Algunos países de Latinoamérica han avanzado en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de la búsqueda por implementar una autonomía en la toma de decisiones.
Un claro ejemplo en Latinoamérica es Colombia, donde hace pocas semanas se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Argentina, por su parte, también es vista como un referente en el tema y Ecuador, reconocido por despenalizar el aborto en algunos casos de violación.
Esta noticia en Ecuador, si bien puede considerarse un avance, abre un debate, ya que las mujeres advierten que queda bastante camino por recorrer para continuar rompiendo estigmas respecto al tema, como ha quedado patente en el conversatorio celebrado por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) titulado «Ecuador: La despenalización del aborto por violación. Avances y límites», dentro del ciclo de conferencias que la Universidad Internacional de Valencia (VIU) celebra con motivo de las Jornadas 8M-2022 y que aborda las desigualdades y violencias contra las mujeres en América.
Durante un conversatorio realizado el pasado 1 de marzo por la Universidad Internacional de Valencia (VIU), se abordaron temas como la desigualdad y la violencia de género. María José Machado Arévalo, abogada e integrante de la Comisión Nacional de Mujeres de Ecuador, quien además es máster en Derecho Constitucional, habló sobre la violencia contra la mujer y el panorama en su país.
Sobre la decisión de la despenalización en Ecuador, Machado destacó que el aborto libre para el país sigue siendo un desafío, ya que considera que tiene entre 70 y 80 años de retraso en materia de estos derechos, en relación con otros países. “En 2021 se despenalizó el aborto por violación y en 2022 la Asamblea Nacional aprobó la Ley, pero detrás hay un contexto complejo, preocupante y que necesita más medidas interinstitucionales”, indicó.
“En las leyes hay sesgos de género, por lo general, por un carácter profundamente machista, androcéntrico y sensible al género, donde existe un doble parámetro y campean los estereotipos; entonces viene de una idea que concibe a las mujeres como meras procreadoras, seres sin autonomía y sin posibilidad de decisión sobre sus cuerpos”, agregó la experta.
En los últimos años se evidenció que la violencia sexual durante la pandemia se agudizó, dejando como resultado que entre el 11% y 20% de embarazos de niñas y adolescentes, fueran resultado de violencia sexual, según la Organización Panamericana de la Salud.
Machado, agregó que -en general- en el hemisferio hay un aumento en las cifras de embarazo infantil y adolescente, cuyo dato es de 10 millones de embarazos al año.
De igual manera, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 80% de las violaciones de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe, se concentran en víctimas entre los 10 y 14 años. De ese grupo, el 90% se relacionan a un contexto de violación reiterada.
“En Ecuador se reciben 11 denuncias diarias por violación, siendo las niñas menores de 14 años las principales víctimas y donde los principales perpetradores son personas de su entorno familiar cercano, en el 95% de los casos. Lo peor, es que ni siquiera se denuncian esos casos”, aseveró la experta en el foro de VIU.
En el 2019, casi la mitad de las niñas entre 15 y 17 de años, experimentaron alguna forma de violencia, según los datos de la última encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia contra las mujeres. Asimismo, se estima que diariamente siete niñas menores de 14 años dan a luz, lo que se consideró un dato “aterrador”, ya que en la gran mayoría de casos son embarazos forzados.
Más barreras
En el conversatorio de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), la abogada también explicó que desde el 2009 en Ecuador se inició una criminalización hacia el aborto y las mujeres, lo que ha dado como resultado, según algunos estudios, que la gran mayoría de mujeres procesadas sean afrodescendientes e indígenas, en el 40% de los casos. Pero en el 100% de los mismos, son de bajos recursos y -en otro destacable número de casos- sean jóvenes, considerando lo más preocupante de la situación (70%), el hecho de que estas sean procesadas por abortos espontáneos, es decir, ni siquiera son considerados como abortos provocados.
Machado, también indicó que la violencia sexual y los embarazos forzados son problemas alarmantes, sumado a los marcos jurídicos restrictivos y la atención deficiente, catalogando a Ecuador, como el país con la tasa más alta de embarazos adolescentes en la región Andina, según indicadores de la CEPAL.
De igual manera, se estima que el 15.6% de las muertes maternas son causadas por abortos en condiciones de riesgo, según el comité de la CEDAW, por lo que avanzar en su despenalización en diferentes situaciones es relevante y urgente.
“En definitiva, la despenalización en casos de violación a mujeres, es una apuesta por los abortos seguros, gratuitos, asistidos y con personal calificado, de manera que promueva la salud y el cuidado de las mujeres”, concluyó la experta. (I)
