
Ecuador registra un total de 4.678 casos nuevos de infección por VIH al cierre epidemiológico del año 2025.
La tasa de incidencia nacional se ubica en 0,25 por cada 1.000 habitantes. Esto significa que menos de 14 personas contraen el virus cada 24 horas en el territorio nacional.
Ante estas cifras, Ecuador lidera estrategias integrales para reducir el impacto de la epidemia en el territorio. El país implementa mecanismos específicos para apoyar de forma oportuna a las personas que viven con el virus.
Así lo asegura Gabriela Yerovi Naranjo, responsable del componente de VIH y coinfección del Ministerio de Salud Pública (MSP). La funcionaria detalló estas acciones institucionales en declaraciones a PERIODISMO PÚBLICO.
En este marco, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) eligió a Ecuador como país piloto para validar la metodología hacia la eliminación de la epidemia al 2030. Este proceso sienta un precedente histórico y un modelo replicable para toda América Latina y el Caribe.
Estrategias de tamizaje y financiamiento frente al diagnóstico tardío

El principal reto que enfrenta el MSP es el diagnóstico tardío, el cual afecta al 48% de los nuevos casos detectados en el país. Esta situación compromete gravemente el sistema inmunitario de los pacientes antes de ingresar al sistema público.
«Nos está llegando estas personas infectadas con VIH. La mitad, un poquito menos de la mitad, nos está llegando con 350 células CD4», afirma Yerovi.
Además, el 27% de este grupo ingresa con enfermedad avanzada, conocida anteriormente como la etapa SIDA. Esto demuestra que las personas pasaron entre cinco y ocho años con el virus sin acceder a una prueba.
Para revertir esta tendencia, el Ministerio de Salud Pública arranca la universalización del tamizaje a través de una campaña de testeo libre. La iniciativa ofrece pruebas voluntarias y gratuitas en todos los centros de salud del país.
Esta estrategia se dirige prioritariamente a los hombres de entre 20 y 49 años. En la población mestiza, la relación epidemiológica es de tres hombres infectados por cada mujer con VIH.
La epidemia en el país se mantiene concentrada en grupos de población clave. Los estudios de prevalencia muestran un 10,1% en hombres que tienen sexo con hombres y un 18% en personas transfemeninas.
Para sostener estas acciones, el Estado ecuatoriano estructura el financiamiento de la respuesta nacional mediante tres fuentes presupuestarias. La más importante es el proyecto de inversión emblemático plurianual.
«Para este año nosotros tenemos 12 millones de dólares. Y eso está estipulado para cada año más o menos este monto hasta el año 2030«, explica la experta. Este cajón asegura la continuidad de las actividades en el territorio.
A este fondo se suma el presupuesto de gasto corriente fiscal, que aporta entre uno y dos millones de dólares anuales. También se complementa con la subvención del Fondo Mundial de 6,4 millones de dólares para el periodo 2026-2028.
La gran mayoría de los recursos del Fondo Mundial se destina de forma directa a la sociedad civil. El objetivo es fortalecer la prevención y el trabajo de campo con los grupos de población clave.
Validación técnica de la OPS y unificación de antirretrovirales

El liderazgo de Ecuador en la región responde a la apertura técnica y la transparencia de sus sistemas de información. Estas cualidades motivaron la selección por parte del organismo internacional.
«OPS escogió al Ecuador primero por la accesibilidad que tiene el país para indicar y mostrar y la transparencia que tiene el país para mostrar la información estratégica», destaca Yerovi.
Durante el pilotaje, los técnicos internacionales calibraron las herramientas que guiarán la respuesta regional. «Ajustaron la metodología, ajustaron las herramientas para con nosotros como literalmente como piloto», añade la funcionaria.
Tras finalizar los ajustes en suelo ecuatoriano, la metodología se aplicará en el resto de los países. El siguiente Estado en iniciar este proceso de validación será Brasil durante el mes de octubre.
La evaluación de la OPS analiza diez indicadores críticos seleccionados de la malla de reportes globales. Se dividen en tres indicadores de impacto y siete de proceso.
Los indicadores de impacto miden la incidencia de casos nuevos, la mortalidad y la transmisión materno-infantil. Los de proceso evalúan el acceso a la prevención y la calidad de la atención integral.
Dentro de los procesos clave, el MSP destaca la unificación y simplificación de los esquemas de tratamiento antirretroviral (TARV). Estos medicamentos bloquean la replicación del virus y evitan la destrucción de las defensas.
Actualmente, el 95% de los usuarios en tratamiento recibe un esquema unificado de alta efectividad clínica. Este régimen resulta económico para el Estado, con un costo anual aproximado de 264,60 dólares por paciente adulto.
El bajo costo contrasta con las terapias de líneas avanzadas, que superan los 10.000 dólares anuales por persona. La estandarización optimiza las compras públicas y garantiza el abastecimiento permanente.
Esta política farmacéutica permite a Ecuador coordinar acciones con el corredor humanitario de América del Sur. El país entrega gratuitamente medicación por cuatro meses a personas extranjeras en situación de movilidad temporal.
Asimismo, las fronteras norte y sur cuentan con «kits púrpuras» que contienen antirretrovirales profilácticos. Estos insumos atienden de emergencia a víctimas de violencia sexual en las zonas limítrofes.
A nivel regional, las Estimaciones Epidemiológicas de ONUSIDA señalan que en América Latina viven 2,5 millones de personas con VIH. Cada año se registran un promedio de 120.000 nuevas infecciones en la región.
Este panorama geográfico resalta los esfuerzos de la respuesta sanitaria ecuatoriana frente a la epidemia. El MSP busca consolidar un sistema de salud que evite muertes prevenibles por esta causa.
«Mucha gente creyó que era invisible y que ahora ya nadie se puede morir de VIH. Es un crimen que alguien se muera por VIH», concluye la responsable. (I)


