Por Pablo Salgado J.
No fue fácil para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, conseguir el edificio. Y, luego, no fue fácil conseguir los presupuestos para rehabilitarlo. Pero se lo hizo. A través de un convenio con el Ministerio de Agricultura se logró, en comodato, la transferencia del edificio -ubicado frente a Cancillería– que estaba abandonado. Era el 2015 y fue un hecho importante para la consolidación institucional, ya que, al fin, se pudo implementar el Centro de Investigación para la Memoria y el Patrimonio Cultural, CIMPC.
Sin embargo hoy, de un plumazo, la Ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, decide desmontar todo el CIMPC. Incluso desoyendo informes técnicos que establecen lo inconveniente e inadecuado de esta decisión. Pero no, la Ministra resolvió desmontarlo. Esta decisión se inscribe, sin duda, en el proceso de desmantelamiento de las instituciones de cultura iniciado por el gobierno de Lenín Moreno. Esta decisión de la Ministra Machuca implica el desmantelamiento de todo el Centro que está conformado por: la Biblioteca y el Centro de Documentación; los laboratorios de tecnología de la producción y estudio de la imagen; Laboratorio de Paleoetnobotánica; las exposiciones de las piezas arqueológicas que han sido recuperadas a través de largos y engorrosos procesos jurídicos en el país y el exterior; el archivo de fotografía patrimonial. Además, en el Centro se encuentra el Data Center del INPC; los servidores con toda la información, aplicaciones en línea e incluso todos los datos del Sistema de Información del Patrimonio Nacional, SIPCE.
Las piezas que son incautadas y repatriadas necesitan de un proceso no solo de registro sino de caracterización que se realizan en los laboratorios del Centro. Y luego la exhibición, ese es el objetivo de la repatriación, para que las piezas puedan ser admiradas por todos los ecuatorianos. Al momento el Centro tiene en custodia 10 mil bienes patrimoniales. Y se espera que en los próximos meses se reciban otros 5 mil bienes que hoy se encuentran en pésimas condiciones en las bodegas de la policía patrimonial. ¿A dónde van a ir todas estas piezas con el cierre del Centro?
Este Centro es para el INPC, y para el país, fundamental. El CIMPC le permite cumplir con sus objetivos y su misión: la investigación y el control técnico para preservar y conservar los patrimonios del país. Desmontarlo, dividirlo y repartirlo es un enorme retroceso para la investigación y el cuidado de nuestros patrimonios. Su desmantelamiento es una gran derrota para los investigadores y patrimonialistas del país. Y es una afrenta a años de lucha y trabajo por nuestros patrimonios.
La Ministra Machuca pretende de esta forma “solucionar” el problema de las reservas arqueológicas y documentales que se encuentran en el edificio Aranjuez. Pero no se puede “solucionar” un problema destruyendo a otra institución. Y lo que es más, destruyendo todo un proceso de años que ha implicado la implementación del Centro. Es el ejercicio de esa vieja práctica muy ecuatoriana: canibalizar; destapar un hueco para tapar otro. Recordemos que el Edificio Aranjuez tiene más de 3 mil metros, y el CIMPC apenas 1.100. Esta decisión atenta contra los procesos de conservación, registro, inventario, caracterización, y custodia. Las pérdidas serán enormes e irreversibles.
Ante esta penosa y dolorosa situación los funcionarios del INPC enviaron una carta abierta a la Ministra de cultura, ya que no han sido recibidos para presentarle sus argumentos técnicos. En esta carta exponen todos los informes emitidos y los motivos por los cuales desmontar el Centro es una decisión equivocada. Y además sostienen que trasladar los bienes a Carcelén, en donde se encuentra la Reserva Resfa Parduchi, tampoco es una buena decisión, ya que el lugar “no cuenta con las condiciones técnicas en cuanto a seguridad física, ambientales y de microclima”.
El desalojo del CIMPC del edificio implica necesariamente el traslado del personal del INPC a la casona de la Circasiana, casona que recientemente fue restaurada y que, como parte de la Ruta de los Palacios, recibe numerosas visitas cada día. Para ubicar al personal, la actual autoridad del INPC decidió montar oficinas en el gran salón patrimonial, del Artesonado. De ripley. Algo inconcebible, pero cierto. Para esto, desmontaron la exposición que se encuentra en el salón, lo que inmediatamente provocó la indignación en redes sociales. Y lo más penoso, en lugar de reconocer el error, tildaron a la información de noticia falsa. Las fotografías del salón vacío y el memorando -emitido el 22 de julio, y firmado por la Subdirectora- confirmaron semejante despropósito. No les quedó más que rearmar la exposición.
En la carta abierta, los funcionarios del INPC realizan, con gran sentido común y responsabilidad, tres recomendaciones a la Ministra de cultura y patrimonio:
1.-Que el CIMPC no sea desmantelado y que la reserva restringida no sea trasladada a otro sitio. Que se consideren los informes técnicos y el edificio se mantenga con la misma funcionalidad y servicio a la comunidad.
2.-Conformar un equipo multidisciplinario e interinstitucional para recuperar el edificio contiguo al CIMPC, que ahora está en manos de Cancillería y sin uso, y que una vez rehabilitado puede acoger las reservas del Ministerio de Cultura.
3.-Que se cumpla de manera estricta el acondicionamiento técnico de la reserva restringida, ubicada en el edificio del CIMPC.
Así, lamentablemente, continúan las afectaciones a los patrimonios del país. Las instituciones, con los continuos recortes presupuestarios, despidos y negligente accionar de sus autoridades, se encuentran severamente deterioradas. Es necesario que el Ministerio de cultura y patrimonio encuentre una solución, técnica e integral, para las reservas del edificio Aranjuez. Una solución que no divida las colecciones, como manda la Ley orgánica, y que el edificio que acoja la reserva cuente con todos los requerimientos técnicos. Además el Ministerio de Cultura debe gestionar la reposición de los presupuestos para las instituciones, museos y repositorios; debe cumplir los mandatos de la Ley orgánica de cultura; generar políticas públicas para el sector; y concebir, de modo urgente, un plan de reactivación económica para el sector patrimonial.
