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Estados Unidos suspende sanciones contra Colombia tras aceptar deportaciones de Trump

Foto: Washington Office

Estados Unidos suspendió este domingo las sanciones que planeaba imponer a Colombia, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro aceptara los términos de repatriación de migrantes deportados establecidos por Donald Trump. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó que el impasse quedó superado y que el país seguirá recibiendo a ciudadanos deportados, tras intensas tensiones por la negativa inicial de Petro a permitir vuelos militares estadounidenses con deportados sin garantizarles un trato digno.

La controversia escaló con anuncios de aranceles por parte de Trump y medidas adicionales como restricciones de visas, mientras Petro respondió con propuestas de sanciones a productos estadounidenses y el redireccionamiento de exportaciones. Finalmente, el gobierno colombiano dispuso el uso del avión presidencial para recoger a los deportados, aunque se desconoce el número de personas que serían transportadas en estos vuelos.

La administración del expresidente Donald Trump confirmó la suspensión de sanciones económicas contra Colombia después de que el país aceptara endurecer su política migratoria y colaborar con las deportaciones de migrantes irregulares. Esta decisión genera polémica en medio de la profunda crisis económica y social que enfrenta Colombia, intensificada por la migración regional.

El anuncio se dio en un comunicado conjunto entre ambas naciones, en el que se detalla que Colombia se compromete a recibir a sus ciudadanos deportados y a reforzar sus controles fronterizos internos. Además, se señaló que la cooperación será clave para “mantener la estabilidad en la región” y evitar un aumento en la migración irregular hacia Estados Unidos.

Colombia enfrenta una encrucijada migratoria y económica. La llegada masiva de migrantes venezolanos desde 2015 ha tensionado los servicios públicos, especialmente en salud, vivienda y empleo. A esto se suma un incremento en el desempleo, una inflación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables y el crecimiento de la informalidad laboral, que representa más del 58% de la economía.

“La situación en Colombia no permite asumir más responsabilidades como receptor de deportados. Estamos colapsados”, afirmó Carolina Martínez, activista de derechos humanos en Bogotá, quien añadió que las políticas de Trump no consideran el impacto que estas medidas tienen en los países de origen.

Impacto de las deportaciones

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, desde el inicio de las negociaciones con Estados Unidos, más de 12.000 colombianos han sido deportados, muchos de ellos después de pasar meses detenidos en centros migratorios. Estos retornos, en su mayoría forzados, complican aún más el panorama para un país con más de 2,7 millones de personas en situación de pobreza extrema.

Además, las zonas fronterizas de Colombia, como la región del Catatumbo, enfrentan una agudización de los conflictos armados. Allí, grupos ilegales aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes para integrarlos en redes de tráfico humano o economías ilícitas.

Las sanciones suspendidas estaban dirigidas al sector agrícola y de manufactura, dos áreas clave para la economía colombiana. Según expertos, estas medidas habrían reducido las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos en un 10%. Sin embargo, el costo de aceptar las deportaciones podría ser aún mayor.

“Estamos entre la espada y la pared. Las sanciones habrían sido devastadoras, pero aceptar esta política migratoria significa asumir una carga que Colombia no puede manejar en este momento”, comentó Andrés Mejía, economista y docente de la Universidad Nacional.

El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Iván Duque, ha sido criticado por aceptar las condiciones de Washington sin plantear alternativas multilaterales. La oposición acusa al Ejecutivo de ceder a las presiones de Trump a cambio de mantener relaciones comerciales estables.

Medidas de Trump que afectan a la región

La política migratoria de Trump se ha caracterizado por su dureza y su enfoque en la disuasión. Durante su mandato, implementó medidas como el programa “Remain in Mexico”, que obligó a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos. También promovió la deportación acelerada y limitó las solicitudes de asilo para quienes no hubieran transitado por un tercer país considerado seguro.

Para América Latina, estas decisiones han significado una presión adicional sobre los países en crisis. México, Guatemala y ahora Colombia han tenido que aceptar acuerdos de “tercer país seguro”, a pesar de no contar con la infraestructura ni los recursos para manejar el impacto.

El anuncio ha generado reacciones divididas. Mientras algunos gobiernos regionales aplauden la suspensión de sanciones, organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el aumento de deportaciones hacia países que ya enfrentan crisis humanitarias.

“La política de sanciones para imponer cooperación es inaceptable”, declaró un representante de Human Rights Watch. “Colombia no tiene la capacidad para garantizar los derechos de los deportados, lo que agrava el círculo de vulnerabilidad”.

La prensa colombiana emite informes de que en las ciudades de Bogotá y Medellín, el descontento es palpable. Protestas espontáneas han surgido en rechazo al acuerdo. “No necesitamos más problemas. Queremos soluciones para nuestros propios desplazados y migrantes”, dijo Rosa Montoya, líder de un asentamiento en Soacha.

Pese a las críticas, Trump ha defendido su estrategia como necesaria para proteger las fronteras de Estados Unidos. Según el exmandatario, estas políticas buscan evitar una “crisis migratoria sin precedentes” y enviar un mensaje claro a quienes intentan cruzar ilegalmente.

Sin embargo, expertos en relaciones internacionales advierten que esta estrategia puede tener un efecto contrario al esperado. “La migración no se detendrá con deportaciones masivas. Solo agrava los problemas estructurales en los países de origen”, señaló Laura Rojas, analista de migración en la Universidad de Georgetown.

El panorama para Colombia sigue siendo incierto. Aunque la suspensión de sanciones representa un alivio temporal, las implicaciones sociales y económicas del acuerdo podrían ser duraderas. En un país donde la crisis interna ya es alarmante, el desafío será encontrar un equilibrio entre cumplir con las exigencias internacionales y proteger a sus ciudadanos.

Para los miles de deportados que regresan a un país con pocas oportunidades, la realidad es desoladora. “Nos expulsan de un lugar para enfrentarnos al olvido en otro. No hay esperanza en este acuerdo”, concluyó Javier Ramírez, uno de los deportados que llegó recientemente a Bogotá.

Fuente: Agencias

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