La mora en el pago de pensiones afecta la manutención de miles de menores en Ecuador

Por Camila Witt, colaboradora del medio digital Equinoccio

Cómo será de importante la manutención de los hijos que las deudas de pensiones alimenticias son las únicas por las que los adultos pueden ser detenidos. Así de grave puede llegar a ser el incumplimiento de los pagos, aunque los engorrosos trámites y la lentitud en los procedimientos hace que muchos progenitores -en su gran mayoría madres- se desanimen de  seguir con los procesos judiciales tanto para dejar por sentada la mensualidad en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), como para actuar contra los morosos.

A mayo de este año en el SUPA estaban registrados 1.056.532 niños, niñas y adolescentes; las personas que están actualmente obligadas a pagar pensiones alimenticias son 824.943 que tienen como plazo máximo el quito día de casa mes. A partir de esto se reportaa una mora con intereses diarios y que, en caso de que se incumplan más de dos, el deudor incluso puede ser detenido por incumplimiento de pago.

Entre las principales causas están el alto índice de desempleo, la crisis económica, el desconocimiento de la Ley y el costo de los trámites en los que se debe incurrir para iniciar la demanda, además del tiempo que demora.

La abogada Efigenia Witt, directora ejecutiva de la Fundación Defensa NNA y especialista en derechos familia, cree firmemente que cuando existen buenas intenciones, hay muchas posibilidades de llegar a acuerdos, incluso sin la necesidad del juicio,  siempre que se piense en el bien superior de los niños.

“Hay que quitarse de la cabeza la idea de que establecer la demanda es una maldad, una venganza; hay que normalizar los procesos que permiten garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que entender que este es un procedimiento jurídico simple que busca el bienestar y la seguridad de los hijos”, dice.

En su experiencia, la abogada consultada ha visto de todo: buenos padres y madres abusivas, padres irresponsables y madres desesperadas por falta de dinero; hijos adolescentes que han demandado por su cuenta, entre otros. Para ella es importante que se entienda que la pensión alimenticia se asigna según la Tabla de pensiones alimenticias mínimas teniendo en cuenta al salario que percibe el demandado, descontando la aportación al IESS. Aclara que la ventaja de tener el proceso claro es que se eliminan los roces entre los progenitores y se le otorga garantías y legalidad al proceso.

Hay muchos casos donde los acuerdos de palabra son como un juego de azar. Guissel, mamá de Elías de 3 años, es una víctima de la buena fe. Cuenta que se demoró más de un año en tomar la decisión iniciar la demanda contra el papá de su hijo. Logró que lo reconozca con prueba de ADN solicitada por el juzgado, pero nunca dio continuidad al proceso confiando en un pacto verbal que tienen. Desde hace un año recibe USD 115 mensuales, pero en varias ocasiones le roca presionar y usar el tema de la demanda como amenaza, y con el temor de que incumpla porque no tiene ningún soporte legal que le permita reclamar.

Al norte de Quito esta Daniela, quien después de varios meses de darle casería por toda la ciudad, al fin ubicó hace pocas semanas el nuevo domicilio del papá de su hijo Ignacio de 9 años. Le tocó llegar con la Policía para que lo detengan porque ya son 8 meses desde que dejó de recibir la pensión que tiene asignada en el SUPA de USD 250 dólares. Astutamente, el señor cambio su domicilio, canceló su línea telefónica y aumentó la privacidad y bloqueos de todas sus cuentas de redes sociales, incluso cambió su modalidad laboral de relación de dependencia a servicios profesionales con la intención de que le reduzcan la pensión. El padre estará detenido hasta que cancele la deuda completa.

En la otra cara de la moneda está Jairo, que busca la forma de depositar, así sea de a poco cada dólar que logra conseguir para la pensión de su hija. No la ha visto hace seis meses, desde que fue cancelado de su trabajo, porque su madre no se lo permite mientras no salde la deuda completa. Le duele saber que su hija pasa necesidades y que además no puede verla. Está trabajando como conductor privado en su vehículo y con eso espera ponerse al día.

Aunque existen otros mecanismos en la Ley, muy pocos casos hacen uso de ella, como la posibilidad de demandar a los abuelos, tíos o hermanos mayores de edad cuando el papá o mamá que debe pagar pensión haya muerto, esté privado de la libertado, no tenga capacidad de sostenerse así mismo o que el progenitor sea inubicable. De estos existen únicamente 700 casos registrados en el SUPA.

Un juicio de alimentos puede costar entre 500 y mil dólares, en promedio, teniendo en cuenta documentos, fotocopias y certificados, movilización, honorarios profesionales y otros. En muchos casos, el no contar con estos recursos hace imposible poner la demanda y continuar. El trámite, si es que fluye sin contratiempos, lo menos que demora es dos o tres meses, y hay algunos casos que duran años. Este es otro factor por el que muchas veces se pone la demanda pero no se le da continuidad.

Según la abogada, aunque puede ser casi imposible de cuantificar, podría haber el doble de niños que no cuentan con una pensión alimenticia asignada, teniendo a sus padres desaparecidos por completo o peleando mes a mes por recursos que les corresponden por  Ley desde el momento de su nacimiento hasta que cumplen los 18 años, o hasta los 21 cuando se encuentran cursando una carrera universitaria.

Valores pagados por concepto de pensiones alimenticias, de enero a mayo de 2022:

*Corte de la información a mayo 2022 –Consejo de la Judicatura.