La asambleísta Mae Montaño es una de las voces más respetadas del Legislativo y su evaluación de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no es buena y piensa que debe ser censurada y destituida en su juicio político que arranca el martes 24 de noviembre.
Montaño no pertenece a ninguna bancada del Parlamento. No ha sido de oposición radical ni una aliada incondicional, pero eso cree que la funcionaria dejó de cumplir sus funciones como enlace del Ejecutivo con la Asamblea. “Ya no es una ministra de la política”, explicó en radio Sonorama.
Desde diciembre del 2018, Romo fue nombrada secretaria de la Política. Primero fue un encargo que compartía con el Ministerio del Interior a cargo de la seguridad ciudadana, pero luego ambas instituciones se fusionaron en el Ministerio de Gobierno que ella ayudó a revivirlo para dirigirlo. En el ámbito de la seguridad ciudadana, desde que ella asumió esas funciones, los homicidios, robos de personas, de negocios y de carros crecieron en el país. (Lea aquí la primera entrega del especial).
En la política tampoco pudo ser el operador que se esperaba. Su ingreso al Gobierno era una esperanza para el presidente Lenín Moreno de superar los números negativos de aprobación. A noviembre de este año, él es el Mandatario peor calificado de Sudamérica con una aceptación de apenas del 6% entre los ecuatorianos.
Romo era clave para articular espacios de diálogo en la Asamblea, en los gobiernos seccionales y con otros sectores sociales. Empero, su rol con el Parlamento se fue opacando y ahora es superado por denuncias de corrupción para captar los votos de los legisladores.
La supuesta compra de votos en la Asamblea
El Gobierno hace aguas en el Parlamento. Ahora no tiene ni siquiera el apoyo confirmado de su bancada de Alianza PAIS, la que fuera la más grande del Parlamento en el 2017, pero desde la oposición a Rafael Correa sufrió una fractura imposible de curación.
Con este antecedente, María Paula Romo articuló una nueva mayoría para no perder la presidencia de la Asamblea. Un espacio clave, por ejemplo, para manejar los tiempos de los juicios políticos a los funcionarios gubernamentales.
Romo, en mayo del 2019, logró estructurar un pacto entre Alianza PAIS y CREO, con algunos independientes y partidos pequeños reunidos en las bancadas BIN y BADI. Esta mayoría llevó a la presidencia a César Litardo y se repartieron las comisiones.
Sin embargo, ese pacto fracasó desde el primer día. Los integrantes de esos partidos no estaban conformes con el reparto en las comisiones de Educación, de los Trabajadores y de Gobiernos Autónomos. No dieron quórum y volvieron a sesionar solo cuando se cambiaron a los presidentes que la mayoría había escogido.
Sin ellos las comisiones no tenía apoyo el gobierno, en las votaciones del Pleno tampoco estaban seguros. En ese momento, según la denuncia del exlegislador oficialista, Daniel Mendoza, el gobierno entregó hospitales a cambio de votos.
Mendoza quien era un incondicional con el Gobierno ahora cumple una condena por corrupción en la construcción del hospital de Pedernales. Él entregó a la Fiscalía un esquema en el cual se colocó a Romo en el centro de un organigrama que denunciaba la entrega de casas de salud para legisladores de Alianza PAIS, del BIN y del BADI.
Esta información está en manos de la fiscal Diana Salazar y según ella se abrieron indagaciones reservadas, pero no ha afirmado ni desmentido que se investigue a funcionarios del Gobierno.
Para el legislador de Centro Democrático, Cristóbal Lloret, la gestión de Romo está marcada por la corrupción. Por eso, ese movimiento político emprende otro juicio político contra la ministra distinto al que afrontará el martes que es por su papel en el control de las protestas sociales de octubre del año pasado.
Romo ha desmentido tajantemente que ella tenga relación con la compra de votos a cambios de respaldo legislativo. Para ella, la denuncia de Mendoza quiso involucrarla sin tener ninguna evidencia que respalde sus palabras.
Su llegada a la Vicepresidencia fracasó
La candidatura de María Paula Romo a la Vicepresidencia de la Repúblico fue rechazada en la Asamblea. El 17 de julio pasado, apenas consiguió 36 parlamentarios que le apoyaran.
La mayoría de sus votos llegó desde el bloque de Alianza PAIS, sus otros aliados de CREO, BIN y BADI decidieron votar en su contra o abstenerse de emitir su criterio.
Antes de esta votación apareció el escándalo por la presunta compra de conciencias en el Parlamento y la figura política de Romo era la más visible del Gobierno.
Hoy la permanencia de su cargo depende de conseguir 41 asambleístas que rechacen su censura. Una cifra que no parece difícil que la consiga, tomando en cuenta la división entre los grupos políticos del Legislativo y la presencia de asambleístas suplentes.
Para el legislador de la Bancada de Centro Democrático, Pabel Muñoz, el juicio político será una prueba de fuego para bancadas como la CREO del candidato presidencial Guillermo Lasso, que quiere marcar distancia del gobierno de Moreno.
Sin embargo, según Muñoz es la que más ha apoyado al Presidente en la Asamblea, con coincidencias en el 80% de las votaciones. El último caso fue la abstención de los integrantes de ese partido para exigir la suspensión de la venta del Banco Pacífico y la salida del presidente del directorio de la CFN, Roberto Dunn.
“CREO es la verdadera bancada oficialista”, dijo Muñoz. No obstante, el coordinador de ese bloque Luis Pachala aseguró que el pacto con el Gobierno, el que articuló Romo, terminó en febrero de este año, cuando Alianza PAIS decidió respaldar a Diana Atamaint y frenar su salida del Consejo Nacional Electoral. Pero en el caso Romo aún no toman una decisión.
La politización de la justicia
“Existe evidencia suficiente que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno, que trabaja y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño”. Esa fue la alerta que dio la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que desencadenó la detención del sueco Ola Bini y un juicio que lleva más de 19 meses sin solución.
Esa declaración la dio el 11 de abril del 2019, el mismo día que el presidente Lenín Moreno quitó el asilo diplomático a Julian Assange y policías de Londres ingresaron a la embajada ecuatoriana para detener al principal de Wikileaks.
María Paula Romo era una de las críticas más severas de la supuesta influencia del expresidente de la República, Rafael Correa, en la justicia. Ella aseguraba que las órdenes que daba en las “sabatinas” eran acatadas por fiscales y jueces.
Esa misma crítica se hace ahora a Romo. El sueco Ola Bini, un ingeniero informático, quien fuera acusado de supuestamente conspirar contra el Gobierno y viajar junto al excanciller a Perú y Venezuela. Todo enmarcado en una presunta confabulación contra el gobierno.
Las evidencias no fueron suficientes. La Fiscalía no ha logrado determinar la conspiración de Bini ni la participación de Patiño en el complot. Más bien ha cambiado la acusación contra el extranjero a una presunta interferencia informática en las páginas gubernamentales.
Pero tampoco ha conseguido confirmarlo en las cortes de justicia. “Ha pasado 1.5 años desde que fui detenido y todavía no hay avances en el proceso legal. Ahora han pasado siete semanas desde que enviamos el Habeas Data y tampoco hay progreso. El gobierno claramente está prologando estos procesos y, en cambio, nos está acosando de otras formas”, dijo Bini.
El extranjero permaneció 70 días en prisión y recuperó su libertad luego de que no se formalizara la acusación en su contra. Sin embargo, el juicio permanece activo y su defensa presentó un Hábeas Data para tener información sobre su acusación.
Su abogado Carlos Soria denunció que minutos antes de la diligencia, el Ministerio de Gobierno recusó a la jueza del caso lo que suspendió la diligencia. Hasta el momento, no hay una fecha para esa diligencia. “Ahora no sabemos de qué se nos acusará el día de mañana. Ola es víctima del secuestro por parte del Estado ecuatoriano, porque no puede salir del país a pesar de no tener en juicio en su contra”, señaló.
Lo mismo sucedió con los 18 venezolanos y cubanos que tuvieron la mala suerte de estacionar sus autos cerca del aeropuerto de Quito, durante la protesta social de octubre del año pasado. La ministra Romo aseguró que cuando fueron detenidos se les encontró información sobre los traslados del presidente Moreno y del Vicepresidente.
El nexo fue inmediato, si los venezolanos tenían información considerada de seguridad nacional, era evidente que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, agitaba la protesta por el levantamiento de la gasolina.
Nunca se comprobó que los venezolanos hayan tenido esa información y peor todavía que eran parte de un plan internacional para derrocar a Moreno. Todos están libres de cargos. “Quién responde por esas acusaciones. Se afectó a sus familias, a su trabajo”, sostuvo el analista de seguridad Santiago Orbe, quien asegura que este es uno de los casos que más afecta la gestión de Romo.
Pero la lista continúa. Ella sostuvo que había evidencias en contra de Pedro Rivadeneira, padre de la exasambleísta, Gabriela Rivadeneira, por un presunto enriquecimiento ilegal.
“La investigación del caso Flamingo lleva 10 meses y la justicia decidió proceder coincidencialmente con la otorgación del asilo a su hija”, decía en Teleamazonas.
Esa declaración fue dada el 10 de enero de este año. Luego de que se conoció que México había concedido el asilo a Gabriela Rivadeneira y otros legisladores que supuestamente intentaron dar un golpe de Estado en octubre del 2019.
La justicia liberó de todos los cargos a Pedro Rivadeneira, porque no se encontraron pruebas en su contra. Hasta el momento, tampoco hay evidencias de que dirigentes del partido correísta hayan organizado ni provocado el incendio que destruyó el edificio de la Contraloría.
Este es una de las cartas de acusación de la ministra Romo contra sus adversarios políticos, a quienes les acusan de intentar dar un golpe de estado contra Lenín Moreno. La Fiscalía acusó a los dirigentes de ese partido, Virgilio Hernández y Paola Pabón, de rebelión por las acciones de octubre del año pasado, pero por el incendio en la Contraloría a ninguno de ellos. (I)
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