Tras cinco años de debate y presión ciudadana, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero. La normativa, que obtuvo 79 votos afirmativos, 53 en contra y 5 abstenciones, introduce un marco legal inédito en el país al regular los usos del mar, establecer un sistema interinstitucional de gobernanza y brindar protección específica a las zonas de rompiente de olas en los 640 kilómetros de costa continental.
El proyecto, impulsado originalmente en 2020 por el movimiento ciudadano Mareas Vivas y respaldado por más de 10.000 firmas, nació como respuesta de la comunidad surfista de General Villamil Playas para frenar un muelle que amenazaba las olas locales. Con su aprobación, Ecuador adopta un modelo inspirado en la legislación de Perú, aunque analistas destacan que el marco ecuatoriano lo supera al dotar de poder vinculante a su institucionalidad.
Sin embargo, la votación reflejó una marcada división política en el Legislativo. El bloque de la Revolución Ciudadana votó en contra del proyecto, argumentando que la normativa esconde intereses de privatización.
«Lo que están celebrando ahí adentro es, nuevamente, otra venta de nuestros recursos comunes», cuestionó la asambleísta del correísmo, Verónica Íñiguez, tras la sesión, evidenciando las dudas de su bancada respecto al alcance regulatorio de la ley sobre las zonas costeras.
Patrimonio frente a «venta de recursos»
Desde la perspectiva del oficialismo y los proponentes, la ley es catalogada como un avance vanguardista. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Peet, defendió la normativa señalando que sitúa al país a la vanguardia internacional. “Durante décadas, nuestras olas rompieron sin que el Estado las reconociera como lo que son: ecosistemas vivos, patrimonio natural, motor de economías costeras. Con esta ley, Ecuador se adelanta al mundo», afirmó, añadiendo que el texto conceptualiza al mar «no como un recurso a explotar, sino como un derecho a preservar».
Por su parte, el asambleísta Fernando Jaramillo, ponente del proyecto, detalló que el texto final incorporó 26 observaciones formuladas por distintos legisladores durante el segundo debate. “El mar nos ha dado todo: pesca, turismo, identidad y cultura; ya es hora de devolverle”, enfatizó Jaramillo para justificar la necesidad del nuevo marco regulatorio.
Pilares técnicos y potencial económico
La nueva ley se sostiene sobre varios ejes técnicos orientados a ordenar las actividades en el perfil costanero:
- Registro Nacional de Zonas de Rompientes: Un catálogo técnico y público para proteger cada ola del país.
- Consejo Interinstitucional del Mar: Órgano colegiado con poder vinculante, integrado por 7 miembros permanentes y 12 complementarios.
- Principio Precautorio: Establece que la falta de certeza científica no postergará medidas de protección ante riesgos de daño grave o irreversible.
- Ordenamiento Territorial: Regula dunas, manglares, zonas de anidación de tortugas marinas y coordina la planificación espacial de la pesca, el turismo, los puertos y el deporte bajo directrices internacionales como la CONVEMAR y el ODS 14.
Los defensores de la ley argumentan que la protección ambiental es, además, una estrategia financiera activa. A nivel global, el surf genera alrededor de USD 70.000 millones anuales. El texto toma como referencia casos como el de El Salvador, que escaló a 3,9 millones de visitantes al año con su estrategia Surf City, o el fenómeno local de Montañita, donde una rompiente transformó una comuna pesquera en un polo turístico internacional.
Para los colectivos ciudadanos que impulsaron la propuesta, la aprobación representa la culminación de un proceso participativo y científico. Cecilia Torres, directora de la Fundación Mingas por el Mar, defendió el proyecto frente a las críticas del bloque opositor: “Defender la naturaleza no es frenar el desarrollo: es garantizar un desarrollo responsable, sostenible y con identidad”. En esa misma línea, Beatriz Aguirre apuntó que las olas constituyen una «infraestructura natural» capaz de transformar economías locales.
La jornada contó también con el testimonio de deportistas. Jericco “Jecho” Rosero, campeón mundial de Bodyboard DX 2026 y nativo de San Cristóbal, Galápagos, recordó que el país cuenta con olas de nivel mundial pero carece de infraestructura formativa. «Una ola puede cambiar una vida (…) y puede cambiar el camino de niños y jóvenes ecuatorianos», señaló Rosero, quien ve en el cuerpo legal una base para la creación de escuelas públicas de deportes acuáticos y la conservación del océano.
Con la aprobación en el Pleno, el documento pasa ahora a manos del Ejecutivo para su respectivo veto o sanción antes de su publicación definitiva en el Registro Oficial. (I)
