La Contraloría General del Estado decidió archivar el proceso de investigación del presidente Guillermo Lasso, en torno a la indagación que se inició por presunta vinculación con paraísos fiscales, en el caso denominado «Pandora Papers».
En el Oficio1164-DNA1-2021, emitido el 3 de diciembre, el contralor Carlos Riofrío, señaló que la decisión se toma por “no encontrar elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura del Presidente, y de posesión de dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales”.
La Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular ser propietarios, directos o indirectos, de bienes o capitales en paraísos fiscales.
En ese contexto, la Contraloría inició en octubre último el examen especial en el caso.
El 11 de noviembre pasado, Lasso entregó a la Contraloría documentación sobre sus bienes patrimoniales y que probaría que no incumplió la legislación que le impide tener propiedades o activos en paraísos fiscales cuando inscribió su candidatura presidencial en septiembre de 2020.
Entre los certificados debidamente traducidos, el mandatario presentó documentos sobre la disolución de varias empresas: Bernini Foundation, Barberini Foundation, Bretten Holding, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas S.A., Brothers Investment Ltd., Positano Trade LLC y Tintoretto Internacional Foundation.
En este trámite, el Primer Mandatario entregó documentos con el que negó cualquier relación con el Banco Banisi y los fideicomisos Bretten Trust y Liberty Trust, entidades que fueron mencionadas en una Comisión parlamentaria que analizó la información publicada en los Papeles de Pandora, que apunta a que Lasso mantiene algún tipo de vinculación personal o familiar con esas empresas.
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Este informe no quedará aislado ya que el pleno de la Asamblea Nacional continuará este martes con el debate del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso «Pandora Papers».
El documento concluyó que este caso constituye “grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular”.
Sin embargo, la Secretaría General de Comunicación difundió un comunicado advirtiendo que «la Contraloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario cumplió o no con no tener bienes en paraísos fiscales», con lo que se deslegitima cualquier pronunciamiento del Legislativo. (I)
