Un rubro económico de 15 millones de dólares asignarán las autoridades locales para ejecutar obras prioritarias y atender emergencias provocadas por el fenómeno de El Niño. La resolución financiera se confirmó durante la segunda sesión plenaria del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Provincial realizada en el Salón de la Provincia.
La cita de trabajo congregó a más de 20 representantes de gobiernos seccionales y delegaciones institucionales. Los participantes conformaron Mesas Técnicas de Trabajo y Grupos de Trabajo especializados para articular la respuesta preventiva ante el evento climático.
Durante la plenaria, Paola Pabón, prefecta de Pichincha y presidenta del COE Provincial, informó que la entidad inició el proceso de contratación de maquinaria pesada. Las unidades operativas reforzarán las tareas de limpieza, desbroce de taludes y atención de derrumbes en los puntos vulnerables.
La prefecta Pabón detalló además las parroquias rurales que recibirán atención prioritaria mediante estos contingentes y obras de mitigación. Entre los sectores focalizados constan Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Alangasí, Conocoto, El Quinche, Guayllabamba, Yaruquí y Checa, áreas vulnerables tanto a deslizamientos de tierra como a variaciones climáticas extremas.
Un monto específico de 1,5 millones de dólares se adjudicará hasta finales de este mes para los cantones Mejía y Rumiñahui. Los fondos financiarán la intervención técnica con maquinaria y obras de infraestructura en las zonas que registran mayor exposición a deslaves e inundaciones.
Las autoridades informaron que hasta el momento se han recibido ocho ofertas dentro de la fase de licitación pública. Los equipos técnicos de la institución mantienen en revisión los pliegos y propuestas para formalizar la adjudicación contractual.
«Pasamos de una temporada crítica de incendios forestales al inicio directo de la época lluviosa, por lo que resulta indispensable que el COE se mantenga activo de forma permanente», afirmó Pabel Muñoz, alcalde de Quito. El burgomaestre resaltó la urgencia de articular las capacidades municipales y provinciales para responder de forma inmediata a los eventos adversos que genera este tránsito climático en la capital y sus parroquias.
Las decisiones provinciales coinciden con los análisis e informes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), organismo que advirtió sobre la proximidad y consolidación del fenómeno de El Niño. La entidad oficializó que el país atraviesa una etapa de transición atmosférica influenciada por el calentamiento del Océano Pacífico, por lo que el volumen e intensidad de las precipitaciones incrementarán entre septiembre y octubre, alcanzando su mayor pico entre noviembre y diciembre de 2026.
Resoluciones operativas y plazos para municipios
A través del acta de resoluciones aprobada en la sesión, el plenario declaró al COE Provincial en sesión permanente. La medida mantendrá su vigencia hasta que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos disponga la conclusión de la alerta roja en el territorio nacional.
A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se les fijó un plazo tope de nueve días para presentar sus planes de acción oficiales ante la Secretaría del COE y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). La fecha límite quedó establecida para el 25 de septiembre de 2026.
«Hacemos un llamado al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para que tome las medidas administrativas necesarias para simplificar los procesos de contratación pública», enfatizó la prefecta Paola Pabón. La autoridad provincial exigió además levantar suspensiones de contratos de obras y servicios vinculados a la atención del fenómeno.
Las alcaldías de la provincia deberán identificar, evaluar y mantener actualizada la información de predios aptos para alojamientos temporales. Los municipios gestionarán adecuar las infraestructuras con equipamientos e insumos básicos para las familias damnificadas.
Los cabildos tendrán la obligación de enviar reportes mensuales actualizados sobre la operatividad de los comités comunitarios de gestión de riesgos. Cada municipio deberá nombrar y acreditar formalmente a los responsables de coordinar los albergues locales.
El organismo exhortó al Ministerio de Infraestructura y Tecnologías a intervenir las carreteras provinciales de su competencia. Las labores abarcan la limpieza preventiva de canales, desazolve de alcantarillas y mantenimiento de taludes.
La resolución solicitó al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) brindar facilidades financieras y celeridad en trámites crediticios a los municipios. La medida busca agilizar la compra de equipo pesado para la respuesta inmediata ante eventuales desastres.
Las Mesas Técnicas de Trabajo dispondrán de 15 días para entregar sus informes de capacidad instalada y planes sectoriales. La documentación permitirá identificar brechas presupuestarias y coordinar los recursos logísticos requeridos.
El COE Provincial formuló un reclamo al Gobierno Nacional para exigir la transferencia puntual de las asignaciones adeudadas a los gobiernos locales. Finalmente, las autoridades exigieron activar los comités cantonales y parroquiales para organizar campañas educativas y preventivas junto a la comunidad. (I)
