Esteban Ron Castro
Analista Político, Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca; Magíster en Comunicación Estratégica Universidad Andina Simón Bolívar; MBA Universidad Internacional Del Ecuador.
Mucho nos preocupamos por las elecciones estadounidenses este año, algunos de los factores de la misma nos hicieron volcar nuestra atención hacia los resultados y la configuración proyectiva de los mismos; aunque, aún existen estados como Georgia que siguen en sus dilemas electorales, procediendo a un conteo voto a voto, y sin lugar a dudas nos llama aun la atención el cómo procederá la transición de un gobierno republicano a una administración demócrata.
Estados Unidos tiene, desde el año 2000, una ley de transición gubernamental, con la que verdaderos equipos técnicos y políticos trabajan; pero, ¿nuestro país qué?, y ¿Ecuador qué?; entre tantos dilemas que nuestro país ha tenido en el ámbito político en el último año debido a una inestabilidad democrática, nos hemos hecho esta pregunta, ¿será que el gobierno ha pensado en una transición ordenada?.
La respuesta a esto es: difícilmente; los procesos de transición gubernamental son por decir lo menos, complejos; la cantidad de información que debe trasladarse, los procesos que deben continuar y los problemas que deben comunicarse deben ser especializados a través de propuesta y mecanismos eficaces, y más que nada transparentes, para que el gobierno entrante cumpla con el principio de continuidad en la administración pública.
Recordemos que durante el periodo de la administración de Rafael Correa, no existió necesidad de realizar transiciones, tan solo en 2017 se la realizó, pero aún no sabemos los resultados de la misma debido a las actuaciones del, ahora, gobierno saliente.
En su momento Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de “Transición del Gobierno”, que al parecer aún duerme en el legislativo. Por esto, emitió un decreto ejecutivo (N.-1300-2017) con el que se propuso la transición.
La Vicepresidenta encargada, Sandra Naranjo, fue una de las responsables de la ejecución del mismo; este decreto creaba un comité de transición de gobierno, integrado por las máximas autoridades de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), de la Planificación y Desarrollo (Senplades), y el Secretario General de la Presidencia de la República.
Con el panorama político que vivimos, es muy complejo que se produzca una transición ordenada o al menos tranquila por la pugna de quienes aspirar llegar a la Presidencia de la República. El gobierno debería empezar a pensar en este tema para que no se produzcan afectaciones a la administración como tal y más que nada a los administrados es decir a todos nosotros, ya que por concepto los servicios públicos, tan amplios, no puede parar. (O)
