Ecuador fue notificado sobre el fallo definitivo de un tribunal arbitral internacional a favor de la petrolera francesa Perenco.
Según información difundida por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Secom), Ecuador tendrá que cancelar a Perenco $ 374.373.154,25, más intereses, luego de descontada la indemnización ambiental en favor del Ecuador. La pretensión original de Perenco ascendía a $ 1.420 millones.
La Procuraduría General del Estado informó a través de su cuenta de Twitter que el valor total es de $ 435.182.000,00. Adicionalmente, la petrolera debe cancelar a Ecuador $ 54’439.517 como indemnización de daños ambientales.
La salida de Perenco del territorio ecuatoriano ocurrió en 2009, durante el régimen de Rafael Correa.
Según el comunicado, esta situación propició que el actual Gobierno asuma «la responsabilidad de acciones y decisiones adoptadas por administraciones anteriores, cuando se aumentó del 50% al 99% la participación del Estado en los excedentes petroleros«.
En esa línea, el régimen actual informó que se “respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso”, al tiempo de asegurar que se “mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución”.
El comunicado añadió además que el Gobierno solicitará a las autoridades competentes el inicio de las acciones de repetición contra los servidores y autoridades públicas responsables, lo que implica que los responsables de tales decisiones deberán restituir esos fondos al Estado.
Un caso de larga trayectoria
El problema empezó en 2006, cuando el Gobierno del entonces presidente Alfredo Palacio emitió una ley que aumentó al 50% la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de las empresas petrolíferas en momentos en que el precio internacional del crudo estaba al alza.
Un año más tarde, Correa incrementó al 99% la participación del Estado en las ganancias de esas empresas.
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La sentencia que favoreció a Perenco fue emitida el 28 de mayo por un comité establecido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).
La petrolera francesa también se pronunció. Señaló que el fallo es «una victoria “sustancial y definitiva». (I)
