El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca destinó un presupuesto superior a los 3 millones de dólares para la ejecución de siete proyectos de infraestructura hídrica en el país. La medida buscó optimizar los procesos de producción en las zonas rurales.
La implementación de estos sistemas benefició de forma directa a 517 productores agropecuarios a nivel nacional. Asimismo, la cobertura alcanzó a más de 2.000 beneficiarios indirectos dentro de las comunidades involucradas.
Las obras estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado mediante sus planes de inversión. El propósito central de la entidad fue incentivar la actividad agrícola y ganadera en el territorio.
El plan estatal contempló tanto la construcción de las redes hídricas como el desarrollo de destrezas locales. La asistencia técnica se dirigió especialmente a los pequeños y medianos trabajadores del campo.
La intervención civil abarcó la habilitación de un total de 525 hectáreas productivas destinadas al cultivo. El área intervenida se distribuyó en distintas provincias de la geografía nacional.
Los sistemas específicos que entraron en funcionamiento recibieron los nombres de Tintales, El Cardón y Puerto La Boca. A estas infraestructuras se sumaron también los proyectos denominados Cumbijín, El Verdún, Pijumbí y Potrerillos.
Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, explicó las ventajas de la tecnificación del suelo. El funcionario sostuvo que este mecanismo facilita la diversificación de los productos agrícolas.
La autoridad también enfatizó que la metodología fomenta el uso adecuado del agua y la fertilización eficiente. Según su criterio, estas variables mejoran de manera directa los ingresos económicos familiares.
La estabilidad en el suministro hídrico ayudó a disminuir los riesgos financieros para los trabajadores. El acceso constante al recurso redujo la incertidumbre al momento de solicitar créditos de inversión.
Las instalaciones tecnológicas permitieron generar planes de contingencia frente a las variaciones climáticas actuales. La disponibilidad de agua contrarrestó las amenazas de sequías prolongadas en los sembríos.
El ministro Vega ilustró la problemática del sector con la situación climática de la provincia de Manabí. El representante estatal argumentó la necesidad de romper la dependencia exclusiva de los ciclos pluviales.
“Por ejemplo, en Manabí si no llueve sube el riesgo de que no se cosecha, pero si el productor tiene riego no depende tanto de las lluvias”, expresó Vega. El testimonio evidenció la urgencia de asegurar los cultivos.
La institución pública se planteó como meta prioritaria elevar los índices de cobertura vigentes en el sector rural. Los registros oficiales mostraron que apenas el 18 % de los pequeños productores posee este servicio.
Los voceros de la Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado indicaron que la innovación transformó la economía campesina. La regularidad en el riego suprimió la necesidad de esperar las épocas lluviosas.
La estabilidad de las fuentes de agua aseguró la sostenibilidad integral de todo el ciclo de cultivo. Esta regularidad propició a su vez la creación de nuevas plazas de empleo en las localidades.
El incremento de la mano de obra respondió a la alta demanda laboral surgida por la productividad de la tierra. Las parcelas optimizadas requirieron mayor atención y personal para las cosechas.
Los agricultores que requieran postular a estos incentivos estatales deben cumplir con parámetros asociativos obligatorios. El primer requisito consistió en pertenecer formalmente a una organización legal constituida.
Los aspirantes debieron presentar la autorización vigente para el uso y aprovechamiento legítimo del agua. En el caso de obras comunitarias, se exigió el respaldo legal que acreditara la propiedad de los predios. (I)
Fuente: Ministerio de Agricultura
