En los últimos años, la minería submarina ha emergido como una alternativa para satisfacer la creciente demanda global de minerales raros esenciales para la transición energética. Ecuador, un país con una vasta riqueza marina en el Pacífico, se encuentra en el centro de este debate. Pero, ¿estamos preparados para enfrentar los riesgos que esta actividad representa para nuestra biodiversidad marina?
La minería submarina promete acceder a recursos como el cobalto, el níquel y el manganeso, materiales imprescindibles para baterías y tecnologías limpias. Sin embargo, esta aparente solución tecnológica amenaza con destruir hábitats marinos únicos. Técnicos de la Fundación Charles Darwin, advierten que la extracción de nódulos polimetálicos y sulfuros masivos podría liberar sedimentos tóxicos y alterar ecosistemas en formas que aún no comprendemos del todo.
En Ecuador, el Ministerio de Energía ha señalado que estas reservas minerales podrían ser una oportunidad económica sin precedentes. Pero esta visión ignora la fragilidad de los ecosistemas marinos, que albergan especies aún desconocidas para la ciencia. Estudios publicados en Nature subrayan que las áreas ricas en minerales coinciden con regiones de alta biodiversidad.
El debate sobre la minería submarina no solo es ambiental, sino también ético. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) ya ha otorgado licencias de exploración en el Pacífico. Aunque Ecuador aún no opera en este ámbito, las empresas internacionales han puesto sus ojos en nuestras aguas. Esta presión externa, sumada a la falta de una regulación nacional específica, coloca a nuestro país en una posición vulnerable.
El marco legal ecuatoriano ofrece una base para resistir. La Constitución de 2008 reconoce los derechos de la naturaleza, un avance sin precedentes en el ámbito ambiental. En el Artículo 71, marcando un hito a nivel mundial al otorgar a la naturaleza el estatus de sujeto de derechos. Este artículo establece que «la naturaleza, o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos».
Esta disposición convierte a Ecuador en el primer país en consagrar constitucionalmente los derechos de la naturaleza, promoviendo un marco legal para su protección y estableciendo un modelo de desarrollo sostenible basado en el respeto al medio ambiente. Sin embargo, las ambigüedades legales sobre la minería submarina podrían ser aprovechadas por empresas extranjeras.
Además, las comunidades costeras, como las de Manabí y Esmeraldas, ya expresan su preocupación. Los pesqueros de zonas como de Jaramijó, advierten que la contaminación marina afectará no solo a la pesca artesanal, sino también al turismo, una actividad vital en estas regiones.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en 2023, Ecuador se unió a la Alianza Mundial por una Moratoria de la Minería Submarina. Este paso fue aplaudido, pero también plantea preguntas sobre la coherencia de las políticas nacionales. ¿Cómo puede un país apoyar una moratoria internacional mientras considera internamente esta actividad?
La minería submarina nos obliga a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que queremos. Las promesas de ingresos económicos inmediatos no deben cegarnos frente a los impactos a largo plazo. Un informe de Mongabay destaca que la destrucción de hábitats marinos podría ser irreparable, afectando no solo a la biodiversidad, sino también a las comunidades humanas que dependen del océano.
Los defensores de la minería argumentan que las tecnologías avanzadas pueden minimizar los impactos ambientales. Sin embargo, experiencias previas con otras industrias extractivas muestran que estas promesas suelen quedarse cortas. Empresas como DeepGreen han desarrollado maquinaria para reducir la perturbación del lecho marino, pero los expertos dudan de su eficacia real.
El problema también reside en la desigualdad de acceso a estos recursos. Mientras las potencias mundiales presionan para extraer minerales en nuestras aguas, los beneficios económicos probablemente no llegarán a las comunidades locales. Este desequilibrio perpetúa una dinámica de explotación que Ecuador debería cuestionar.
La minería submarina es un espejo de nuestra incapacidad para equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Mientras priorizamos el progreso tecnológico, estamos dejando de lado nuestra responsabilidad con el medio ambiente y las generaciones futuras.
Ecuador tiene la oportunidad de liderar un movimiento global que rechace esta forma de extracción. Las experiencias en las Galápagos demuestra que la conservación marina puede ser una fuente de ingresos sostenible, basada en el turismo responsable y la investigación científica.
Las instituciones científicas ecuatorianas, como el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar,) han demostrado capacidad para estudiar y proteger nuestros mares. En lugar de apostar por la minería submarina, deberíamos fortalecer estas iniciativas y buscar alternativas económicas que no comprometan nuestra biodiversidad.
La presión internacional para acceder a los recursos marinos no debe hacernos olvidar que nuestras aguas son patrimonio de todos los ecuatorianos. Permitir la minería submarina sería abrir la puerta a una explotación que solo beneficiará a unos pocos.
El compromiso del gobierno ecuatoriano con la Alianza por la Moratoria de la Minería Submarina debe ir más allá de las declaraciones. Necesitamos políticas claras que prohíban esta actividad hasta que se comprenda plenamente su impacto.
Además, la participación de la sociedad civil es crucial. Organizaciones como Oceana Ecuador han demostrado que la presión ciudadana puede influir en las decisiones políticas. (Mongabay)
El dilema de la minería submarina refleja una lucha mayor: la tensión entre un desarrollo económico rápido y la necesidad de un futuro sostenible. Ecuador tiene la posibilidad de ser un ejemplo para el mundo, demostrando que es posible proteger la naturaleza sin renunciar al progreso.
No debemos olvidar que nuestra relación con el océano define no solo nuestro presente, sino también el legado que dejaremos. ¿Queremos ser recordados como el país que destruyó sus ecosistemas marinos o como una nación que los defendió contra viento y marea?
La minería submarina es una oportunidad para cuestionarnos nuestras prioridades como sociedad. Frente a la promesa de riqueza inmediata, debemos optar por la prudencia y la responsabilidad. Nuestro océano no tiene voz, pero nosotros sí. Es momento de hablar en su defensa. (O)
