Por Pablo Salgado J. (Periodista y Escritor)
Hace pocos días se conmemoró el Día Nacional de la Cultura, el 9 de agosto. Día en el cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) cumplió 77 años de creación. Conmemoraciones cada vez mas descoloridas. Tanto que ya ni las autoridades oficiales de las instituciones culturales se empeñan en celebrarlo. Y quizá tengan razón, no hay motivos de celebración. La situación de los artistas y gestores culturales es de una profunda precariedad. Y ciertamente, no hay razones para la fiesta, peor para la alegría.
La verdad es que a sus 77 años, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es cada vez más cuestionada, no solo por su gestión en los últimos 20 años, sino porque implementó un proceso electoral amañado, ilegal e inconstitucional. A tal punto que un Juez del Guayas resolvió suspender las elecciones en esa provincia.
La Casa se debate entre la precariedad, la ineficiencia y el continuo desprestigio. Se ancló en el siglo pasado y en el pensamiento de Benjamín Carrión. Cerró sus puertas y perdió representatividad; se alejó de la ebullición de los colectivos culturales, de las nuevas expresiones y sus diversidades. Persiste en aquel viejo círculo de la supuesta alta cultura y, lo que es peor, en las malsanas prácticas de la vieja política. Una Casa incapaz de generar procesos de crítica y peor de autocrítica. Una Casa que perdió ese vínculo con la sociedad, con la comunidad, con los actores sociales. Núcleos que se transformaron en clubes exclusivos de amigos privilegiados.
Este proceso electoral ha visibilizado no solo la pésima gestión sino también irregularidades y manejos poco transparentes en varios núcleos provinciales. Y sobre todo -casualmente- en aquellos en los cuales sus directores han permanecido ya muchos años al frente de esos núcleos. Y que, además, hoy buscan la reelección.
No puede ser posible, por ejemplo, que el Teatro Pepe Quevedo Mora, de la Casa de la cultura núcleo de El Oro, en el sector Bella India, se encuentre -desde 2012- abandonado y tomado por la maleza. Una vergüenza. La Casa de la Cultura recibió una asignación de 10 millones de dólares del Gobierno del presidente Correa para su construcción. Sin embargo, no se lo concluyó, y hoy permanece abandonado. Todo lo avanzado, un 60%, se está perdiendo por la desidia, ineficiencia e irresponsabilidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este hecho debe ser investigado y sancionado. Pero claro, ya sabemos cómo funciona la Contraloría. El actual directorio del Núcleo, que lleva ya 8 años, es el responsable directo. Uno de sus vocales, Roger Heras, incluso ahora está de candidato a la dirección del Núcleo.
Por todo esto, y más, la Casa de la Cultura Ecuatoriana necesita una urgente renovación. Sin embargo, el Reglamento de elecciones que norma el proceso electoral en marcha, está configurado, precisamente, para beneficiar a los candidatos oficiales y evitar esa renovación. De ahí que no sorprende que un Juez decida suspender las elecciones, puesto que el proceso electoral en marcha fue cuestionado desde el principio. El juez lo que ha hecho es simplemente ratificar lo que durante todo este tiempo manifestaron los artistas y colectivos culturales: un reglamento ilegal e inconstitucional que viola los derechos culturales de los artistas y gestores.
Este 13 de agosto, el Juez en su resolución al admitir la solicitud de la candidata a la dirección del Núcleo del Guayas, Martha Rizzo, señala: “Declarar con lugar la acción de protección propuesta, por considerar que se han vulnerado los derechos referidos al principio de legalidad, seguridad jurídica y los derechos de participación contenidos en el artículo 61, numerales 1, 2 y 7 de la Constitución de la República”. Y dispone lo siguiente: “se deja sin efecto las elecciones que han sido convocadas para el 20 y 21 de agosto. Se hace un llamado de atención severo a la parte accionada -la Casa de la Cultura- a efectos de que realice el proceso electoral desde su inicio observando la normativa interna aplicable a efectos de que todos los que sean parte puedan participar”.
Claro y contundente. La resolución es de inmediato cumplimiento.
Pero no solo esto, sino que unas horas antes, el 12 de agosto, la jueza Dolores Ayora Mata, de la Unidad judicial penal de Azogues, emitió también una resolución en la cual concede la Acción de protección para que los artistas del RUAC «puedan ejercer su derecho al voto en forma libre y sin condicionamientos». Ya que se ha originado «una evidente transgresión a sus derechos constitucionales, cuya responsabilidad recae exclusivamente en la institución accionada». Es decir, la Casa de la Cultura.
Ante esta Acción de protección, el presidente subrogantes de la Casa de la Cultura, Ramiro Almeida, para dar cumplimiento a esta resolución remitió, el viernes 13 de agosto, una comunicación al Ministerio de Cultura solicitando el listado actualizado de los artistas y gestores registrados en el RUAC “para facultar su derecho al voto en las elecciones previstas para el 20 y 21 de agosto”.
Así mismo, el jueves 12 de agosto, se realizó la segunda audiencia por la Acción de protección impuesta en la Unidad judicial de Guayaquil. Se escuchó a las partes, y el juez anunció que su sentencia la comunicará oportunamente por la vías correspondientes. Esta Acción de protección, en su primera instancia, había ya establecido varias rectificaciones en el proceso electoral que, en su mayoría, fueron incumplidas por diversos núcleos provinciales.
Es decir, un proceso plagado de irregularidades, incumplimientos, atentados contra los derechos de los artistas y gestores. Un proceso que pintó de cuerpo entero no solo la negligencia de sus autoridades sino el desprecio hacia los artistas y creadores, tal como se evidenció en la reunión de la Junta plenaria en la cual se negó la solicitud de la Ministra de Cultura para que se deje sin efecto el articulo 29, literal C, del reglamento de elecciones, que obligaba a enviar una carta para poder sufragar.
La Acción de protección de los dos jueces -del Guayas y Cañar– cambia sustancialmente el escenario de las elecciones, ya que no habrá impedimento alguno para que los registrados en el RUAC, que son mayoría en relación a los socios de la Casa de la Cultura, puedan ejercer su derecho al voto. Y rompe la estrategia de algunos núcleos que se negaron a hacer público el padrón electoral, como en el caso de Pichincha. Esto era simplemente absurdo. ¿Por qué en unas provincias si se publicó el padrón y en otras no? Estaba claro que el impedir la participación de los miembros del RUAC beneficiaba a los candidatos oficiales.
El Juez del Guayas ha sido claro, el nuevo proceso electoral tendrá que reiniciarse desde el comienzo y sin ninguna traba; debe ser libre y transparente. Sin embargo, al regir esta decisión solo para la provincia del Guayas, marcará una diferencia para el resto de provincias que deberán continuar con el proceso electoral. También podría aplazar la elección del presidente de la Sede nacional, prevista para el 30 de agosto.
Hay que mencionar además que algunos directores que van a la reelección, por elemental principio ético, renunciaron a sus funciones para participar en la campaña electoral, pero otros no; poco les importó el llamado de los artistas para que lo hagan. De esta manera son juez y parte en este proceso electoral.
Hay que destacar los esfuerzos de los colectivos culturales y los candidatos que buscan la renovación de la Casa, pues han debido multiplicar sus acciones y luchar, contra todo y todos -incluso en los tribunales de justicia- para lograr eliminar un reglamento claramente violatorio de los derechos culturales y constitucionales. Ha sido una lucha a contracorriente y desigual. Ni el órgano rector de la cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha podido -como le corresponde- garantizar un proceso electoral libre y transparente.
A pesar de los obstáculos y el ilegal Reglamento de elecciones, los diversos colectivos culturales inscribieron sus candidaturas. Un buen número de candidatos lo ha hecho expresando su inconformidad. En algunas provincias -como en Guayas- las listas son numerosas, pues no lograron articular sus programas y conformar listas de consenso. En Pichincha tampoco se pudo conformar una lista de unidad, van divididos, lo que, sin duda, beneficiará al candidato que va por la reelección.
Hoy, aquellos colectivos culturales que fueron tildados de “fuerzas oscuras” han vencido. Lograron derrotar al poder cultural enquistado en la Casa y otras instituciones. Los tribunales de justicia les han dado la razón. Mi reconocimiento por su valentía y su firme decisión de, incluso, poner el cuerpo para defender los derechos culturales de todos los artistas y trabajadores de la cultura.
