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Fiscalía garantizó que, de ser necesario, se investigará a funcionarios que se les retiró las visas

La fiscal Diana Salazar detalló las acciones de la Fiscalía frente al tema del retiro de visas a varias autoridades ecuatorianas.

«Las entidades de control pueden analizar la información y –en los casos en que se determinen posibles comisiones de delitos– remitir a Fiscalía los documentos a fin de iniciar investigaciones», expresó Diana Salazar, fiscal General de la Nación.

Salazar rindió una comparecencia en la Sesión 76 de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.

En esta convocatoria fueron llamadas las autoridades de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura (CJ) para analizar el retiro de visas en el país a altas autoridades del país, así como la supuesta existencia de «Narco Generales», tras las declaraciones de Michael J. Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador.

En las últimas semanas, las autoridades diplomáticas del país norteamericano notificaron a altos mandos de las filas policiales que se negó su visa, entre ellos el general Víctor Araus.

La misma medida se aplicó para el abogado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta.

Las intervenciones

Estos no fueron los únicos casos de retiro de visas. La Embajada de los Estados Unidos informó que revocó las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas.

A esto se sumó que la Contraloría General del Estado informó el pasado miércoles que investigará el patrimonio de los jueces.

El CJ, mediante un comunicado aseguró que los magistrados están abiertos a ser investigados para demostrar su probidad e indicó que solicitó a la embajada su colaboración para identificar a los afectados.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, explicó que se ha realizado acercamientos con las instituciones correspondientes, para trabajar de manera conjunta y, desde el ámbito disciplinario, sancionar, de ser el caso, a servidores judiciales que se encuentren involucrados en actos de corrupción.

Juan Morillo, vocal de la Judicatura, en su comparecencia ante la Mesa Legislativa, manifestó que no van a dar paso a presiones mediáticas, pero de ninguna manera esto se puede traducir en impunidad. «Lucharemos frontalmente contra la corrupción», expresó.

En cambio, la fiscal Salazar -en su participación vía telemática- aseguró que se está realizando una serie de coordinaciones internas que permitirán –de ser pertinente– iniciar investigaciones.

La Fiscal añadió que dichas indagaciones serán abordadas con la misma contundencia con la que se ha actuado en todos los casos de corrupción.

No obstante, la autoridad advirtió que las investigaciones se realizarán bajo ciertos criterios, ya que iniciar investigaciones a más de 2000 funcionarios entre generales y jueces, sería desconocer la intimidad de las personas.

“Ventilar información que está siendo procesada implicaría desconocer el derecho a la intimidad. No obstante, la sociedad debe tener la plena seguridad de que la Fiscalía hará uso de todos los instrumentos legales para obtener justicia e impedir la impunidad», expresó.

Por último, Salazar explicó que los procedimientos de entrega de visas o su revocatoria son un asunto que no compete a Fiscalía, sino «únicamente la persecución penal de delitos cometidos, sobre los cuales la Institución llegue a tener conocimiento». (I)

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