El destituido presidente peruano Pedro Castillo fue llevado la noche del 7 de diciembre de 2022 al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
En dicho centro carcelario también se encuentra el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel.
Esto, luego de que el depuesto mandatario permaneciera varias horas detenido en la Prefectura de Lima.
El Comercio de Perú detalló que Castillo salió de la instalación en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac.
La agencia EFE informó que, desde ese punto, abordó un helicóptero hacia el penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial, ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes). El exmandatario salió esposado de la Prefectura de Lima.
La detención del ex alto funcionario se originó tras lo que la prensa local lo denominó como «suicidio político», luego de que Castillo dispusiera el cierre temporal del Congreso y ordenara las elecciones inmediatas de los miembros del Poder Legislativo.
Inmediatamente los parlamentarios, amparados en la Constitución, declararon vacante la Presidencia. Posteriormente, posesionaron a Dina Boluarte como la nueva mandataria peruana.
Reacciones inmediatas
La Organización de las Naciones Unidas de Perú emitió un pronunciamiento sobre la crisis de Perú.
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este jueves “todo intento de subvertir el orden democrático” en Perú, tras lo sucedido el miércoles, cuando el presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia en un movimiento fallido que terminó con su detención.
Guterres expresó su “preocupación” por la situación política en el país suramericano, y llamó “a las partes a respetar el Estado de derecho, así como a permanecer serenos y abstenerse de inflamar tensiones políticas”, en un comunicado emitido esta mañana.
El autogolpe anunciado por Pedro Castillo en la mañana del miércoles tuvo muy corto recorrido: horas después de hacerlo, el Congreso lo destituyó y acto seguido fue detenido por la Policía peruana.
Esa acción tuvo repercusiones dentro de los estamentos de justicia.
La Fiscalía de Perú confirmó que inició la búsqueda de pruebas en el Palacio de Gobierno.
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En esa línea, realizó operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente Pedro Castillo, al que investiga por rebelión y conspiración.
En su cuenta de Twitter, la entidad señaló que el objetivo de los operativos es “recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente” por la presunta comisión del delito de rebelión.
el fiscal adjunto supremo Marco Huamán es quien dirige la diligencia en el Palacio de Gobierno, “donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación”.
Hasta la sede presidencial, ubicada en el centro histórico de Lima, llegaron la fiscal General, Patricia Benavides, y la fiscal superior Marita Barreto.
Esta última coordina el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, acompañadas de varios agentes policiales. (I)
