Concejales de la Revolución Ciudadana y de otras bancadas políticas recalcaron que Pabel Muñoz, alcalde de Quito, no forma parte de las denuncias presentadas ante las instancias de justicia. Asimismo, demandaron que los procesos de fiscalización e investigación se desarrollen con estricto apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. Su pronunciamiento se conoció este lunes, en una rueda de prensa en las instalaciones del Municipio de Quito.
La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, asumió la vocería del pronunciamiento para ratificar que la administración pública mantendrá las facilidades operativas para que las autoridades judiciales cumplan con sus diligencias. La funcionaria enfatizó la necesidad de evitar la interrupción de la agenda de trabajo en el Cabildo.
“Quito necesita obras, Quito necesita seguridad y, por supuesto, necesita una gestión. No necesitamos distracciones, no necesitamos un intento por frenar el trabajo de la capital de la República”, manifestó Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito.
Racines subrayó que desde la alcaldía se han brindado todos los accesos al personal judicial, al tiempo que rechazó la difusión fragmentada de piezas de convicción en medios de comunicación.
“Respetamos el trabajo de la justicia, pero exigimos apego estricto al proceso y rechazamos cualquier tipo de linchamiento mediático. Estaremos vigilantes a que las investigaciones se realicen conforme al derecho y no sea una herramienta para atacar adversarios”, sostuvo Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito.
El bloque de concejales del movimiento Revolución Ciudadana junto con ediles de diversas fuerzas políticas representadas en el Municipio de Quito rechazaron el incremento de investigaciones y requerimientos por parte de entes de control, tras los allanamientos que ejecutó la Fiscalía General del Estado en las dependencias municipales el pasado 21 de octubre de 2026.
Los funcionarios locales catalogaron estas acciones judiciales como un intento de linchamiento mediático y desgaste institucional orientado a entorpecer la administración capitalina. El pronunciamiento edilicio se generó en medio del impacto provocado por la reciente detención de la excandidata presidencial por Revolución Ciudadana, Luisa González, acontecimiento que ha marcado el escenario político y judicial del país.
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Ante el complejo panorama tras la captura de González, la cúpula legislativa del Distrito Metropolitano busca blindar la gestión local frente al impacto mediático de la causa judicial que indaga presuntas irregularidades y el delito de peculado en la adjudicación de dos contratos de obra pública ejecutados durante 2024, con montos que superan los 4 millones de dólares.
Respaldos edilicios y demandas de respeto al debido proceso
Por su parte, el concejal Adrián Ibarra detalló las cifras con las que el oficialismo argumenta un incremento desproporcionado de presiones institucionales hacia el gobierno municipal en comparación con periodos anteriores.
“Esta administración en este tiempo ha recibido el triple de pedidos de información de parte de los entes de control, entiéndase Contraloría y Superintendencias, a los cuales se ha respondido con absoluta apertura y transparencia”, afirmó Adrián Ibarra, concejal de Quito.
Ibarra agregó que la administración suma además seis denuncias tramitadas ante el Tribunal Contencioso Electoral, por lo cual cuestionó la instrumentación de los aparatos de juzgamiento técnico.
“Estamos totalmente en contra de que entidades del Estado sean utilizadas como herramientas partidistas cuando deberían ser entidades que nos brinden control y transparencia”, señaló Adrián Ibarra, concejal de Quito.
Fiscalización interna y alertas sobre redes de contratación
Desde otros sectores del Concejo Metropolitano se precisó que la exigencia de transparencia legal se mantiene vigente sin que esto signifique validar anticipadamente las hipótesis de la Fiscalía o atribuir responsabilidades penales de forma prematura.
“Las investigaciones de la Fiscalía que las haga la Fiscalía. No estamos calificando los procedimientos como persecución política, sino solicitando que se respete el debido proceso y se eviten pronunciamientos que anticipen conclusiones”, expresó Diego Garrido, concejal de Quito.
Garrido confirmó que un grupo de seis concejales gestionó la inclusión de un punto especial para solicitar la comparecencia del gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ante el pleno municipal. El objetivo del requerimiento es revisar de primera mano la documentación referente a los contratos de asfaltado bajo sospecha.
En una línea crítica, el concejal Andrés Campaña expuso que las alertas sobre esquemas de contratación en la infraestructura capitalina anteceden a la coyuntura política actual y datan de investigaciones iniciadas en 2022 y 2023.
“Esta red ha acaparado no solamente desde la administración anterior, sino en la actual, una serie de decenas de contratos de obras en la ciudad. La concentración de contratos es una práctica inmoral y monopólica, pero por sí sola no constituye delito”, declaró Andrés Campaña, concejal de Quito.
Campaña instó a las autoridades gubernamentales y a los entes acusadores a presentar las pruebas técnicas que demuestren los presuntos perjuicios económicos al erario público.
“Pedimos que nos informen cuáles son los perjuicios económicos y cuáles son los elementos que configurarían un presunto delito de peculado y lavado de activos”, puntualizó Andrés Campaña, concejal de Quito.
El Concejo Metropolitano prevé abordar la comparecencia de los funcionarios operativos de la infraestructura vial en su siguiente sesión ordinaria, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con la recopilación de elementos de convicción. (I)
