Las protestas en sectores estratégicos de Perú se intensificaron y han cobrado, hasta el momento ocho víctimas mortales.
Este martes, personal de Fuerzas Armadas y de la Policía se desplegaron en diferentes puntos del país para evitar que manifestantes bloqueen carreteras y terminales de transporte del país.
Estimaciones de la Policía peruana dan cuenta de que, al menos, 119 gendarmes resultaron heridos por estos disturbios.
Las protestas se originaron en respuesta a un mensaje emitido ayer, lunes, por parte de Dina Boluarte, presidenta de ese país, posesionada la semana pasada.
La mandataria declaró el Estado de Emergencia «en las zonas de alta conflictividad social» y presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Estas medidas responden a una serie de manifestaciones que se registraron en varias partes del país y que han dejado al menos siete muertos, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles, 7 de diciembre.
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Sin embargo, las palabras de Boluarte no tranquilizaron a los manifestantes, que este lunes bloquearon el aeropuerto internacional de Arequipa, informó BBC Mundo.
El portal Semana detalló que entre los muertos destacan dos menores de edad, de 15 y 16 años, que habrían perdido la vida en las manifestaciones en las localidades de Andahuaylas y Chincheros, ambas en Apurímac.
Según BBC, el primer fallecido fue identificado como Robert Pablo Medina Yanquerhuay, de 16 años, tras ser impactado por arma de fuego en la región de Apurímac. Luego se reportó la muerte de Miguel Arcana, de 38 años, en los enfrentamientos en Cerro Colorado, Arequipa, donde los manifestantes quemaron vehículos.
Posteriormente, registraron las muertes de Jhonatan Lloclla, de 26, Wilfredo Lizarme y Jonathan Enciso Arias, ambos de 18 años, todas ocurridas en la región de Apurímac.
Las víctimas más recientes fueron identificadas como David Atequipa Quispe, de 15 años y Beckam Romario Quispe, de 18. La identidad del octavo
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y desde algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, recontó la prensa peruana.
La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un «gobierno de excepción», lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de «golpe de Estado».
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral», detenido y posteriormente acusado de «rebelión».
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Las protestas comenzaron a producirse desde la destitución de Castillo. Manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación del ya expresidente.
Otras consecuencias
BBC detalló que uno de los incidentes más graves se produjo en el aeropuerto internacional de Arequipa, donde unos 2.000 manifestantes invadieron la pista, rompiendo la iluminación, quemando cabinas de seguridad y forzando el cierre del aeropuerto.
Después de varias horas, las autoridades lograron recuperar el control de los predios usando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
Luego de que en horas de la tarde de este lunes los manifestantes fueran retirados por fuerzas de seguridad, la empresa Aeropuertos Andinos del Perú, que opera el aeropuerto, dijo que estaba «haciendo una evaluación de los daños para verificar que la pista, instalaciones y aspectos de navegación se encuentren en condiciones óptimas para reanudar operaciones de manera segura».
El aeropuerto de Andahuaylas también resultó seriamente afectado por las protestas y la terminal aérea permaneció cerrada el lunes.
Las disposiciones de las autoridades
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó el lunes de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que dio «las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía».
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia aplicaba a las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país.
Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentaría una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024», anunció.
La presidenta señaló que eso también implicará «reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución», si bien no entró en detalles.
Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de su predecesor tras su polémico anuncio la semana pasada, y tomó posesión del cargo tras su vacancia.
En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, «ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos».
Boluarte es la sexta jefa de Estado de Perú desde 2018 (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte). (I)
