Jorge Yunda, alcalde de Quito, intentó por segunda ocasión y sin éxito, instalar una sesión del Concejo Metropolitano ¿El motivo de la suspensión? No hubo el quórum reglamentario.
Por ello se anunció que iniciará medidas contra los concejales (de oposición) que no cumplen con las obligaciones de sus funciones, entre ellas asistir a estas reuniones.
La Procuradora del Municipio de Quito, Gabriela Obando, advirtió que los ediles que incurran en esta falta por tercera ocasión, podrían ser removidos de su cargo, ya que «perjudican el desenvolvimiento de la institución».
Obando indicó ante el Concejo que Yunda continúa como alcalde de la ciudad y añadió que la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó su remoción «carece de validez hasta que no se resuelva en segunda instancia de la Corte Provincial».
Bernardo Abad, uno de los concejales que promueve la destitución de Yunda, señaló que la medida anunciada por la Procuradora no procede, ya que las «las convocatorias del alcalde removido no son legales, por lo tanto, no puede haber consecuencias», dijo.
Con ese ánimo, los concejales que apoyan la destitución, acudieron al Complejo Judicial Norte para exigir que el juez Patricio Tello deje sin efecto las medidas cautelares que amparan a Yunda, para que -de esta forma- el vicealcalde Santiago Guarderas asuma el cargo.
«Es una convocatoria ilegítima por cuando Yunda ha cesado en sus funciones. El proceso de remoción está en firme», expresó Guarderas.
Una resolución en firme
La situación de Yunda se complica si se toma en cuenta de que hoy se ejecutoría la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó la remoción del funcionario.
En caso de que no se cumpla con la disposición del organismo, el día de mañana, desde la Secretaría podrá sentar la razón de que la medida se encuentra ejecutoriada y habría una sanción de multa de hasta 70 Salarios Básicos Unificados ($ 28.000), suspensión de derechos políticos entre otras acciones.
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A eso se suma la investigación que se inició contra los jueces María Belén Domínguez y Carlos Soto, quienes habrían fallado a favor de Yunda, de manera irregular.
El Consejo de la Judicatura analiza la situación de los magistrados; ellos podrían perder sus cargos. Para ello se dio un plazo de 90 días, mientras que la Fiscalía ejecutó nueve allanamientos a los despachos de los jueces y sistema del ingreso de causas. (I)
