En un hecho inédito en la historia democrática de Ecuador, la Asamblea Nacional quedó disuelta este miércoles, luego de que el presidente Guillermo Lasso aplicó la “muerte cruzada”, establecida en el artículo 148 de la Constitución.
Invocando la causal de “grave crisis política y conmoción interna”, el presidente disolvió al legislativo cesando las funciones de los 137 asambleístas y notificó al Consejo Nacional Electoral para que, en el plazo de siete días, a partir de la emisión del decreto ejecutivo 741, convoque a elecciones.
Con la decisión, el presidente frenó el juicio político que buscaba su destitución y que estaba en sus horas finales.
El mencionado decreto establece, además, la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional y aclara que la disolución “no otorga a las y los asambleístas, ni al personal legislativo ocasional, derecho a reparación o indemnización alguna”.
En cadena de televisión, el jefe de Estado aseguró que tomó la medida porque “no es posible avanzar” en la resolución de los problemas de los ecuatorianos “con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno”. Afirmó que en el legislativo sus detractores “se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana”.
Lasso defendió la decisión de su gobierno y ratificó que es “democrática, no solo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
Facultado por el artículo 148 de la Constitución, anunció que “a partir de hoy sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley “, de los cuales el primero ya fue firmado en materia tributaria y hace referencia a la deducción del impuesto a la renta presentado con anterioridad a la Asamblea. “Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen”, dijo Lasso y aseguró que la prestación de servicios públicos no se suspende.
El jefe del Comando Conjunto, General Nelson Proaño, se dirigió al país y aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes”. Al tener base constitucional, el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea debe ser respetado por todos los ciudadanos, afirmó en su mensaje.
Ante las posibles protestas que pudieran surgir en rechazo al decreto presidencial, afirmó que “el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional” y que, en caso de darse, “actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos”.
Recodó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son “obedientes y no deliberantes”.
Las fuerzas políticas cesadas tomaron su posición como el Partido Social Cristiano y una facción de la Izquierda Democrática que presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por el fondo.
El jefe de la bancada socialcristiana, Esteban Torres, afirmó que espera que la Corte dirima el conflicto. “Nosotros respetaremos la decisión, si el decreto carece de legalidad y constitucionalidad la Asamblea se mantendrá en pie, si el decreto tiene la validez y el reconocimiento de la Corte nos iremos a elecciones”.
El movimiento político de la Unión por la Esperanza UNES anunció que, a pesar de considerar el decreto como “ilegal e inconstitucional” y como una muestra del triunfo de esa bancada frente al juicio político, “nosotros no nos aferramos al cargo”, dijo Marcela Holguín. Virgilio Hernández, del buró político de UNES, ratificó la posición de esa agrupación. “Nosotros como somos coherentes no vamos a tomar ninguna acción en ese sentido (demanda de inconstitucionalidad) porque creemos que el pueblo en situación de crisis debe dirimir”.
