Según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), Ecuador genera alrededor de 245.000 toneladas de basura por año, de las cuales 122.500 toneladas se recuperan tras la recolección de recicladores de base. En Quito, los recuperadores de base enfrentan precariedad laboral, pero iniciativas como Renarec impulsan su formalización y mejores condiciones. La Ley de Economía Circular Inclusiva ofrece un marco legal, aunque su aplicación es limitada. / PODCAST
El sol se levanta sobre Quito, pintando de dorado las calles aún dormidas. Pero el silencio se rompe con el crujir de botellas de plástico, cartón y vidrio que salen desde los contenedores acomodados a los costados de condominios, parques, centros comerciales y plazas.
Son los recicladores de base (personas que recolectan, separan y venden materiales reciclables como medio de subsistencia): hombres y mujeres que, con su esfuerzo diario, le dan una segunda oportunidad a los desechos que los ciudadanos arrojan en los cestos de basura o, peor aún, en la calle, quebradas e incluso en ríos.
Según el informativo Gestores de Residuos, en la capital se recogen al día 2.000 toneladas de desperdicios y el 90% va a parar al vertedero. Recolectar cada tonelada cuesta cerca de 40 dólares, pero la ciudad ha invertido millones de dólares en la ampliación de vertederos, que pueden durar algunos años antes de quedar saturados- La solución está en manos de la gente.
Por ello, enfundados con mamelucos, delantales, gorras, guantes; la cara sucia y su vestuario corroído por líquidos, grasa, moho, los gestores de residuos recogen cada artículo que será almacenado en el Centro de Educación y Gestión Ambiental (Cegam), ubicado en la avenida Eloy Alfaro y Amancay en el norte de la capital.
Según el gremio de los clasificadores, en Ecuador, más de 50.000 personas recorren calles, mercados y barrios para almacenar los restos. Solo en Quito hay dos gremios principales que agrupan a estos trabajadores: la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec) y la Asociación de Gestores Ambientales del Distrito Metropolitano de Quito.
Renarec tiene 57 organizaciones a nivel nacional, que representan a 1800 familias y 20.000 recogedores. Dentro de su gestión, esta organización ha proporcionado uniformes, zapatos y un vehículo para transportar el material. En cambio, la Asociación de Gestores es una de las organizaciones que forma parte de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador.
Si bien es un gremio numeroso, apenas 10.000 clasificadores están registrados oficialmente, advierte Laura Guanoluisa, presidenta de Renarec, quien lucha por la reivindicación y el reconocimiento de la labor de los recolectores de residuos.
El Censo Nacional de gestores de residuos refleja la precariedad del sector. El 50% del sector es mujer. Muchas son jefas de hogar que sostienen a sus familias con esta actividad. Sin embargo, sus ingresos son bajos y carecen de beneficios sociales. Apenas el 4% está afiliado al seguro social. La falta de cobertura médica y la informalidad agravan su vulnerabilidad (ver cuadro).
A pesar de que un importante número es mujer, Guanoluisa, junto con sus compañeras reconoce que, dentro del gremio, existía discriminación por género. “Pero con el tiempo nos hemos posicionado como jefas de hogar y gestoras de residuos”, aclara.
El 25% de los encuestados vive en Guayas. Pichincha es la segunda provincia con mayor número, con el 12,2%. La edad de la mayoría de “cachineros” registrados oscila entre 18 y 30 años.
Sin embargo, un 23% tiene más de 61 años. Su situación se torna más precaria si se toma en cuenta de que el 13% de ellos no tiene ningún nivel de instrucción. Además, el 17% no sabe leer ni escribir.
El censo también reveló que la crisis migratoria motivó a muchas personas a encontrar en el reciclaje una forma de supervivencia. El 7% de los clasificadores son extranjeros, en su mayoría venezolanos, que se han dedicado a esta actividad debido a que no encuentran otra forma de subsistencia.
La inestabilidad económica es otro desafío. El 68% de este grupo humano manifestó que cambiaría de empleo si tuviera la oportunidad. También se conoció que el 36% de empleados labora los siete días de la semana, siendo los lunes el día de mayor actividad, mientras que diciembre es el mes con mayor recolección.
Aun así, el reciclaje de base sigue siendo el principal sustento del 88% de los encuestados, a pesar de que tienen que cumplir extenuantes jornadas. Una de estas personas es Marta Puente, integrante de Renarec y recicladora desde hace 18 años. La mujer está casada y tiene tres hijas. La mayor está buscando trabajo; las otras dos estudian.
Si bien esta labor le ha ayudado a sacar adelante a su familia, reconoce su deseo porque sus hijas salgan se ubiquen en el campo profesional. “Esta ocupación es muy sacrificada”, reitera.
En ese criterio coincide Laura quien aprendió el valor del reciclaje acompañando a su abuela, encontrando tesoros entre los desechos. Con el tiempo, siguió sus pasos trabajando en los vertederos de Quito, donde clasificaba residuos para vender, un trabajo peligroso pero que le proporcionaba ingresos.
Sin embargo, la exposición a desechos y la falta de reconocimiento por su labor generaron descontento en ella y sus compañeros, quienes exigían mejores condiciones y valoración por su importante trabajo.
Su entrega a esta labor lo hace en todo el sentido de la palabra. Desde las 06:00 hasta las 18:00, cumple su jornada con esmero. Acude a primera hora y, con su equipo, revisa los documentos, la contabilidad, seguridad social, horas trabajadas, sueldos, derechos laborales y todos los trámites administrativos que se requieran en la organización.
Pero también se da tiempo para conocer los resultados del trabajo de sus compañeras. Afuera de la oficina, se encuentra el punto de reciclaje, una instalación con techo de acero y rejas de metal, en donde se clasifican los restos.
En una primera área se encuentran cientos de botellas, en otra está acumulado el papel y cartón. Un equipo de 20 personas cumple turnos para realizar la clasificación, según su color y material.
El trabajo que realizan es denso. No solo por las largas y extenuantes caminatas para recoger “la materia prima” de los basureros, sino también, porque la clasificación es complicada, especialmente en los días de lluvia, que hay que procurar que el cartón y el papel no se mojen.
Guanoluisa, en su hogar, es la única mujer. Tiene cuatro hijos y su marido, a los que llama “mis cinco chicos”. A lo mejor por ello, es que le apasiona trabajar en equipo y no permite que sus compañeros se desanimen.
«Esto no es basura, es trabajo», dice con firmeza e insiste en que los clasificadores son esenciales para el cuidado del medio-ambiente. “Somos quienes evitamos que el país se ahogue en basura, pero seguimos siendo invisibles”, reitera.
El reciclaje no recibe el valor que tiene
El reciclaje de base es clave en la economía circular (modelo de producción y consumo que busca alejarse del tradicional sistema lineal de «extraer, producir, desechar»). Busca reutilizar materiales y reducir desechos.
No obstante, los “cachineros” enfrentan dificultades para integrarse en los sistemas formales de gestión de residuos. Por esa razón, Renarec, actores gubernamentales y organizaciones no gubernamentales como Fundación Avina promovieron una norma para fortalecer la labor de estos servidores.
El 29 de junio de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI) y fue publicada en el Registro Oficial Suplemento N.º 488 el 6 de julio de 2021.
La norma prometía cambiar esta realidad, reconocer el papel de los recolectores e impulsar su formalización. También establece un marco legal para transformar el modelo económico lineal del país hacia uno más sostenible e inclusivo.
Además, promueve el aprovechamiento eficiente de los recursos, el rediseño de procesos productivos y la reducción de residuos mediante la reutilización, el reciclaje y la valorización de materiales.
Por último, reconoce y fortalece el rol de las personas que recuperan materiales de base como actores clave del sistema, garantizando su inclusión en la cadena de valor. De esta forma, pretende generar empleo, proteger el ambiente y fomentar la innovación en prácticas empresariales sostenibles.
«Los recicladores son héroes Invisibles de la Economía Circular»
Con ese antecedente, la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI), ofrece un marco legal que reconoce el papel fundamental de los trabajadores de base e impulsa su formalización.
La ley y su reglamento buscan incorporar el trabajo de los operadores de gestión en los sistemas de gestión de residuos sólidos no peligrosos y la cadena de valor industrial para que los residuos con potencial de recuperación se conviertan en materias primas, aportando al desarrollo sostenible y a la gestión integral de residuos.
El concepto de reciclaje inclusivo se orienta a garantizar los derechos de los actores de la economía circular organizados y no organizados, incluyendo la libre asociación, la integración en la cadena de valor del reciclaje, un pago justo, trabajo digno y seguro, etc.
La LOECI, a su vez, busca revertir esta situación al establecer derechos para los proveedores de materia prima reciclable y promover su integración formal en la cadena de gestión de residuos.
Iniciativas que formalizan a los recolectores informales, los capacitan y los integran en proyectos de reciclaje contribuyen directamente a mejorar sus condiciones laborales, aumentar sus ingresos, y potencialmente reducir la inequidad de género al reconocer y valorar el trabajo que realizan las mujeres en este sector.
La norma también ordena a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos a reconocer el trabajo de los recuperadores urbanos dentro de la cadena de gestión integral de residuos sólidos, incluyendo estímulos e incentivos. Además, se les exige promover la formalización y certificación por competencias laborales.
La Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva y su reglamento proporcionan un marco legal que busca fortalecer las iniciativas que incluyen a los trabajadores informales del reciclaje para mejorar sus condiciones laborales.
Ecuador genera alrededor de 245.000 toneladas de basura por año.
Según estimaciones del Ministerio de Ambiente
No obstante, desde el inicio, la implementación de este cuerpo legal tuvo tropiezos, porque demoró la implementación del reglamento que recién fue emitido el 6 de julio de 2023, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 844 y publicado en el Registro Oficial Suplemento N.º 379 el 22 de agosto de 2023.
La falta de reglas operativas dificulta la puesta en práctica de la ley. A eso se suma que el Reglamento fue publicado dos años después de la norma, lo que naturalmente impidió una implementación oportuna.
La necesidad de elaborar normativa legal respectiva para efectivizar el trabajo del Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva se estableció en un plazo máximo de 180 días desde la publicación del reglamento, lo que subraya que la normativa era un requisito pendiente para la operatividad de la ley.
Felipe Toledo, experto en economía circular, explica que la idea es identificar la población nacional de los recuperadores. En 2022, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ejecutó un censo nacional.
Según la encuesta, en el país hay 10.000 recicladores, pero las organizaciones y gremios del sector estiman que la cifra real oscila entre 20.000 y 50.000.
Además, persisten desafíos en la integración de los gestores de residuos. Si bien la ley reconoce la importancia de los recuperadores urbanos, su integración efectiva en los sistemas formales de gestión de residuos a nivel municipal ha sido lenta.
En Ecuador, más de 50.000 personas recorren calles, mercados y barrios para almacenar los restos.
Por ejemplo, en Quito, los trabajadores informales denunciaron no haber sido consultados en la implementación de contenedores verdes para la separación de residuos, lo que muestra una falta de coordinación y de inclusión en sus decisiones.
El reglamento establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben garantizar la priorización, integración y participación de los clasificadores en la gestión de residuos sólidos no peligrosos, y expedir ordenanzas para la prestación de sus servicios.
La mención de que la municipalidad prometió mesas de trabajo, pero las suspendió sugiere que esta integración no siempre se materializa.
Según Renarec, las recicladoras formalizadas recuperan más del 80% del material reciclable en Ecuador. En Quito, más de 800 recuperadores han sido carnetizados y organizados en cooperativas. Un estudio de Fundación Avina muestra que recicladoras capacitadas aumentaron sus ingresos hasta en un 40%.
Nuevos proyectos de reciclaje transforman la gestión de residuos
Como parte de este esfuerzo, las entidades encargadas de la implementación de la Ley han trabajado de la mano con iniciativas privadas como «Quito a Reciclar», «Recicla Siempre» de empresas como PepsiCo con su proyecto “Reciclando en comunidad”, «Recicla para la Vida» en Tulcán, y «Latitud R – ECU», liderado por ReciVeci y Fundación Avina. están alineadas con los principios de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI).
Estas acciones operan bajo un enfoque que prioriza la reducción de residuos, el reciclaje y, especialmente, la inclusión social de las personas que recuperan materiales, elementos centrales en la LOECI.
Por ejemplo, integran a trabajadores informales en cadenas de valor más estructuradas, fomentan la educación ambiental ciudadana y fortalecen alianzas entre sector público, privado y sociedad civil para construir sistemas sostenibles de gestión de residuos. En conjunto, contribuyen a la transición hacia una economía circular con enfoque social y ambiental.
El proyecto de PepsiCo, al involucrar a tenderos y utilizar logística inversa, también podría estar en línea con los objetivos de la ley de fomentar la recuperación y valorización de residuos de productos prioritarios, aunque la ley específicamente establece la necesidad de elaborar una lista de productos prioritarios sujetos a responsabilidad extendida del productor.
El censo señala que un significativo porcentaje de los recuperadores son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar en situación de precariedad laboral, con bajos ingresos y falta de beneficios sociales.
Este fenómeno no es aislado: en América Latina, la gestión de residuos tiene rostro de mujer. Su labor es una respuesta directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Concretamente al ODS 5 (Igualdad de Género), que exige reconocer el valor del trabajo no remunerado de las mujeres, y al ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), que busca reducir el desperdicio mundial mediante el reciclaje técnico.
En el asfalto de Quito -a más de 2.800 metros de altura, enfrentando una radiación ultravioleta extrema y un clima andino cambiante-, estas mujeres son las ejecutoras de una agenda global que las oficinas aún no logran aterrizar
Puente aplaude todas las iniciativas orientadas a fortalecer la reutilización de residuos. Pero cree que el problema principal es la falta de conciencia ciudadana. “Si la gente separa bien sus residuos, nos ayudarían muchísimo”, comenta.
La separación en origen es clave, reiteran los gestores. Ellos insisten en que un cambio real empieza en los hogares. «Si todos tuvieran dos tachos, uno para orgánicos y otro para reciclables, nuestra labor sería más digna», señala César Sanguñarias, quien se dedica a esta labor hace 15 años, junto con su esposa, Laura Guanoluisa.
El desafío no es la caridad, sino el reconocimiento profesional. Estas mujeres no solo ‘recogen basura’; realizan una clasificación técnica de materiales que ahorra millones de dólares en energía y recursos vírgenes a las industrias.
Empero, ellos en un vacío legal donde su conocimiento empírico sobre polímeros y metales no se traduce en seguridad social ni pensiones dignas.
Mercedes Simbaña, otra de las recicladoras, no niega que se frustra cuando saca una botella sucia de las bolsas de basura. “Si las personas separaran sus residuos en casa, nos ahorrarían mucho esfuerzo”, dice con resignación.
Las trabajadoras del reciclaje insisten en que la ciudadanía tiene un rol clave. Clasificar el plástico, el cartón y el vidrio no requiere mucho esfuerzo, pero marca la diferencia.
El desinterés ciudadano y la falta de información agravan el problema. En Quito, en enero de 2025, el Municipio de Quito instaló nuevos contenedores de basura para promover la separación de residuos y el reciclaje. Los contenedores grises con etiquetas verdes recibieron desechos orgánicos, mientras que los azules fueron destinados a residuos inorgánicos.
La iniciativa, liderada por Emaseo EP, comenzó en cinco barrios del sur de la ciudad, benefició a más de 236 mil habitantes y mejoró en un 43% la recolección diferenciada en las zonas de Quitumbe y Eloy Alfaro.
Los contenedores verdes fueron colocados para fomentar la separación de residuos reciclables en origen y facilitar su recolección.
Sin embargo, el gremio denunció que no fueron consultados en la implementación. “La municipalidad nos prometió mesas de trabajo, pero las suspendieron sin avisarnos”, reclama Guanoluisa.
El costo sanitario de la invisibilidad
La labor de las recicladoras de base no solo es un desafío logístico, sino una lucha de resistencia física que impacta desproporcionadamente en la salud femenina. Al operar en la informalidad, estas mujeres se convierten en la barrera humana que filtra los desechos de una sociedad de consumo desmedido, exponiéndose a riesgos que la salud pública aún no termina de catalogar.
La exposición constante a lixiviados (líquidos tóxicos que desprende la basura en descomposición) y la inhalación de microplásticos y gases en los puntos de acopio, plantean una amenaza silenciosa. Estudios de salud ocupacional advierten que las mujeres en este sector enfrentan riesgos ergonómicos graves.
Esta carga física no es una teoría para Blanca; es el dolor de espalda con el que llega a casa cada noche tras recorrer los barrios de Quito: jornadas de más de 10 horas de pie y el levantamiento de cargas que superan los límites recomendados, lo que deriva en lesiones crónicas de columna y articulaciones.
Además, existe un sesgo de género en el riesgo sanitario. Muchas de estas trabajadoras son jefas de hogar que deben alternar la recolección con la crianza, lo que implica una «triple carga».
El esfuerzo físico del oficio, la gestión del hogar y el impacto psicológico de la estigmatización social son una constante. A eso se suma la falta de acceso a protocolos de bioseguridad, equipos de protección adecuados.
Guanoluisa y sus «compañeras de lucha», como le gusta llamarlas, instan a la autoridades a que se reconozcan su labor. Y eso implica, necesariamente, diseñar políticas de salud pública y que dejen de verlas como «voluntarias ambientales». Además, que empiecen a tratarlas como trabajadoras de alto riesgo.
Blanca Lara, viuda de 59 años y jefa de un hogar de 12 nietos en Tumbaco, es otro rostro de esa resistencia. Tras 23 años de sostener sola a su familia, hoy recorre las calles junto a su hija para recolectar cartón a 8 centavos el kilo y botellas a 35, logrando un ingreso mensual conjunto de apenas 240 dólares—menos de la mitad de un salario básico en Ecuador—.
«La gente nos mira torciendo la nariz mientras ayudamos a limpiar el planeta», relata Blanca, quien incluso durante los meses más estrictos de la pandemia salía a reciclar a escondidas para no morir de hambre.
Su historia no es un caso aislado, sino el reflejo de una desigualdad estructural donde, según el Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), las mujeres enfrentan brechas de género que invisibilizan su servicio ambiental esencial para la acción por el clima.
La basura, una “mina de oro”
Las empresas han comenzado a ver el reciclaje como una oportunidad. Programas como «Reciclando en Comunidad» han logrado recuperar miles de botellas PET en meses.
Pero la informalidad sigue pesando, advierte Toledo. El programa de certificación de competencias laborales, impulsado por el SECAP, ha beneficiado a apenas 300 operadores de gestión de residuos de más de 1.500 miembros de Renarec.
Guanoluisa está convencida de que el reciclaje es una solución ambiental y social. “No queremos limosnas, queremos respeto y oportunidades”, afirma.
Mientras el sol cae, los recolectores siguen clasificando materiales en el centro de acopio. La lluvia no mermó el ánimo para organizar. El frío y la llovizna no les quita el empeño. «Nos ven como indigentes, pero somos trabajadores esenciales», sostiene Simbaña.
Su mensaje es claro: la ciudadanía tiene un rol fundamental en la cadena del reciclaje. “Cada botella que recogemos es una pequeña victoria”, reiteran los gestores.
El atardecer termina; la oscuridad en el centro de acopio se hace evidente. Mientras el sol se oculta, poco a poco, los recolectores dejan a un lado las botellas que faltaron de contar.
Se quitan su mameluco y salen a la calle, sin su etiqueta de “reciclador”. El cansancio los empuja para ir a su casa, la familia los espera. Su jornada acabó y aunque continuará mañana, para Guanoluisa ese trajín solo le llena de compromiso.
La economía circular solo será verdaderamente ‘circular’ cuando el eslabón más fuerte de la cadena —las mujeres— deje de ser el más invisible. “La verdadera victoria será cuando todos entendamos que el reciclaje no es solo nuestro trabajo, sino una responsabilidad compartida”, advierte. (I)
Escucha esta investigación: Análisis auditivo sobre la brecha de género y la economía circular en Quito (Generado por IA)
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