Por Pablo Salgado J. *Escritor y Periodista
Uno de los primeros decretos emitidos por el presidente Guillermo Lasso fue la derogatoria del Reglamento a la Ley de Comunicación. E inmediatamente, al día siguiente, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación”.
Recordemos que el presidente Lasso, efectivamente, ofreció en campaña derogar la actual Ley de Comunicación calificándola de “ley mordaza”. Es decir está cumpliendo con su propuesta electoral. No mintió ni engañó, como sucedió con el presidente anterior.
Lo que sí llama la atención es que esta ley, la de Comunicación, esté entre las prioridades del flamante presidente, y no la salud, la educación o la economía que, sin duda, requieren de urgente atención. Muchos ecuatorianos esperaban que, como prometió en campaña, sus prioridades sean la salud de los ecuatorianos y la generación de empleo. Sin embargo, a mas de encargar a su Vicepresidente el sistema de Salud, no ha anunciado al país su Plan de vacunación, ya que nos ofreció que en los primeros 100 días se vacunaría a la mayoría de ecuatorianos. Pero no, apenas si ha pedido al Gobierno de los Estados Unidos que, por favor, nos ayude con las vacunas.
Ahora bien, ¿qué contiene la nueva ley de comunicación? Desde su nombre, plantea a la libertad de expresión como su postulado fundamental. La libertad se ha convertido en el gran caballo de batalla de todos los movimientos políticos de la derecha tradicional y la nueva extrema derecha. Es su baluarte para, como dice uno de los consejeros cercanos a Lasso, el español Pablo Casado: “luchar contra el populismo”.
Leyendo el proyecto de ley vemos que, efectivamente, contiene un gran número -17- de postulados en la misma línea que plantean las organizaciones de los propietarios de los medios de comunicación de la región, como la SIP. Estos numerosos postulados de “libertad” han reemplazado a los derechos. Y todos sabemos que los derechos no son regresivos.
Antes que reiterar en los numerosos postulados, y en ciertas deficiencias jurídicas o legislativas, más bien voy a referirme a cuatro importantes aspectos que serán eliminados con la nueva Ley.
Los medios públicos son precisamente un espacio para cumplir con esos postulados sobre la libertad de expresión, de pensamiento y para garantizar a la ciudadanía el derecho y el acceso a una información de calidad. Sin embargo, el nuevo proyecto de Ley elimina los medios públicos. Grave error. Los medios de comunicación públicos se deben a la ciudadanía y no a los gobiernos de turno. Muchas veces lo hemos dicho, los medios públicos no deben ser medios gubernamentales sino ciudadanos, tal y como sucede en un gran número de países, como España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, o en los Estados Unidos. Y son tan necesarios que, además, tienen una amplia participación en otras actividades vinculadas como el cine, la música, el teatro. Todos estos medios públicos son coproductores cinematográficos y cuentan, además, con Orquestas sinfónicas y, en varios casos, elencos de teatro y ópera. Y cumplen no solo tareas informativas sino educativas y de vinculo con la sociedad y la ciudadanía. Ese es el rol de los verdaderos medios públicos.
El presidente Lasso optó por eliminarlos y no por garantizar que esos medios públicos cumplan con su propósito, con su deber y con su obligación. Y es, en la práctica, una decisión que impide la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas podamos tener acceso no solo a otra mirada informativa sino, y sobre todo, a otras vertientes en su parrilla de programación. Con esto, sin duda, se consolidará el monopolio de los medios privados, y además se monopolizará la opinión pública.
Erróneamente se ha dicho que los medios públicos son competencia para los medios privados. Falso. Por el contrario, los medios públicos precisamente abordan temas que los privados no pueden hacerlo, ya sea por ser poco rentables o por la postura ideológica de sus propietarios. Los medios públicos vinculan los contenidos de sus programas con la educación, la ciencia, la tecnología, la investigación, la cultura y los patrimonios, que son temas mas bien desechados por los medios comerciales.
Con la nueva Ley, solo tendremos medios privados y medios gubernamentales, que en el caso de Ecuador tienen miradas similares, mas aún si el gobierno anterior entregó frecuencias a los medios tradicionales a través de un proceso cuestionado y poco transparente; se pierden los derechos de los medios comunitarios y se pierde la equidad en la distribución de frecuencias.
Otro punto importante es que, con este nuevo proyecto de Ley, se elimina también la televisión educativa. Otro grave error. La televisión educativa es una importante herramienta para la formación de nuestros niños y jóvenes, más aún en tiempos de confinamiento y virtualidad. Una cosa es que se deban corregir malos usos o mediocres gestiones y otra que se elimine. Lo correcto hubiera sido corregir y no eliminar. Así mismo, con esta nueva Ley, se pierden las franjas horarias tan necesarias para preservar los derechos de niños, adolescentes y las familias.
Pero eso no es todo, también se elimina la cuota de contenidos interculturales. A pesar de que la propia constitución establece que el Ecuador es un estado plurinacional y multiétnico, esta nueva ley redime a los medios de comunicación de la obligatoriedad de tener en su programación espacios de contenidos interculturales que reflejen nuestra diversidad. Otra contradicción con los postulados de respeto a los derechos culturales y de expresión de las comunidades y nacionalidades, que lamentablemente volverán a ser excluidas e ignoradas.
La Ley de Comunicación vigente contempla también importantes incentivos y beneficios para la producción audiovisual nacional que, con esta nueva ley, son eliminados. En especial el artículo 98 que permitía que la publicidad que transmiten los medios de comunicación sea, exclusivamente, de producción nacional. Esto dinamizó significativamente al sector audiovisual. Pero en esta propuesta de la nueva Ley ha sido eliminado. El Presidente Lasso ha prometido a las asociaciones audiovisuales que todos los beneficios, incentivos y mecanismos de fomento a la producción nacional serán trasladados a una nueva Ley, de Publicidad y de producción audiovisual, que el Ejecutivo remitirá a futuro a la Asamblea Nacional.
En el Ecuador, hasta la saciedad se ha demostrado que los medios de comunicación no son capaces de autorregularse, tampoco de cumplir con su responsabilidad con la educación, con la cultura y con la sociedad. Prevalece siempre la rentabilidad y el perverso raiting. De ahí que esta decisión de eliminar los medios públicos y la televisión educativa no contribuye a la necesaria diversidad informativa, como una garantía para la libertad de expresión y pensamiento; y por tanto, tampoco contribuye a consolidar la democracia. Es más, contradice los mismos propósitos y objetivos que se predica en los fines de la Ley: “la formación de una opinión pública informada”. Y tampoco contribuye al “desarrollo creativo de las personas en el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología o la política.”
La Asamblea tiene la palabra. Su obligación es preservar los derechos humanos, comunicacionales y culturales de todos los ecuatorianos.
