El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, aseguró que la movilización indígena los sorprendió. La Fuerza Pública nunca imaginó la resistencia de la protesta por el alza de combustibles y gastó toda la dotación de gases lacrimógenos que tenía en bodega.
La declaración la hizo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que investiga a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuestas incumplimiento de sus funciones durante el paro indígena. Entre sus cuestionamientos está el uso de gases antidisturbios caducados, el lanzamiento de bombas lacrimógenas a los sitios de paz y el retraso para convocar el comité de defensa de periodistas.
Carrillo llegó como testigo de la ministra para desvirtuar las acusaciones en su contra. En su participación explicó durante los 11 días de protestas se usaron 38.589 bombas lacrimógenas. A septiembre del 2019 en las bodegas policías habían 15.000 de estas dotaciones, incluidas 6.000 bombas que tenían más de cuatro años caducadas.
Todas fueron usadas, por eso, la Policía optó por encontrar el material antidisturbios urgentemente. Una de las opciones que se concretó fue el préstamo a la Policía de Colombia de 19.140 bombas y 10 fusiles para usarlos en las protestas.
Memorandum de entendimiento
Para conseguirlo, el 8 de octubre del 2019, la ministra Romo solicitó que se modifique el «Memorándum de Entendimiento de Cooperación en Seguridad» que fuera firmado por el Ministerio del Interior de Ecuador y el Ministerio de Defensa de Colombia en diciembre del 2018. Específicamente, pidió que el artículo tercero se incluya una modalidad adicional para el «intercambio y/o préstamo de elementos en materia de seguridad ciudadana».
La contraparte colombiana estuvo de acuerdo y, según afirmó, lo hizo para «profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad”. Por eso, ese mismo día se firmó la primera entrega de material CS a la Policía ecuatoriana.
El primer préstamo se concretó el mismo 8 de octubre del año pasado. En representación del Ecuador firmaron el coronel Byron Haro y el oficial técnico Edison Macías; mientras que en representación del vecino del norte lo suscribieron: la brigadier general, Yolanda Cáceres, directora administrativa y financiera de la Policía colombiana; el coronel Nelson Sepúlveda y el mayor James Pinzón.
Según el convenio, se entregaron 11.516 bombas, entre 37 MM, con un total de 3.382 dispositivos. Además, de 6.272 granadas de gas CS y 704 granadas multimpacto CS/OC. También fueron prestados 10 fusiles diseñados para disparar esos cartuchos.
Un día después, el 9 de octubre se firmó el segundo préstamo. En esta ocasión fueron 7.624 bombas lacrimógenas. 4.600 cartuchos de 37 MM; 1.728 granadas de CS y 1.296 granadas de multimpacto.
En los dos acuerdos se especificó que la Policía ecuatoriana se comprometía a usar el material contemplando las «normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos». (I).
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