La Asamblea Nacional del Ecuador inició el análisis de dos proyectos de ley enviados por el presidente Daniel Noboa en calidad de económico urgente: la Ley de Alivio Financiero y la Ley de Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos. El informe para el primer debate será presentado este miércoles, 27 de noviembre, según anunció la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz.
Veloz expresó preocupación sobre el impacto que la normativa podría tener en la economía ecuatoriana. Señaló que el impuesto propuesto para la compra-venta de vehículos usados afectará al sector comercial y a las familias trabajadoras, afirmando que esta medida podría incentivar la evasión tributaria.
Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada de la Revolución Ciudadana anticiparon que votarán en contra de cualquier nuevo impuesto que perjudique la economía de los ecuatorianos. «Nos ratificamos en rechazar cualquier tipo de impuesto que afecte la economía de las familias», señaló el PSC en un comunicado.
El proyecto de Ley para el Combate del Lavado de Activos propone una tabla progresiva para el impuesto en la comercialización de vehículos usados. Según el Ejecutivo, el 73% de la población experimentaría una reducción del tributo al 0,75%, mientras que solo el 2% de las transacciones verían un incremento, aplicable a montos superiores a USD 50,000.
Sin embargo, Viviana Veloz insistió en que la Asamblea no permitirá cargas adicionales para los sectores más vulnerables. «Esta Asamblea no va a aceptar que se sigan cargando impuestos a la gente que menos tiene», afirmó.
La Ley de Alivio Financiero también ha generado debate. Aunque en su informe preliminar se eliminó el cobro del Impuesto a la Renta para universidades privadas, otros aspectos del proyecto, como las condonaciones de deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la ampliación de plazos para pagos moratorios, siguen siendo discutidos.
Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, en diálogo con KCH FM Radio y KCH TV, destacó que ambas leyes buscan fortalecer la institucionalidad del sistema financiero y proporcionar alivio económico a las familias ecuatorianas. Farinango mencionó que se incluyen reformas a normativas clave, como la Ley Fintech y la Ley de Deportes, para adecuarse a estándares internacionales.
Entre las medidas contempladas en los proyectos económicos urgentes, se encuentra la formalización de la venta de vehículos usados. Según la normativa internacional, estas actividades son consideradas de alto riesgo para el lavado de activos. Además, los equipos deportivos, anteriormente organizaciones civiles, pasarán a ser sociedades anónimas.
Farinango subrayó que, de aprobarse las leyes, se espera un impacto positivo en áreas sensibles como el desempleo, ya que el seguro se otorgaría en un plazo de 10 días, frente a los 61 actuales. También se plantea reducir riesgos crediticios mediante mejores datos financieros y establecer límites en las tasas de interés.
El PSC, aunque apoyó la discusión de los proyectos en el Pleno, dejó claro que no aprobará medidas que incluyan impuestos adicionales, como el incremento propuesto en la compra-venta de vehículos usados. En el caso de que estos puntos permanezcan en el segundo debate, la bancada votará en contra.
A cuatro meses de la aprobación de una Ley contra el Lavado de Activos, los nuevos proyectos buscan reforzar este marco legal. Farinango explicó que esto incluye fortalecer el sistema financiero y garantizar regulaciones más estrictas para evitar delitos económicos.
El análisis de estos proyectos económicos también abarca medidas para evitar un posible feriado bancario. Se establecerían garantías para que los accionistas asuman responsabilidades en casos de insolvencia de entidades financieras internacionales que ingresen al país.
El Ejecutivo defiende que estas leyes son cruciales para mitigar los efectos de la crisis económica, la inseguridad y la pandemia, ofreciendo un alivio tangible a los ciudadanos. No obstante, las posturas divididas dentro de la Asamblea reflejan la complejidad del debate y los desafíos para alcanzar un consenso.
El segundo debate y posible aprobación en el Pleno dependerán de los ajustes que realice la Comisión de Régimen Económico, así como del apoyo político que logren reunir estas propuestas. (I)
