Por: Gabriel S. Galán Melo
El proyecto de Ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, actualmente debatida en Ecuador, surge en un contexto de urgencia nacional debido al nivel alarmante que ha alcanzado la violencia en nuestro país, en el que, además, las estructuras del narcotráfico y el crimen transnacional se han enquistado en el tejido social y las instituciones del estado, particularmente, en las de seguridad y justicia, las cuales se encuentran desbordadas o corrompidas. Frente a esta situación, es comprensible y legítima la intención del gobierno nacional de responder con firmeza. Pero la firmeza no puede confundirse con atropello o arbitrariedad.
Una política criminal efectiva no se construye solamente con mano dura y menos aún con leyes excepcionales. Se edifica sobre la juridicidad, la proporcionalidad, el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, a partir de la comprensión real del fenómeno criminal que es profundamente complejo. Fortalecer sin límites las atribuciones de las fuerzas del orden público, reduciendo las garantías judiciales o ampliando indiscriminada e irrazonablemente las herramientas de investigación y represión, podría, antes que una solución, abrir la puerta a una tragedia. La historia latinoamericana está marcada por las consecuencias devastadoras del uso desmedido de la fuerza como respuesta a la inseguridad: poblaciones estigmatizadas, juventudes criminalizadas, corrupción policial y judicial legitimada. E inclusive, el debilitamiento generalizado de la democracia. El Ecuador no puede repetir esos errores.
La lucha contra la economía criminal es necesaria, pero requiere mucho más que un nuevo marco legal. Necesita fortalecimiento institucional, transparencia en las fuerzas de seguridad, políticas sociales de prevención, control del lavado de activos, auténtica justicia penitenciaria y cooperación internacional cierta. No libramos -como apasionada y simplemente se sostiene- una guerra, se trata en realidad de la reconstrucción del gran pacto social nacional. Es el país el que verdaderamente está en juego. Ciertamente, necesitamos seguridad, pero deberíamos reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar supuestamente por lo que nos ofrecen como garantía de aquella. Cuidado y recibimos “gato por liebre”.
Porque un estado que pretende vencer al crimen sacrificando los derechos corre el riesgo de parecerse demasiado a aquello que dice y quiere combatir. El desafío está en construir un estado de derecho sólido que no ceda ante el miedo, sino que lo supere con inteligencia, justicia y dignidad. Esta es la única vía para derrotar con certeza a la criminalidad organizada. La violencia solo genera más violencia y el miedo de ningún modo soluciona conflicto alguno. Los asambleístas tienen la enorme responsabilidad de articular finalmente un proyecto racional y razonable que en verdad cumpla la finalidad que persigue y que no se convierta en una herramienta más de injusticia, opresión o persecución. El estado ecuatoriano debe actuar con mano firme contra las estructuras de la delincuencia organizada y la corrupción, pero con un corazón enorme a favor de los pobres y los más necesitados. Debe superar la rencilla política y encaminar la nación hacia el desarrollo.
