La crisis del sistema carcelario topó fondo, y no por lo que ocurrió la noche del viernes 12 y madrugada del sábado 13 de noviembre, sino por todo lo que ha pasado en los últimos años. Los violentos asesinatos registrados en las cárceles del paísevidencian la incapacidad del Estado de poner en orden y garantizar el control en este sector.A ello se suma una postura tardía e indolente que proyectan las autoridades,y ello por la forma cómo han reaccionado a la última matanza en la Penitenciaría del Litoral.
Remitámonos a los hechos. Mientras varios reclusos clamaban por su vida en transmisiones por redes sociales para evitar ser asesinados al interior de la cárcel, funcionarios de alto nivel como el Presidente de la República, la alcaldesa de Guayaquil, el gobernador y la prefecta del Guayas, asistían a una cena de gala ofrecida por la delegación diplomática de EE.UU. por el aniversario de los marines de ese país. Apenas unos cuántos kilómetros separaban la pomposa celebración, del centro carcelario donde se libraba una carnicería humana.
Los funcionarios tienen todo el derecho de asistir y estar en ese y cualquier evento, lo cuestionable es que mientras ellos se encontraban en aquel lugar, y con la magnitud de lo que ocurría en la penitenciaría, no hicieron nada en ese momento, ni siquiera una acción que demuestre su preocupación con lo que ocurría en la cárcel, y es que como se dice comúnmente, “no solo hay que ser, sino también parecer”. Lo sensato habría sido prestar algo de atención a la crisis, demostrar que la autoridad está activada para todo momento, pendiente y preocupada por todo y para todos. Hoy por hoy, la situación de las cárceles es uno de los problemas más serios que enfrenta el gobierno, poniendo en riesgo su reputación y aceptación ante la ciudadanía.
El sábado llegaron las primeras reacciones, por un lado el gobernador del Guayas, quien parece no entender la dinámica del sector público y la urgencia de acciones y decisiones, y por otro, la comandante de la Policía Nacional, quien sin desparpajo aseguró que los efectivos de la fuerza pública no ingresaron inmediatamente a la cárcel de Guayaquil por el nivel de violencia que se registraba en el lugar, y que recién a las 02h30 de la madrugada del sábado lo hicieron para “tratar de tomar el control”. ¿No se supone que los efectivos policiales están formados y preparados para enfrentar este tipo de situaciones?, ¿Nos están confirmando que la fuerza pública no tiene la capacidad para mantener el orden y la seguridad? El mensaje de la comandante Varela simplemente es inaudito.
Pero el problema no termina allí, la falta de pronunciamientos, la poca información y la tardía declaración del jefe de Estado se interpreta como un desinterés de la principal autoridad sobre este tema. Han tenido que pasar casi 72 horas desde que se presentó la masacre para que el presidente Lasso diga algo al respecto. No es justo que frente a un tema tan delicado, no se ofrezca una respuesta y explicaciónde lo que ocurre, de lo que se ha hecho, y lo que se hará para superar este problema.
Recién este lunes en horas de la tarde se ofreció una rueda de prensa con varios anuncios para enfrentar el caos en las cárceles, una declaración que la encabezó el presidente y en la que estuvieron los representantes de las distintas funciones del Estado, agrupados en el llamado “Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria”, ¿No se pudo coordinar una reacción así apenas se presentó la última crisis?, las autoridades han tardado en su respuesta.
Qué falta de solidaridad, de empatía, de respeto y hasta de humanidad, no solo con la ciudadanía y la opinión pública, sino -sobre todo- con aquellas personas que desesperadas, afligidas y extremadamente dolidas, llegan hasta los exteriores del centro carcelario para saber el destino de su ser querido, de su familiar, de aquella persona que tuvo la desdicha de llegar a prisión por un error en la vida, y donde posiblemente encontró la muerte.
Ecuador está una vez más en la mira del mundo, los medios de comunicación con asombro y morbo reportan a diario lo que sucede en las cárceles de nuestro país; organizaciones internacionales, sobre todo de DDHH, cuestionan el rol del Estado y la incapacidad de garantizar derechos básicos para aquellas personas, que a pesar de estar en prisión, siguen siendo seres humanos y por quienes se debe también ofrecer una protección; la comunidad internacional mira atónita como la inseguridad se apoderó de Ecuador y las estructuras delincuenciales simplemente superaron la institucionalidad.
El Ecuador requiere acciones inmediatas, serias, y que apunten a enfrentar el problema. De manera urgente se debe garantizar que este tipo de hecho no se repetirán, que el control se retomará en las cárceles y que el sistema de rehabilitación se someterá a una profunda transformación, que se convierta en un real sistema de rehabilitación social.
Inevitablemente se tendrá que establecer responsabilidades por las muertes causadas, no solo de estas últimas sino de las más de 300 registradas solo este 2021, alguien debe hacerse cargo por esos crímenes.
La responsabilidad incluye también el dejar de echarse la pelotita de una institución a otra y con firmeza y decisión poner en orden este tema que sigue desangrando al país de manera cruel e inhumana. (O)
