Por Pablo Salgado J.*, periodista y escritor
Siempre dijimos que trasladar la reserva patrimonial y documental del Ministerio de Cultura al edificio UNASUR era una insensatez. Y ni se diga el Museo Nacional. Así lo ha entendido la nueva Ministra de Cultura y patrimonio María Elena Machuca y, por tanto, no se realizará dicho traslado. Una buena noticia para el sector patrimonial y para la ciudad de Quito, pues además otro de los inconvenientes era justamente la accesibilidad a la Mitad del mundo, no solo para especialistas e investigadores sino para miles de estudiantes de escuelas y colegios.
Como sabemos, la decisión de los ex ministros Juan Fernando Velasco y Julio Bueno no tenía ningún sustento técnico, sino que respondía a otro tipo de intereses. Sin embargo, ya se realizaron contrataciones, a una empresa de mudanzas; se embalaron las piezas, se dividieron las colecciones, que la ley prohibe, y se realizaron otros gastos que ahora resultan inútiles. Es deber de la nueva ministra disponer que se realicen las auditorías que correspondan para determinar, si es del caso, responsabilidades.
No olvidemos además, que el propio edificio UNASUR aún tiene un inconveniente legal por su tenencia, pues los terrenos son propiedad del Gobierno de la provincia de Pichincha y una cláusula en las escrituras establece que, en caso de no utilizarse para el funcionamiento de UNASUR, el edificio debe revertirse al gobierno provincial.
Recordemos que este traslado se originó por los daños estructurales que tiene el edificio Aranjuez, en el sector de La Mariscal, en donde se alojan las reservas, las colecciones de arte, y los bienes documentales, fotográficos, etc. del Ministerio de Cultura.
Actuando con la misma sensatez no será difícil determinar cuál es la mejor alternativa para garantizar la seguridad de las reservas patrimoniales. Hay varias propuestas que, en su momento, fueron presentadas por varios colectivos patrimoniales y que, sin duda, permitirán solucionar de modo permanente la situación de esas reservas. Una de ellas es, precisamente, el reforzamiento del propio edificio Aranjuez que resultaría no solo técnicamente viable sino económicamente sostenible.
Otro tema que alarma, y que ya se alertó en su debido momento, es el inventario de las reservas; incluso el propio INPC solicitó al Ministerio que realice el inventario, pero nunca recibió respuesta. La Ministra afirmó que no concibe que el Ministerio de Cultura, luego de 14 años de haber recibido las reservas del Banco Central, aún no tenga un inventario como la Ley de cultura establece y ni siquiera el regitro en el Sistema de informacón del patrimonio cultural, SIPCE. “Apenas hay una hoja de exel,” confesó la Ministra. Esto es inconcebible. Por ello, cuando se anunció el traslado también preguntamos: “¿cómo lo van a hacer, si no hay un inventario?”. ¡Qué peligro!
Otra buena noticia que generó la flamante Ministra de Cultura es la derogatoria de la resolución ministerial, del pasado 29 de marzo, emitida por el ex ministro Julio Bueno, y que determinaba el fin de la gratuidad para los museos, centros culturales y mas repositorios públicos. Esta medida también fue enérgicamente cuestionada por los colectivos culturales y patrimoniales. En la derogatoria, del 31 de mayo, la Ministra Machuca además de disponer, de nuevo, la gratuidad en todos los espacios a cargo del ministerio establece que “se haga constar en el presupuesto institucional los recursos y fondos para garantizar el funcionamiento y seguridad de los museos y repositorios.”
Además la Ministra deberá iniciar, de modo inmediato, una gestión de reparación de los espacios, museos y repositorios, que fueron desmantelados en el anterior gobierno y dotarles de personal técnico necesario y, sobre todo, reponer los presupuestos que fueron recortados.
Sin embargo, el tema de fondo es el cumplimiento de la Ley orgánica de cultura y la ejecución de sus mandatos que disponen la creación del Sistema nacional de museos, presidido por el Museo Nacional; el Sistema Nacional de bibliotecas (Ecuador es el único país de la región que, aunque parezca increible, no lo tiene); de Archivos; de áreas arqueológicas y paleontológicas; entre otros. Es decir, devolverle la institucionalidad y los recursos necesarios al sector patrimonial. Lo mismo sucede con otras entidades como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultura, INPC, que se encuentra prácticamente en acefalía desde hace varios meses; sin presupuestos, sin personal técnico, con una acción de protección para el concurso público para nombrar a la nueva dirección y con varios juicios perdidos por despidos ilegales.
De la misma manera, es necesario abordar lo que sucede con otros museos, como el MAAC de Guayaquil, que necesitan cambios urgentes. O lo que es peor, el Centro cultural Fábrica Imbabura, con una inversión de 22 millones, que en la administración anterior fue transferido al Municipio de Antonio Ante; y el Teatro Benjamín Carrión, de Loja, convertido en un elefante blanco, con deudas aún pendientes a los proveedores, sin modelo de gestión, y que también se pretendió transferirlo al Municipio de Loja.
En todo caso, son dos buenas noticias con las que la Ministra Machuca inicia su gestión. Lo que ilusiona. Hay, lo sabemos, una gran cantidad de temas que reparar y gestionar de modo inmediato. Por ello, todos esperamos que la Ministra conforme equipos (subsecretarías y direcciones) con personal capacitado que puedan responder a las necesidades urgentes del sector cultural y patrimonial. Como urgente es emitir, al fin, líneas de política pública que permitan proteger y, al menos, mitigar la enorme precariedad en la que sobreviven los artistas y gestores culturales, como consecuencia de la crisis económica, la pandemia y el abandono del anterior gobierno.
