Un reporte oficial evidenció el bajo nivel de participación estatal en la publicación de información gubernamental accesible. De un total de 3.140 entidades públicas registradas en el país, apenas 99 instituciones integraron de forma activa la plataforma nacional.
Esta limitación en el acceso a la información pública coincidió con una baja tasa de renovación de los archivos. Tan solo el 22,02 % de los conjuntos de datos disponibles dentro de la plataforma registró actualizaciones en su contenido durante el último año.
Frente a esta coyuntura, una organización privada ejecutó una iniciativa orientada a capacitar a funcionarios estatales en la sistematización y resguardo de archivos digitales. El plan abarcó un proceso de cuatro años con intervenciones e instrucciones técnicas en 12 ciudades del territorio nacional.
Las actividades contaron con la participación directa de 2.670 personas en diferentes talleres sobre democratización de la información pública. Adicionalmente, el proyecto impulsó el desarrollo de 24 propuestas de innovación social surgidas desde agrupaciones comunitarias.
En el marco de la estrategia institucional, los técnicos lograron la publicación de 46 nuevos conjuntos de datos. A la par, diseñaron tres modelos de gestión de información junto a carteras de Estado para regular el manejo y la protección de sus archivos digitales.
El trabajo con la entidad encargada del ambiente y la energía reunió a 209 participantes dentro de seis talleres territoriales. Esas jornadas permitieron recopilar 163 aportes ciudadanos orientados a la creación de normativas sobre transparencia institucional.
Por su parte, la intervención en la cartera del interior facilitó la detección de 88 fuentes activas de información digital. Un total de 23 direcciones de esa dependencia trabajaron en la elaboración de un sistema informático unificado.
Los técnicos también aplicaron un plan piloto en el ministerio dedicado a la infraestructura y tecnología. La prueba se centró en mejorar la calidad de los archivos públicos, reforzar la seguridad informática e inculcar el correcto tratamiento de la información pública.
“Abrir datos no consiste únicamente en subir archivos: significa crear las condiciones para que puedan encontrarse, entenderse y utilizarse”, señaló Margarita Yépez Villareal, directora ejecutiva de Fundación Datalat.
En el ámbito educativo, las dinámicas incluyeron a 350 niños y adultos acompañantes en talleres sobre el rol de la información en el sistema democrático. Las jornadas buscaron explicar de forma sencilla el uso práctico de las herramientas digitales.
Asimismo, las capacitaciones sobre verificación de contenidos capacitaron a 70 docentes y 60 estudiantes universitarios. Los participantes aprendieron métodos prácticos de contraste de datos para combatir la desinformación en entornos digitales.
Las propuestas elaboradas buscaron dejar guías operativas aplicables a cualquier institución del Estado. El reto a futuro consiste en sostener el personal técnico capacitado y ampliar la publicación periódica de archivos oficiales para el control ciudadano. (I)
