Por: Gabriel Galán Melo
Los seres humanos somos animales de manada. No pertenecemos al reino vegetal ni al mineral. Y nuestra evolución o involución pende de nuestro entramado relacional. Aristóteles nos calificó como animales políticos. Por ello, naturalmente, buscamos organizarnos en pos de alcanzar fines colectivos mayores: el tan anhelado bien común.
En dicho proceso convinimos un orden: un compilado de normas de convivencia razonables que se imponen a todos los miembros de una comunidad política para garantizarles una convivencia armónica. Y más allá de la visión roussoniana o hobbesiana del ser humano, tales normas son el resultado de imponer restricciones legítimas a la libertad individual. Legitimidad asentada en la razonabilidad de las mismas, más allá del indicador atribuido para evidenciarla (la regla de mayoría en clave democrática o el test de razonabilidad en clave de constitucionalidad o convencionalidad).
Lamentablemente, en Ecuador este esquema útil se ha diluido completamente. Hemos restado torpemente el valor a las restricciones… al orden. Ponderamos in extremis la libertad individual: los derechos… en la medida en la que menospreciamos los límites. Hemos olvidado que necesitamos del Derecho -como cúmulo de reglas de convivencia armónica- para garantizarnos nuestros propios derechos -como facultades o prerrogativas del ejercicio de nuestras libertades-, porque, en palabras de Jean Paul Sartre, “mi libertad se termina donde empieza la de los demás” y la libertad de los otros termina, entonces, donde empieza la mía; de tal manera que, la armonía de la convivencia colectiva depende en realidad de la articulación ordenada de las múltiples parcelas de libertad individual debidamente delimitadas (restringidas).
De ahí que, la ausencia de reglas (límites) suficientes previstos en el orden jurídico -y no me refiero al número de leyes existentes sino al número de las que se cumplen ampliamente porque la comunidad política las percibe como legítimas- concluya en manifestaciones estructurales como el descalabro institucional en el que vivimos o en manifestaciones cotidianas como el irrespeto masificado del último carnaval en Salinas. Los ejemplos son múltiples, pero en todos ellos se aprecia la desidia de los individuos por el orden, escudados en el ejercicio y la defensa de sus supuestos derechos (libertades).
Hace poco veía con desasosiego estas manifestaciones, creyendo aun en la existencia de un orden incierto como consecuencia de la falta de previsibilidad de las reglas comunes de convivencia, dada la ilegitimidad con la que con regularidad actúan las instituciones que imponen tales reglas; sin embargo, hoy veo con frustrante certeza que, lo que impera en realidad es la ausencia de un orden mínimo, básico o elemental. Pese a que existen normas en abundancia, se perciben como irrazonables, por ello ilegítimas; y por eso, los miembros de la comunidad política muestran su indefectible tendencia a hacer lo que se les antoja asistidos, obviamente, en la defensa de su libertad individual. Sencillamente, ya no importa el otro. Solo existe una disputa por la imposición de mi necesidad, deseo o capricho y no, un proceso razonable de construcción por un consenso indispensable. Parece duro, pero es lo que hoy tenemos y vivimos…
