Nelly Valbuena
Comunicadora social y periodista. Diplomada en derechos humanos de las mujeres. Especialista en DDHH y mundo global. Master en Periodismo. Docente investigadora universitaria. Sobreviviente de cáncer de mama.
Las mafias locales y transnacionales del delito organizado de trata, redoblan el uso de redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp, y numerosas aplicaciones de mensajería para engañar, reclutar, secuestrar y desaparecer a sus víctimas, con el fin de anular su condición humana y para que sus familias pierdan toda esperanza, o crean que “se fueron por su propia voluntad”.
Las víctimas de trata están no sólo en confinamiento debido al covid-19, sino recluidas contra su voluntad por redes que trafican con decenas de miles de seres humanos en el mundo, corren mayores riesgos y son altamente vulnerables, pues sus encierros forzados se acompañan de contagios y la total falta de asistencia médica.
La inmensa mayoría de esas víctimas son mujeres de toda condición etaria: adultas, jóvenes, adolescentes y niñas, que son engañadas, secuestradas, reclutadas, golpeadas, violadas y finalmente desaparecidas, en otras ciudades de una misma nación o en otros países. Muchas de ellas terminan en la esclavitud sexual o laboral, el comercio transnacional sexual y, en menor grado en la mendicidad forzada. En algunos casos, las víctimas son niños, adolescentes varones y hombres adultos que son utilizados para la esclavitud laboral y la mendicidad forzada.
Si antes de la pandemia el delito transnacional de la trata de mujeres implicaba, después del tráfico de armas y de drogas, la más alta tasa de ganancia para el crimen organizado del mundo; hoy, en plena pandemia y confinamiento, este atroz delito permanece absolutamente invisibilizado. Si universalmente el cubre-bocas significa ahora salvavidas, el inhumano negocio mantiene a miles de mujeres con un metafórico tapabocas para que el anonimato multiplique la explotación sexual en el silencio del doble confinamiento.
Tras promesas de trabajo o amor, miles de mujeres son engañadas, incluso a través de seducciones planificadas donde participan individuos como “los padrotes”: adolescentes y niños varones que en México son entrenados por las mafias para ubicar niñas y enamorarlas, sacarlas de sus hogares y desaparecerlas en las rutas de la trata mundial de personas.
Y el espanto no está lejano: antes de la pandemia en el Ecuador fueron detectados casos que terminaron siendo conocidos por las muertes violentas de sus víctimas, donde los reclutadores eran adolescentes y jóvenes. Las víctimas son de diversas clases sociales y nacionalidades, entre ellas migrantes, venezolanas, colombianas y cubanas. Sus vidas, sus cuerpos, su libertad y su destino son monedas de cambio, pues sus captores las compran y venden para la explotación sexual y trabajo forzado.
Si la trata no es considerada un delito de lesa humanidad, debiera serlo. Se basa en el engaño por parte de los traficantes, que en casi toda Latinoamérica mantienen conexión con policías, centros de migración, fiscales y funcionarios del Estado, debido a las enormes ganancias que genera. A través de mentiras, coacción, abuso y aprovechando la situación desfavorable de las víctimas, consigue una posición de dominación y control sobre estas.
Estamos hablando de un modelo delincuencial de vieja data e impune accionar, donde opresión, sumisión y dominación se generan a través del uso del poder, control económico, amenazas a su vida o a sus familiares. Por eso es considerada como “esclavitud moderna”.
Según el Índice Global de Esclavitud más de 40 millones de personas están siendo vulneradas por el crimen organizado de trata; muy pocos casos llegan a instancias legales, donde usualmente pierde la víctima o se evita conectar al poder político y a funcionarios estatales con la red delincuencial. Los niveles de impunidad son alarmantes debido a su práctica clandestina y alianzas en instancias del poder.
En tiempos de pandemia estas redes de trata se reinventan y consolidan el uso que ya les daban a otras redes, las sociales, en especial Facebook, para cazar, detectar, escoger, atraer y atrapar a sus víctimas. También están multiplicando la utilización de aplicaciones de mensajería, que antes de la pandemia ya se detectaron cuando se rastreaba varios casos ocurridos en Latinoamérica.
Algo tarde, pero lo hizo: esta semana el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), prendió las alarmas al señalar que aumentó la trata de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia, en la medida en que los traficantes “no se limitan a medios convencionales, sino que recurren a herramientas digitales”, a la vez que les recordó a los estados, medios y sociedades que la trata es un crimen de género vinculado a la explotación sexual e insistió en que las actuales leyes y políticas nacionales e internacionales contra el tráfico de personas son insuficientes, sobre todo cuando el delito se extiende al mundo virtual.
Por lo tanto, llamó la atención a todos los países para que adopten medidas efectivas para contrarrestar con eficacia a las redes de trata y concretar campañas de aplicaciones de mensajería y redes sociales en cada país para advertir sobre estas nuevas formas que asume este delito.
Estamos ante un reto mayor: la sociedad civil debe exigir masivamente que se use la tecnología para combatir la trata, una tarea que sigue en manos de gobiernos y las poderosas corporaciones transnacionales de redes sociales que están en la obligación de rastrear, impedir y denunciar a quienes usan sus espacios para este delito. Y que deben trabajar con las instituciones encargadas de prender las alarmas, para construir sistemas de control de rastreo a los traficantes y proxenetas. El Comité hizo un llamado a desalentar la demanda, pues sin ella el “consumo de sexo” no tiene espacio en la sociedad.
Finalmente pidió a los gobiernos que destinen recursos para contrarrestar “las causas que empujan a las mujeres y niñas a caer en situaciones de alta vulnerabilidad”, sobre todo las injusticias sociales, desequilibrios económicos, desigualdades de género y perpetuación de los valores patriarcales contenidos en la cultura machista que reproduce y justifica, y a veces se burla de las víctimas y ensalza a estas mafias de la trata, así como las legislaciones que facilitan el tráfico. Incluso CEDAW llamó la atención sobre la necesidad de generar políticas migratorias que protejan a las mujeres y niñas.
Pero seamos frontales y dejemos la hipocresía: mientras usted termina de leer este artículo, le invito a que abra su Facebook, teclee en el buscador “Chicas venezolanas, colombianas o cubanas en Quito”, y se dará cuenta que esos llamamientos caen en saco roto. (O)
