técnica y transparente de cualquier diferencia que surja en el camino.

Así, lejos de ser una simple formalidad legal al final de un pliego de condiciones, el arbitraje internacional se consolida como un indicador directo de madurez institucional y de compromiso con el desarrollo económico sostenible del Ecuador. (I)

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