Por: Gabriel S. Galán Melo
La habitual tensión entre Ejecutivo y Legislativo nuevamente capta la atención de la ciudadanía en general. La confrontación entre el Presidente de la República, inepto e indolente, y la Asamblea Nacional, permanentemente errática y paupérrima, suma un capítulo más a la novela de la debacle institucional de nuestro país… quebrantamiento democrático que tristemente se ha normalizado: lo asimilamos como un proceso ordinario en el contexto de lo cotidiano. En este país ya nada sorprende y todo es posible…
Días atrás observamos, por ejemplo, como los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, posesionados luego de la destitución de los principales dispuesta por la Corte Constitucional, súbitamente, a través de una jugarreta política muy breve, encabezada por quienes han mantenido vínculos cercanos con los partidos políticos que conforman la mayoría actual en la Asamblea Nacional, designaron con particular urgencia al nuevo Presidente del Consejo de la Judicatura -el tercero en lo que va del año-; quien, de inmediato consolidó una nueva mayoría en el Pleno del Consejo y, decapitó y sustituyó la plana mayor institucional, en una clara manifestación de fuerza y apropiación de la institución en contra de aquellos que, tiempo atrás, hicieron lo mismo, a través de una mayoría percibida como cercana al gobierno nacional. Pese a las indiscutiblemente plausibles credenciales con las que llegó el Presidente de la Judicatura, que proviene de la carrera judicial, aquel anhelo de prudencia e independencia de la justicia que debería caracterizar a todos los órganos que conforman la Función Judicial, lamentablemente se han diluido en medio de la disputa entre el gobierno nacional y la mayoría legislativa, pues, la pelea vista en el Consejo de la Judicatura es simplemente la extensión de la que ya vimos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y en ambos casos, han sido los asambleístas quienes se han impuesto.
Y si lo ocurrido no es suficiente para desestabilizar la pobre percepción de nuestro país a ojos de propios y extraños, ahora la amenaza frontal de destitución entre sí, entre el presidente y los legisladores, pone de manifiesto lo deficiente del entramado constitucional adoptado en 2008. El modelo asumido ha fracasado. Ha fracasado porque los “innovadores” mecanismos introducidos en su texto que buscaban reparar los excesos de la década del 90, ahora son las herramientas perfectas de la desestabilidad institucional. La cura resultó peor que la enfermedad. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó el “Informe del Gran Padrino”, que concluye, en definitiva, que el Presidente es aparentemente responsable por un cúmulo de actos de corrupción en su gobierno y recomienda se proceda con el juicio político de conformidad con la Constitución y la ley. En estos días seguramente se presentará la solicitud respectiva e iniciará el proceso de enjuiciamiento político. Esta es la carta de la mayoría parlamentaria, liderada por la bancada correísta, para finiquitar la disputa irresoluble con el gobierno nacional: busca imponerse eliminando al adversario.
El gobierno, por su parte, tiene preparado el famoso decreto de muerte cruzada, no de ahora, sino desde hace meses cuando la asamblea buscó ya su destitución. El marco normativo vigente aventaja al Presidente de la República, que podría hacer uso de su escudo y daga constitucional para disolver el parlamento y salvar parcialmente su permanencia hasta su última bocanada de oxígeno, previa a su destitución. Y en este entramado de amenazas, uno y otro apuestan por un mismo comodín: la Corte Constitucional, la cual, respecto de asuntos político-institucionales, no es previsible. Basta observar, la designación reciente que hizo del Presidente Temporal del Consejo de la Judicatura que no duró en el ejercicio del cargo ni siquiera un mes.
Y si esto tampoco fuese suficiente para terminar con la ya pobre imagen del país. En medio de la pelea entre el oficialismo y el correísmo, ha aparecido, inhóspitamente, otro contendor dispuesto a golpear a los otros dos sumándose graciosamente a ellos mismo. Así nunca pierde, siempre está del lado de quien golpea: el indigenismo organizando en manos del señor Iza busca un pedazo en la disputa y reparto entre oficialistas y correístas, y está dispuesto a obtenerlo por la fuerza. De modo que, la estabilidad y futuro del país, en definitiva, están en manos de tres garroteros desenfrenados. Hoy, vivimos la política de la amenaza, no la del encuentro como se nos prometió. Necesitamos de una gran reconciliación nacional, pero aquello requiere de cesiones por el bien mayor. El problema es que los partícipes del conflicto creen que el bien mayor es el que cada uno de ellos quiere imponer al otro, sin ton ni son.
