
Un proceso judicial que involucra a un estudio jurídico relacionado familiarmente con la vicepresidenta de la República pone en alerta a los extrabajadores de la empresa, quienes temen que sus acreencias queden relegadas.
Quito, 17 de noviembre de 2026.- El embargo de un terreno de más de 30.600 metros cuadrados, perteneciente a Tejidos Pintex S.A. en liquidación, ha generado cuestionamientos por los posibles conflictos de intereses que rodearían el proceso judicial. La controversia involucra a LEXWORKS S.A.S., un estudio jurídico cuyos directivos mantienen vínculos familiares con Juan Fernando Mera, esposo de la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
El proceso de ejecución Nro. 17230-2024-15428, iniciado por LEXWORKS S.A.S. contra Tejidos Pintex, derivó en una orden judicial de embargo sobre un predio ubicado en Cotocollao, al norte de Quito, con una superficie de 30.663,34 metros cuadrados.
La medida genera preocupación debido a que Tejidos Pintex se encuentra en disolución forzosa desde enero de 2025 y mantiene obligaciones pendientes con cientos de extrabajadores, cuyos créditos laborales tienen carácter privilegiado de primera clase.
VÍNCULOS FAMILIARES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la estructura directiva de LEXWORKS S.A.S. Su representante legal y gerente es Santiago Daniel Mera Saá, hermano de Juan Fernando Mera Saá. Ambos constan como directores de la firma junto a su padre, Fernando Mera Espinosa, según la información publicada en el sitio web del propio estudio jurídico.
Sin embargo, la preocupación no se limita a los vínculos familiares. Según la información expuesta por los afectados, existirían actuaciones jurídicas cruzadas entre personas relacionadas con el estudio y los distintos actores del proceso.
Por una parte, LEXWORKS S.A.S. comparece como acreedora y ejecutante en el proceso de embargo contra Tejidos Pintex. Por otra, profesionales vinculados a ese mismo entorno jurídico habrían intervenido en la defensa de la empresa en liquidación, de su liquidadora, Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, e incluso habrían patrocinado anteriormente a extrabajadores de la compañía.
A esto se suma que Juan Fernando Mera figura como representante de REDRUF S.A., empresa que consta como accionista de Tejidos Pintex.
Estas relaciones plantean interrogantes sobre la independencia de las actuaciones jurídicas y la posible existencia de intereses contrapuestos en un proceso que involucra bienes de una compañía con obligaciones laborales pendientes.
UNA INVESTIGACIÓN PENAL EN CURSO
Los cuestionamientos también han llegado al ámbito penal. De acuerdo a los afectados, los hechos relacionados con este caso son materia de una investigación previa de la Fiscalía, identificada con el número 170101826080689, por el presunto delito de asociación ilícita.
Adicionalmente, los denunciantes sostienen que las actuaciones señaladas podrían ameritar el análisis de posibles delitos como prevaricato, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y fraude procesal. Estas figuras deberán ser examinadas por las autoridades competentes, sin que su sola mención implique que se encuentren acreditadas.
EXTRABAJADORES PIDEN LA INTERVENCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

El principal temor de los extrabajadores es que el embargo y la ejecución de las obligaciones reclamadas por LEXWORKS S.A.S. terminen afectando la posibilidad de recuperar los valores que la empresa les adeuda.
Por ello, los afectados solicitan la intervención de los organismos de control y de las autoridades judiciales para que se revisen las circunstancias en las que se desarrolla el proceso, se esclarezcan los posibles conflictos de intereses y se garantice el respeto de los derechos de los trabajadores.
El caso plantea la transparencia de las actuaciones judiciales y la protección de los derechos de cientos de familias que esperan una respuesta frente a las obligaciones laborales pendientes de Tejidos Pintex.


