La Comisión de Fiscalización y Control Político anunció que remitirá este jueves 5 de agosto a la Presidencia de la Asamblea un informe del organismo, sobre la solicitud de juicio político presentada por Juan Cristóbal Lloret, en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
Este trámite se siguió luego de que la Procuraduría General del Estado presentó el pasado martes, una acusación particular en el proceso penal por una presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.
A través de comunicado, la entidad detalló que su acción judicial será en contra de 13 procesados. Entre ellos está el excontralor Celi, además su hermano y otros colaboradores.
Según lo anunció la Asamblea Nacional, este trámite se ejecutará en aplicación de lo dispuesto en el artículo 82, inciso tercero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según la información de la Mesa Legislativa, se entregará el detalle de las posiciones de sus miembros. Para el efecto, en la sesión 19, los asambleístas Pedro Velasco, Ana Belén Cordero, Soledad Diab, Marco Troya, Roberto Cuero y Bruno Segovia, expusieron sus puntos de vista.
La mayoría de los comisionados coincidió en que cinco de las causales planteadas por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret, configurarían el incumplimiento de funciones y, por tanto, es necesario que se recomiende el desarrollo del juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi de la Torre y la correspondiente censura.
Solo la causal relacionada con el ejercicio de funciones de subcontralor sin el sustento legal respectivo no habría sido probada por el interpelante, toda vez que el desempeño de Celi en el cargo fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS) y sus decisiones fueron blindadas a través de un dictamen de la Corte Constitucional.
El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, presentó un borrador de informe, mismo que será enviado como su posición al interior de la mesa. En ese documento coincide con la valoración de las pruebas presentadas, tanto de cargo, cuanto de descargo; recomienda la continuación del juicio político en el Pleno de la Asamblea y, a la vez, solicita que se remita el expediente a la Fiscalía General para que investigue penalmente a decenas de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría General del Estado.
El documento que detalla las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político será ingresado en Secretaría General hasta este jueves, según se anunció en la sesión.
No obstante, Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, ofreció una declaración en la que solicitó a la Comisión de Fiscalización que cumpla con la Ley de la Función Legislativa. “La Asamblea Nacional no dejará en la impunidad el Juicio Político a Celi”, expresó Llori.
Comisión continúa con el proceso de fiscalización contra Pablo Celi
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social también vigila el caso detrás del excontalor.
Por ello recibió esta mañana a Carlos Riofrío, quien el 21 de julio pasado subrogó las funciones de Contralor General del Estado, en virtud de la ausencia definitiva de Pablo Celi de la Torre.
En su intervención Riofrío señaló que mediante el acuerdo 010-CG-2021, certificó ser el contralor subrogante, ante la renuncia definitiva de Celi hasta que se produzca la designación del titular.
Al ser consultado respecto a las acciones administrativas que evidencien la planificación y coordinación que se ha realizado internamente para sobrellevar y contrarrestar los efectos de las actuaciones que se presumen ilegales y que han sido imputadas a Pablo Celi, el funcionario comentó que se han despachado 129 pedidos de información, de forma oportuna, a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General del Estado para que se siga el debido proceso.
Sobre los mecanismos que ha establecido para coordinar, programar y evaluar el correcto funcionamiento de la Contraloría indicó que, durante su gestión se evaluó y dio seguimiento a la gestión institucional, despachó la tramitología pendiente, designó al personal de carrera en puestos directivos y se llevó a cabo la reforma para el estatuto orgánico por procesos.
Dijo que cuando asumió el cargo hubo trámites que estuvieron represados, por ejemplo, existían 1620 notificaciones por glosas y sanciones administrativas que no fueron publicadas. Ahora, 800 ya se registraron en prensa y otras están en proceso, con eso quedarían en cero las notificaciones pendientes. También aclaró que la Contraloría mantiene notificaciones a través del sistema.
Además, informó que se han remitido a la Fiscalía 93 informes con responsabilidad penal para el trámite correspondiente; se han aprobado 62 informes generales de auditoría y 69 informes con indicios de responsabilidad. En otro aspecto, sostuvo que se han realizado coordinaciones con la Procuraduría General de Estado respecto a los arbitrajes internacionales.
Ante la mesa también compareció Marcelo Mancheno, secretario General de la Contraloría General del Estado para que informe sobre la certificación que realizó del Acuerdo No. 010-CG-2021 de 21 de julio de 2021. En este punto indicó que es función del secretario general registrar los acuerdos expedidos por el Contralor y dar fe de ello y entre estos consta el acuerdo 010. (I)
Fuente: Asamblea Nacional
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