Por: Gabriel S. Galán Melo
En medio del debate nacional provocado por la posibilidad de convocar a una nueva asamblea constituyente, nos urge reflexionar sobre los temas que requieren una real transformación estructural. A la fecha, lamentablemente, la discusión sobre la vía de modificación se ha convertido en el mejor distractor respecto del diálogo sobre lo sustancial: aquello que necesita un cambio inminente. Si tuviésemos claridad y consenso sobre lo que debe modificarse convendríamos, muy posiblemente, también en el camino de la transformación. Si lo hacemos en sentido contrario, opacamos lo esencial en la sola articulación de la forma, que indiscutiblemente importa, pero que, no corrige de suyo los yerros sustanciales del texto constitucional vigente. La experiencia constitucional en Ecuador nos dice que: “la cura puede ser peor que la enfermedad”. Por ello, es prioridad referirse primero a las estructuras que deben transformarse para luego indagar sobre el camino que mejor se adecue a dicha transformación.
Una de estas estructuras -que amerita un cambio urgente- es, sin lugar a dudas, el mecanismo de designación de las autoridades de control. La experiencia reciente con los concursos públicos de méritos y oposición ha demostrado sus limitaciones; ya que, lejos de garantizar transparencia y mérito, han derivado en procesos altamente politizados, profundamente manipulados y totalmente carentes de credibilidad. El ideal de la meritocracia ha sido distorsionado por ciertas estructuras de poder que han capturado los concursos desde sus bases, desnaturalizando su espíritu y afectando gravemente a la institucionalidad nacional. Hoy, muchos de los que ocupan los cargos de control no cuentan con la legitimidad ética ni técnica que sus funciones exigen. La ciudadanía lo percibe, lo sabe y lo sufre. Las múltiples instituciones encargadas de fiscalizar y controlar en nuestro país se han convertido, en algunos casos, en cómplices del agravio por omisión y, en otros tantos, en los brazos ejecutores de intereses protervos y ajenos al bien común.
Por ello, si una nueva constitución se llega a discutir, uno de los puntos en el que debería concentrarse un esfuerzo sustancial de rediseño es el mencionado. Es hora de superar el modelo fallido de concursos y repensar un sistema de cooptación que, bien estructurado, no implique un reparto de cuotas, sino que articule un espacio de corresponsabilidad institucional. Propongo un sistema de designación que convoque a representantes de las distintas funciones del Estado bajo reglas claras, plazos definidos y estándares éticos inquebrantables. Los perfiles de las autoridades de control tendrían que basarse en una trayectoria profesional reconocida, con solvencia técnica y moral, sin vínculos con partidos políticos, movimientos y/o procesos electorales ni antecedentes que comprometan su independencia. Una cooptación regulada, exigente y plural puede ofrecer mejores garantías que un sistema de concursos que ha sido capturado desde dentro.
Y no se trata de volver al pasado, sino de corregir los errores cometidos en nombre de la transparencia. Porque necesitamos construir, en este ámbito en particular, una nueva institucionalidad que recupere la confianza ciudadana. Ya que, si el país está pensando en refundar su pacto constitucional, debe hacerlo desde una base ética firme y desde una arquitectura institucional que respalde los grandes objetivos de toda la comunidad, no que los sabotee; y menos aún, que entorpezca burdamente el verdadero control del poder público.
