La Fiscal General del Ecuador, Lady Diana Salazar Méndez, anunció su renuncia irrevocable a su cargo, tras más de seis años liderando la Fiscalía y enfrentando los retos de combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en el país.
A través de un comunicado a la ciudadanía y difundida a través de instituciones oficiales, Salazar compartió las dificultades y amenazas que enfrentó durante su gestión, incluyendo ataques por parte de mafias, amenazas a su integridad y presiones políticas. A pesar de ello, afirmó que actuó siempre con rectitud, actuando conforme a la ley y con la intención de hacer lo correcto, desmantelando redes criminales y desenmascarando a quienes, bajo el disfraz de salvadores, saqueaban al país.
Reconoció el esfuerzo y sacrificio de su equipo en la Fiscalía, la Policía Nacional, los jueces honestos, medios de comunicación responsables y a la ciudadanía que confió en su trabajo. Mencionó también el apoyo de países como Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido e Italia, que aportaron en la lucha contra la corrupción.
Salazar expresó su satisfacción por cumplir con su deber y afirmó que se despide con la conciencia tranquila y sin resentimientos, dejando varias investigaciones en curso. Además, lamentó que su lucha haya sido vista como un atentado contra intereses criminales y que su condición de mujer afroecuatoriana fue objeto de ataques machistas y racistas.
En su carta, la fiscal resaltó los casos emblemáticos que marcó su gestión, como el caso Sobornos, la Reconstrucción de Manabí, y otros relacionados con la corrupción en diferentes sectores del Estado, que evidencian el estado de descomposición en que se encontraba la justicia en Ecuador. Concluyó haciendo un llamado a la vigilancia ciudadana para que la justicia no sea desviada y reafirmó su compromiso con la lucha por la transparencia y la justicia en su país.
Salazar recordó así que su intención no fue quedarse de forma permanente en el cargo. De esa manera, el fiscal Wilson Toainga asumirá el rol, hasta que se designe de manera formal el nuevo fiscal general de la Nación.
El anuncio de Salazar tuvo una respuesta inmediata por parte de La Asamblea Nacional. A través de su cuenta de X, su presidente Niels Olsen, informó que mañana, miércoles 21, a partir de las 16:10, el Pleno conocerá la renuncia de la Fiscal.
Salazar ejerció funciones durante seis años y su salida abre un proceso que debe seguir un procedimiento formal antes de oficializarse.
Según la Constitución ecuatoriana y el Código Orgánico de la Función Judicial, el cargo de Fiscal General se obtiene mediante concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con un período de seis años. La renuncia, en este caso, no es automática, sino que debe ser conocida y aceptada por el Pleno de la Asamblea.
Una Asamblea en movimiento
El trámite legislativo contempla tres pasos esenciales: el conocimiento formal de la renuncia, su aceptación o negación por parte del Pleno, y la posterior notificación oficial, que podría incluir su publicación en el Registro Oficial. De este modo, se garantiza la continuidad de funciones en la Fiscalía y la validez jurídica del proceso.
Esta decisión se da en medio de una serie de reformas impulsadas por el presidente Olsen. Entre ellas está el cambio en los horarios de sesiones del Pleno y de las comisiones. “Si los ecuatorianos trabajan toda la semana, sus representantes también”, expresó Olsen en su cuenta de X.
Desde esta semana, el trabajo legislativo se realizará los lunes, martes y miércoles en el Pleno, mientras que el resto de días se destinarán a las comisiones especializadas. Los viernes, además, estarán enfocados en actividades en territorio, según el nuevo cronograma presentado por Olsen.
En ese contexto, el 19 de mayo se instaló también el Comité de Ética de la Asamblea. Tras dificultades iniciales por falta de quórum, se designaron a sus cinco miembros: Johnny Lavayen, María Besibell Mendoza, Katherine Pacheco, Sergio Peña y Manuel Choro. Este último fue elegido luego de una segunda votación impulsada por el legislador oficialista Andrés Castillo.
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El comité tiene como función principal sustanciar denuncias que podrían derivar en la destitución de asambleístas, aunque solo puede actuar por iniciativa, no de oficio. Su conformación responde a criterios de paridad y representación de bancadas, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El artículo 164 de la LOFL establece que este comité se renueva cada dos años y requiere mayoría absoluta para la designación de sus miembros. Además, obliga a incluir al menos a un representante de la bancada con menor número de asambleístas, lo que explica la presencia de diferentes fuerzas políticas.
En paralelo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el proyecto de Ley contra la Economía Criminal enviado con carácter de económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La decisión se tomó en la primera sesión del CAL, tras conocer el informe favorable de la Unidad de Técnica Legislativa.
El proyecto será tratado en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno. Esta mesa legislativa tiene 10 días para presentar un informe para primer debate, mientras que la Asamblea dispone de 30 días para su tratamiento integral, como establece el trámite urgente.
La renuncia de Salazar, los cambios en el ritmo legislativo, la activación del Comité de Ética y la discusión de leyes económicas urgentes marcan el inicio de una semana decisiva para el Parlamento ecuatoriano. La atención está centrada en cómo avanzará la transición en la Fiscalía General y el papel que asumirá la Asamblea en este proceso. (I)
