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Bolivia y Ecuador, dos países unidos por un puntos en común: el contrabando de cigarrillos

El contrabando de cigarrillos se ha convertido en un desafío económico y social de gran magnitud tanto en Bolivia como en Ecuador. IAN Miranda, representante de la Cámara de Industrias y Servicios de Santa Cruz en Bolivia, ha compartido un detallado análisis de la situación en su país, mientras que en Ecuador, las autoridades enfrentan retos similares, con implicaciones graves para la economía, la salud pública y el crimen organizado.

PERIODISMO PÚBLICO entrevistó al especialista para analizar cómo la problemática del contrabando, en este caso del cigarrillo, no solo ataca a Ecuador, sino también al resto de países de América Latina. El análisis se realiza a partir del reportaje elaborado con el apoyo de CONNECTAS.
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En Bolivia, el contrabando de cigarrillos moviliza cerca de 62 millones de dólares anuales, representando más de mil millones de cigarrillos. Según Miranda, las extensas fronteras del país, que abarcan casi 7.000 kilómetros, facilitan el ingreso de productos ilegales, especialmente desde Paraguay, uno de los mayores productores de cigarrillos en la región.

Estos cigarrillos, a menudo de marcas paraguayas o coreanas, se comercializan principalmente en mercados informales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En muchos casos, se trata de productos falsificados con ingredientes peligrosos, como hierbas o palillos en lugar de tabaco.

Miranda subrayó que, aunque Bolivia cuenta con una legislación que penaliza el contrabando, el alto grado de informalidad y la falta de coordinación entre las autoridades impiden avances significativos en la lucha contra esta actividad ilícita.

Las incautaciones no siempre resultan en procesamientos efectivos, lo que refuerza la impunidad. Un caso emblemático ocurrió en un edificio lleno de cigarrillos falsificados donde, a pesar de la gran cantidad de mercadería confiscada, no hubo responsables sancionados.

Las zonas fronterizas Ecuador, especialmente en las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas, son los puntos principales de ingreso de cigarrillos ilegales. Al igual que en Bolivia, muchas de las marcas provienen de Paraguay y Colombia, y Ecuador se ha convertido no solo en un país de paso, sino también en un productor y distribuidor de cigarrillos ilegales.

Una diferencia clave entre ambos países radica en la normativa. En Bolivia, el valor de la mercadería incautada debe superar los 700.000 dólares para ser considerado contrabando delictivo, mientras que en Ecuador la ley permite que los contrabandistas justifiquen su accionar en un plazo de 72 horas, lo que frecuentemente evita sanciones efectivas.

Un problema regional

El contrabando de cigarrillos en ambos países está estrechamente vinculado a redes de crimen organizado que operan a nivel regional. Miranda explicó que este fenómeno no es un problema aislado, sino parte de una economía informal más amplia que incluye actividades ilícitas como el blanqueo de dinero y la legitimación de ganancias ilegales.

Las rutas ilegales utilizadas en Bolivia, como las que cruzan la frontera con Chile a través de más de 30 pasos ilegales, son una muestra de la complejidad del problema. En Ecuador, el uso de rutas clandestinas para transportar cigarrillos refuerza la naturaleza transnacional del contrabando.

Impacto en la economía y la salud

El impacto económico del contrabando es considerable, afectando gravemente a las industrias legales de ambos países que luchan por competir con los precios más bajos del mercado informal. En términos de salud pública, el contrabando de cigarrillos presenta riesgos adicionales, especialmente para los jóvenes, que optan por productos de baja calidad debido a su menor costo. En Ecuador, por ejemplo, se ha reportado que adolescentes desde los 12 años consumen cigarrillos ilegales, lo que agrava los riesgos para su salud.

Tanto Bolivia como Ecuador enfrentan grandes retos en su lucha contra el contrabando de cigarrillos. La corrupción, la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales y la alta informalidad en ambos países perpetúan este problema, que no solo afecta los ingresos fiscales, sino que también alimenta redes criminales transnacionales. (I)

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