La fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos y pidió la prisión preventiva por presunto delito de cohecho contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno y otras 36 personas.
La solicitud se realizó tras la instalación de la audiencia de formulación de cargos que se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a cargo del juez Luis Rojas.
En el denominado caso Sinohydro (antes conocido como Ina Papers), Salazar indicó que las personas señaladas pagaron y recibieron sobornos de la compañía china Sinohydro para obtener el contrato para la construcción de hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, durante el gobierno del entonces Presidente Rafael Correa.
Tras una exposición de más de cuatro horas, la fiscal mencionó como contexto de que Ecuador cuenta con entornos naturales favorables para la implementación de proyectos sostenibles.
Con ese antecedente, se consideró la posibilidad de construir hidroeléctricas. Fue así que el 31 de enero de 2008, el directorio de Conecel resolvió declarar de alta prioridad nacional al proyecto Coca-Codo Sinclair, en Napo.
De esta forma, un grupo de funcionarios, percibieron cuantiosas dádivas a cambio de contraprestaciones ilegales, entre 2009 y 2018.
Para este «entramado», la Fiscal explicó que el 25 de septiembre de 2008, se publicó la convocatoria de licitación, para la ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico.
El 13 de enero de 2009 se limitó la participación de varios oferentes, al condicionar la inclusión del financiamiento del proyecto: según las condiciones establecidas, el 85% del presupuesto lo asumiría el ofertante y el 15% restante sería responsabilidad de Ecuador.
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La obra estaba cifrada inicialmente en $ 1.679 millones. De esta manera, Salazar asegura que solo dos empresas se mantuvieron en el proceso, y una de estas fue Sinohydro.
«Siendo los amigos cercanos de Lenín Moreno, Conto Patiño y Xavier Macías, los que actuaban como representantes de esta última», destacó Salazar.
La Fiscal de la Nación detalló la modalidad con la cual se repartió el dinero. En primer lugar, se eligió a una de las empresas de Conto Patiño: Comercial Recorsa, con la que se realizó una «fachada empresarial» para que la firma fungiera como empresa acorde con las necesidades de la construcción.
De esta forma, Conto Patiño acudió al Banco Pichincha Panamá, y el 1 de julio de 2010 abrió una cuenta y notificó que recibiría un valor equivalente al 4% del proyecto de construcción de la hidroeléctrica.
Una vez abierta la cuenta, Recorsa habría recibido unos $ 76 millones de Sinohydro. Mientras que otros $ 400.000 llegaron en la cuenta de Recorsa, empresa espejo en Panamá.
Otros montos de sobornos que se habrían entregado fueron distribuidos así: $ 220 mil para Lenin Moreno y su esposa; $ 350 mil para Edwin Moreno (hermano); $ 10 mil para Guillermo Moreno (hermano); $ 50 mil para Irina Moreno (hija del expresidente). Así como $ 25 mil para las cuñadas.
Los participantes del presunto delito
La Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter detalló las personas que son señaladas en el caso Sinohydro:
Expresidente Moreno y su círculo familiar
Lenín Moreno
Judith G.
Irina M.
Guillermo M.
Edwin M.
Jacqueline V.
Martha G.
Personal que operó en Coca-Codo Sinclair
Luciano C.
María B.
Henrry G.
Francisco C.
Personal que operó en Sinohydro
Cai R.
Yang H.
Song D.
Wu Y.
Liu A.
Conto P. y Colaboradores
Conto P.
María P.
Xavier M.
Juan P.
Patricia P.
Manuel P.
Victoria P.
Juan D.
Francisco Ch.
Mauricio P.
Juan S.
Antonio S.
Rocío G.
Mercedes C.
José C.
Carlos A.
Ximena D.
Pablo A.
Mónica O.
Francisco E.
Pablo Z.
Lo que dice la ley
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla al delito de cohecho cuando los servidores públicos o las personas que actúen bajo una potestad estatal reciben o aceptan un beneficio económico indebido para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.
El cohecho se contempla en el artículo 280 y sanciona con prisión de uno a tres años.
No obstante, en caso de que se compruebe que el servidor público aceptó las dádivas, la sanción puede ser de hasta cinco años. Y si, en caso de identificarse que el acto sea para el cometimiento de más delitos, la prisión será de entre cinco y siete años. (I)
