La Asamblea Nacional de Ecuador dio un paso decisivo en el debate sobre la regulación del cannabis, designando por unanimidad a una comisión que evaluó la admisibilidad de una Iniciativa Popular Normativa. Con 137 votos a favor, el Pleno aprobó la moción para que el proyecto de ley, promovido por nueve organizaciones de la sociedad civil, iniciara su trámite legislativo.
La comisión, encargada de calificar la propuesta, estuvo integrada por los asambleístas Milton Aguas, Eliana Correa y Jhajaira Urresta. Su labor, enmarcada en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, consistió en verificar que la iniciativa cumpliera con todos los requisitos formales para su posterior discusión.
El proyecto de ley, denominado «Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador», fue una iniciativa de la Red de Acción Cannábica (Redcann). Su objetivo principal fue establecer un marco legal para el acceso al cannabis medicinal y de uso adulto, con un enfoque en la salud pública y la seguridad.
La propuesta busca mitigar los riesgos asociados a la prohibición y al mercado ilícito, que había demostrado ser ineficiente en su control. Al regular el mercado, la ley aspiró a garantizar la calidad de los productos, eliminando la exposición de los usuarios a sustancias contaminadas con pesticidas o componentes sintéticos.
El documento presentado por Redcann se basó en la experiencia de otros países que optaron por la regulación. Cita el caso de Canadá, donde el 54% de los consumidores de cannabis en 2020 adquirió el producto de fuentes legales, lo que subrayó el potencial de un mercado regulado para mejorar la seguridad del consumidor.
La propuesta también tiene una fuerte dimensión de justicia social y equidad. Un informe de la American Civil Liberties Union (ACLU) de EE.UU., citado en el proyecto, reveló que en ese país las personas afroamericanas tuvieron casi cuatro veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de cannabis que las personas blancas.
Esta cifra resalta cómo las políticas prohibicionistas impactan de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables. El proyecto ecuatoriano busca evitar estas desigualdades, ofreciendo un camino para despenalizar el uso personal y centrar los esfuerzos en problemas de mayor envergadura.
Además de los beneficios sociales, el proyecto de ley tendrá un impacto económico significativo. La iniciativa busca fomentar el desarrollo de una industria local, promoviendo la participación de pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor del cannabis.
Según el proyecto, Canadá sirve nuevamente como ejemplo económico, ya que su industria legal de cannabis contribuyó con 10.930 millones de dólares canadienses en 2023. El proyecto ecuatoriano esperó replicar este éxito, creando nuevas fuentes de empleo y crecimiento sostenible.
La regulación también podría tener un efecto en la reducción de la criminalidad. Al regular la cadena de suministro, la ley busca debilitar a los grupos criminales que en ese momento se beneficiaban del tráfico de cannabis, desviando recursos ilícitos hacia un mercado legal y controlado.
En el contexto de la criminalidad en el país, las estadísticas señalan que las políticas de drogas sobrecargaron el sistema penitenciario. Por ejemplo, un censo realizado en 2008 en Ecuador mostró que el 34% de los detenidos estaban en prisión por delitos relacionados con drogas.
El porcentaje de mujeres encarceladas por estos delitos fue incluso más alarmante. En los últimos 15 años, entre el 65% y el 79% de la población carcelaria femenina en Ecuador estuvo detenida por delitos de drogas.
Estas cifras, aunque no formaron parte del documento de la iniciativa, reforzaron la necesidad de un nuevo enfoque. La propuesta de ley buscó abordar estas problemáticas, ofreciendo una solución que priorizó la salud pública y la equidad sobre la represión.
La propuesta se diferenció de otros modelos al no buscar una desregulación total, sino un equilibrio entre la prohibición estricta y un mercado sin control. La Redcann argumentó que este enfoque fue el más adecuado para los objetivos de una regulación sensata y basada en la evidencia.
La Comisión Calificadora, conformada por dos representantes de las fuerzas políticas más votadas y uno de las minorías, tuvo la responsabilidad de asegurar que todos los requisitos para la tramitación de la iniciativa se cumplieran. Esto incluyó la validación de las firmas ciudadanas.
La moción para designar a la comisión fue presentada por la legisladora Lucía Pozo, obteniendo un apoyo unánime de los asambleístas. Este amplio respaldo en el Pleno fue una señal de que el debate sobre el cannabis en Ecuador estaba evolucionando.
El proyecto no solo pretende regular la cadena de producción, sino también el consumo, promoviendo un uso responsable. Se esperó que la ley estableciera controles estrictos para garantizar que el cannabis fuera un producto seguro y que su consumo no afectara la salud de los usuarios.
La Redcann, conformada por nueve organizaciones de la sociedad civil, lideró este proceso. Su trabajo demostró la importancia de la participación ciudadana en la formación de políticas públicas, especialmente en temas que tradicionalmente fueron tabú.
En las semanas siguientes, la Comisión Calificadora revisó minuciosamente el documento y los formularios de apoyo. De ser admitida, la iniciativa pasaría a la discusión en las comisiones temáticas y, finalmente, al Pleno de la Asamblea.
La propuesta se enfrenta al desafío de cambiar la percepción pública sobre el cannabis. Aunque la iniciativa se enfocó en la regulación y no en la legalización sin control, fue probable que generara un amplio debate y resistencia por parte de los sectores más conservadores de la sociedad.
La aprobación unánime de la moción en el Pleno de la Asamblea fue un indicio de un cambio en la mentalidad de los legisladores ecuatorianos. Fue la primera vez que un proyecto de esta magnitud, proveniente de la sociedad civil, avanzó en el trámite legislativo.
La propuesta de ley también promueve la desalentar el mercado ilegal. Al proporcionar una alternativa segura y legal, se espera que los usuarios opten por productos regulados, lo que reduciría las ganancias de los grupos criminales.
Además de los beneficios económicos, la ley puede tener un impacto positivo en la seguridad. La lucha contra el tráfico de drogas fue una prioridad en Ecuador, y una regulación del cannabis puede liberar recursos para combatir delitos más graves.
La Redcann, con el apoyo de sus organizaciones, logró llevar a la Asamblea un debate que era impensable hace unos años. El futuro de la propuesta depende de la capacidad de la Comisión Calificadora para validar la iniciativa y del posterior debate en el Pleno. La discusión quedó servida, y Ecuador estuvo a la espera de una nueva política sobre el cannabis. (I)
