Dos jueces, uno de Santa Elena y otro de Santo Domingo de los Tsáchilas, suspendieron la sensación de actividades dispuesta por la Agencia Nacional de Tránsito, en contra de 302 rutas y 1.632 frecuencias entregadas de forma irregular.
Así lo informó la institución mediante un comunicado. Con ello, detalló la ANT, «todas las operadoras que detuvieron sus operaciones desde el pasado mes de diciembre, podrán circular libremente por el territorio nacional, con el riesgo de que se generen nuevos siniestros de tránsito».
Mediante el comunicado el organismo de tránsito detalló cuáles fueron las acciones emprendidas y cuáles fueron los instrumentos legales para disponer de la suspensión que fue dada de baja por dos magistrados.
La medida tomada por la ANT se basó en informes de la Contraloría General del Estado, que señalaron que las rutas fueron entregadas sin cumplir requisitos legales, así como en análisis técnicos y jurídicos que develaron que las rutas y las frecuencias «tenían interferencias entre sí, lo que hasta la fecha ha generado 52 personas fallecidas por correteos, solo en el último semestre del 2021«.
La ANT detalló, además, que en las últimas semanas llegaron a la ANT denuncias sobre pagos de entre $ 50.000 y $ 480.000 para la entrega de rutas y frecuencias, mismas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, por parte del Director Ejecutivo.
La Procuraduría resaltó la legalidad y pertinencia de la medida adoptada por la ANT, pero sus argumentos tampoco fueron tomados en cuenta, por lo que, dichos juzgados han revertido la medida de suspensión.
Con ese antecedente, la ANT advirtió que reforzará los controles en terminales terrestres y solicitó a los entes de control “resguardar la seguridad vial en las carreteras del país, ante el inminente riesgo de siniestros de tránsito que puedan derivar de los correteos y cruces de frecuencias generados por la medida dictada por los juzgados en contra las resoluciones adoptadas a finales del 2021 por la seguridad vial de todos los ecuatorianos”.
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El director ejecutivo de la ANT, Adrián Castro, sostuvo que agotará todos los recursos legales en contra de la decisión de las juezas e informó que, a más de la queja pertinente, ya ha solicitado una investigación al Consejo de la Judicatura para que analicen posibles sanciones por las resoluciones emitidas.
“Lo que hizo la ANT fue darle una respuesta a las familias que perdieron a sus seres queridos por la siniestralidad, ahora qué les dirá la justicia a esas familias… hay jueces que han puesto primero al ingreso económico de las operadoras que la seguridad y a la vida de miles de pasajeros”, manifestó Castro. “La medida concedida por las dos juezas le deslinda de responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir, tanto a la ANT como a su Directorio”, añadió. (I)
