Un mensaje de defensa de la democracia y la estabilidad institucional marcó la intervención del presidente Guillermo Lasso durante la interpelación en el pleno de la Asamblea Nacional.
El mandatario empleó menos de una hora de las tres que tenía para ejercer su descargo en el juicio político que impulsa un sector opositor liderado por el movimiento Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) que lo acusan de peculado.
Alrededor del medio día, Lasso arribó acompañado de su esposa, el vicepresidente Alfredo Borrero, ministros de Estado y en medio de los vítores y aplausos de los asambleístas de su bancada ingresó al hemiciclo legislativo.
En los alrededores, desde el parque El Arbolito, sus simpatizantes se congregaron para respaldarlo con música, banderas y pancartas que reiteraban el mensaje del gobierno: “Un pueblo próspero requiere una democracia firme”.
En su discurso, el primer mandatario calificó al juicio político como “proceso infundado”, plagado de “falacias” y acusó a los legisladores de intentar consolidar “un asalto a la democracia”.
Sobre los fundamentos de descargo, Lasso enfatizó que no hay recomendaciones de la Contraloría para terminar el contrato entre FLOPEC y Amazonas Tanker, que no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario y que fue él mismo quien puso en conocimiento de la Fiscalía el expediente de FLOPEC. Según el gobernante sobre las acusaciones de peculado no hay testigos relevantes de nada.
“Ustedes no pueden permitir que se cometa una ilegalidad”, instó el mandatario a los legisladores convocándolos a votar “a favor de la institucionalidad”, “ a favor de la democracia”.
A su turno, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, primera interpelante en el proceso, aclaró que no son jueces ni fiscales sino juzgadores políticos. “Aquí se probará la responsabilidad política del presidente Lasso, pues usted conoció la corrupción y no hizo nada, usted consintió, organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en FLOPEC, por eso pretendemos que sea censurado y destituido”, afirmó Veloz.
Por su parte, el socialcristiano Esteban Torres, complementó la presentación y reiteró que el juicio político es una figura contemplada en la Constitución. “Este es un juicio con legitimidad jurídica porque se desarrolla dentro de las previsiones normativas de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del propio dictamen de la Corte Constitucional”.
Torres, segundo interpelante, defendió la necesidad de un cambio ante lo que llamó el fracaso del actual mandatario. “Si el presidente de la República es censurado y destituido… le sustituirá el vicepresidente del Ecuador y al país se le abrirá, al menos por un horizonte de dos años, una nueva etapa democrática”.
Ambos interpelantes hicieron el uso de la réplica luego de la intervención presidencial, aunque el mandatario abandonó el hemiciclo tras su participación inicial.
El debate continuó con la intervención de los asambleístas inscritos que tuvieron 10 minutos para exponer sus ideas sobre el proceso en contra del mandatario. Al momento, no hay certezas sobre los 92 votos que se requieren para censurar y destituir al presidente, lo que sí se sabe es que, el titular de la Asamblea Nacional tendrá que convocar a los legisladores, dentro de los cinco días posteriores al cierre del debate, para decidir sobre el futuro político del presidente de Ecuador.
Como novedades del proceso político contra el primer mandatario se conoció que 11 asambleístas de Pachakutik no votarán por la censura, sin embargo, Salvador Quishpe aseguró que apoyará la destitución del presidente, además, la asambleísta por Izquierda Democrática, Wilma Andrade, no estará en la sesión de votación ya que, informó, no estará en el país.
La acusación de peculado a Guillermo Lasso se relaciona con su supuesta inacción frente a la renovación de un contrato entre la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tanker que, según un informe de la Contraloría General del Estado, generó perjuicios para el Estado ecuatoriano en al menos seis millones de dólares.
Esta es la primera vez, en la historia democrática de Ecuador, que un presidente es enjuiciado políticamente.
