El Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) pidió hoy un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE) en torno a la adquisición de las vacunas contra la Covid-19.
Las autoridades locales solicitan al Gobierno el apoyo para agilizar la inmunización de sus ciudadanos. En particular los alcaldes de Guayaquil y Quito dieron a conocer que han iniciado los trámites para contratar directamente con los laboratorios fabricantes de vacunas en el mundo.
Sin embargo, el MSP señaló que está dispuesto a acompañar este proceso, sin embargo, por un lado, los laboratorios y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido que no negociarán la comercialización de vacunas con autoridades locales.
El ministro de Salud, Rodolfo Farfán, ha reiterado que para adquirir los antídotos es necesario cumplir con varios requisitos.
Estos son: carta de solicitud al MSP, carta adjunta del laboratorio correspondiente. Además, que la vacuna propuesta cuente con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) o de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y que en todos los casos, las vacunas sean gratuitas para la población.
Este sábado la cartera de Salud ratificó su posición respecto a que no puede delegar la negociación de las vacunas a los gobiernos locales y señaló en un comunicado que:
(…)»en virtud de las preocupaciones expresadas por algunos colectivos ciudadanos, como la Plataforma de Contraloría Social de la Comisión Nacional Anticorrupción, frente a la posibilidad de que terceros realicen compras directas de la vacuna Covid-19, así como de la preocupación expresada por el sistema de Naciones Unidas, sobre que dicha posibilidad podría contrariar el acceso equitativo y sin discriminación de la población a una vacuna segura y de calidad en el contexto actual de escasez de vacunas, ratifica que de conformidad con la Constitución y la Ley, no procede delegación de competencia de inmunización y ha considerado fundamental un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, exclusivamente sobre la viabilidad de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se encuentren en capacidad de hacerlo, puedan proceder o no de forma directa a la adquisición de las vacunas con fondos propios siempre ajustados al plan de inmunización nacional y a las competencias legales de cada órgano del Estado».
