El destino de las instalaciones donde funcionaba la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) todavía no se define.
Las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) realizaron un recorrido por el exedificio donde operaba la sede internacional.
La infraestructura se encuentra en el noroccidente de Quito; sobre 20.716 metros cuadrados en la ciudad Mitad del Mundo en Quito, en San Antonio de Pichincha. Para su levantamiento se invirtieron $ 43′598.223.
La sede cuenta con una infraestructura de lujo: gradas eléctricas, bibliotecas, salas de eventos con micrófonos y paneles para conferencias, ascensores inteligentes… No obstante, el desuso y otros factores como el viento, humedad y polvo propiciaron que las dependencias empiecen a deteriorarse.
La intención de la visita de las autoridades judiciales fue para determinar si es factible o no que en esa construcción funcione la CNJ, detalló Iván Saquicela, presidente Nacional de esa entidad.
«Nos parece un edificio adecuado para funcionamiento de la institución pública y le vemos en buenas condiciones», expresó Saquicela.
El presidente de la Corte explicó que donde opera la actual CNJ (en el edificio donde funcionaba Filanbanco -en la avenida Amazonas y UNP, norte de Quito-) «no fue construido para una Corte Nacional», dijo.
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, indicó que se necesita un informe técnico, económico y jurídico para determinar la factibilidad del uso del edificio.
El empleo de las instalaciones
No es la primera vez que se habla del destino del edificio. El expresidente Lenín Moreno, a través del Decreto Ejecutivo 915, suscrito el 19 de octubre de 2019, denunció el Tratado Constitutivo de la Unasur con lo que la instalación pasó se formar parte de los bienes del Estado.
De ahí, el Ejecutivo habló que podría entregarse para que sea la Universidad Indígena Amawtay Wasi, pero el proyecto no prosperó.
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Después, durante la pandemia del covid-19, Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, mencionó que podría emplearse para albergar a los pacientes que dieran positivo para el virus. Nada de eso ocurrió.
En junio de ese año, la Cancillería entregó el inmueble al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que lo mantenga en custodia. (I)
