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Walter Macías, juez de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ordenó que el proceso penal por presunta concusión que se sigue en contra de la exasambleísta Karina Arteaga, regrese al estado en el que se encontraba el 8 de enero pasado.
Es decir, cuando el juez Nacional, David Jacho, quien analizó la causa, aceptó la vinculación al caso de John Álava, esposo de la exlegisladora y a Jenny Muñoz, exjefa del despacho de Arteaga.
Este martes 6 de julio, se llevó a cabo la audiencia para determinar si había llamado o no a juicio contra Arteaga. Sin embargo, Macías, señaló que encontró violación en el debido proceso y declaró la nulidad desde el primer día de la vinculación a la instrucción fiscal de Álava y Muñoz.
El juez Macías detalló que después de la vinculación de Álava y Muñoz, el magistrado Jacho, amplió la etapa de instrucción fiscal en 15 días.
Esta situación, explicó, contradice el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya que establece que esa etapa debe ampliarse hasta 30 días.
Por ello, todo lo actuado después de la vinculación fue declarado nulo.
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Las medidas se mantienen
Con esto, la instrucción fiscal tendrá que seguirse desde el día de la vinculación y ahora sí tendrá que extenderse por 30 días. Sin embargo, se mantienen las medidas cautelares dictadas por Jacho contra Álava y Muñoz.
Las medidas contemplan prohibición de salida del país y la presentación periódica ante autoridad judicial, además de prohibición de enajenación de bienes.
La Fiscalía señaló a la exasambleísta Karina Arteaga de haber realizado un cobro de dinero a varios empleados cuando cumplía funciones como legisladora.
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El personal debía pagar una cuota a cambio de mantener sus puestos. Según la investigación, Álava y Muñoz, recibieron esos dineros a sus cuentas bancarias.
Una de las denunciantes fue Verónica Pinargote, quien en su denuncia aseguró que Arteaga le exigió «una contribución mensual» de $ 2.861. (I)