Quito fue sede de un importante seminario que reunió a expertas de varios países de América Latina, Canadá y Estados Unidos para reflexionar sobre la necesidad de eliminar el delito de aborto en Ecuador. El evento fue organizado por el Movimiento Justa Libertad en la Universidad Central del Ecuador, en el marco del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, celebrado cada 28 de septiembre.
Ana Vera, portavoz de Justa Libertad, destacó que el objetivo del seminario fue debatir sobre la salud, la igualdad y la violencia basada en género, temas que están profundamente conectados con la penalización del aborto. «Queremos compartir las experiencias de la región donde ya se ha despenalizado el aborto, y mostrar los impactos positivos que estas decisiones han tenido en los derechos de las mujeres y niñas», señaló Vera.
El seminario contó con la participación de figuras reconocidas en la lucha por los derechos reproductivos, como Ana Cristina González, pionera del movimiento Causa Justa en Colombia; Ximena Casas, investigadora vinculada a Human Rights Watch y Planned Parenthood Global; y Ruth Zubriggen, activista y académica argentina. Todas ellas compartieron sus experiencias en la eliminación del delito de aborto y cómo estas medidas han fortalecido los derechos humanos en sus respectivos países.
Justa Libertad, un movimiento que agrupa a ocho organizaciones defensoras de los derechos humanos en Ecuador, fue fundado en marzo de 2024 con el objetivo de eliminar el delito de aborto del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ese mismo mes, el movimiento presentó una solicitud ante la Corte Constitucional del Ecuador para que declare inconstitucional el artículo 149 del COIP, que sanciona a las mujeres que abortan con penas de hasta dos años de cárcel y a quienes les asistan con hasta tres años.
Según Vera, la existencia del delito de aborto en Ecuador representa una grave amenaza para los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. «Es urgente que este delito se elimine para evitar que más mujeres sigan siendo criminalizadas o forzadas a maternidades no deseadas», afirmó. En 2022, según datos del Ministerio de Salud, 2.001 niñas en Ecuador fueron obligadas a dar a luz, muchas de ellas víctimas de violación.
El estudio de Human Rights Watch reveló que el 73 % de los procesos judiciales por aborto en Ecuador se iniciaron después de que profesionales de la salud denunciaron a sus pacientes, violando el deber de confidencialidad.
En los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por aborto consentido en Ecuador, lo que, según Vera, genera un clima de miedo que inhibe a los profesionales de la salud de brindar atención adecuada.
El impacto psicológico de la penalización del aborto también fue un tema abordado durante el seminario. «Los estudios científicos muestran que lo que realmente afecta la salud mental de las mujeres es la falta de control sobre sus decisiones reproductivas, no el aborto en sí», explicó Vera, abogada y defensora de los derechos humanos.
Además del seminario, el movimiento Justa Libertad ha estado desarrollando una serie de actividades en todo el país para generar conciencia sobre la necesidad de despenalizar el aborto. Talleres, conversatorios y eventos artísticos han sido parte de una campaña de pedagogía social que busca desmitificar creencias erróneas sobre el aborto y educar a la ciudadanía sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Uno de los mayores retos que enfrentan es la estigmatización social del aborto. Según Vera, muchas mujeres que abortan de manera voluntaria o que incluso sufren abortos espontáneos enfrentan violencia obstétrica y discriminación tanto en el sistema de salud como en sus propias familias. «No basta con cambiar la ley, es necesario cambiar los patrones culturales que siguen castigando a las mujeres por ejercer sus derechos reproductivos», insistió.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el aborto es una de las intervenciones médicas más seguras cuando se realiza en condiciones adecuadas, con personal de salud capacitado y acceso a información precisa. Sin embargo, en Ecuador, las barreras legales siguen impidiendo que las mujeres accedan a abortos seguros, lo que pone en riesgo sus vidas y su bienestar.
El seminario culminó con un llamado a la Corte Constitucional para que tome una decisión favorable sobre la eliminación del delito de aborto antes de que termine el año. Mientras tanto, el Movimiento Justa Libertad continuará con sus actividades de concienciación y movilización, entre ellas, una gran marcha en Quito el 28 de septiembre, en la que se espera la participación de diversas organizaciones feministas y artistas que cerrarán la jornada con un concierto.
«Nuestro objetivo es claro: que el aborto deje de ser un delito en Ecuador y que las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva de manera segura y sin temor a ser criminalizadas», concluyó Vera, reafirmando el compromiso del movimiento por garantizar la libertad y los derechos de las mujeres y personas gestantes en el país. (I)
